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El colapso de la justicia correccional
Por Alfredo Vítolo Para La Nación
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LA Justicia Nacional en lo Correccional de la Capital Federal es la competente para investigar y juzgar los llamados delitos menores. De acuerdo con el artículo 27 del Código Procesal Penal de la Nación, le corresponde intervenir en los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y los reprimidos con penas cuyo máximo no exceda de tres años (lesiones, daños, homicidios culposos, calumnias e injurias, hurtos, etcétera), lo que representa el 65 por ciento del total de los delitos tipificados en el Código Penal y las leyes complementarias. Este fuero está colapsado y así lo reconocieron los propios jueces que hace poco tiempo visitaron el Consejo de la Magistratura, ante el cual plantearon las dificultades que encuentran para cumplir adecuadamente con sus obligaciones y la necesidad de arbitrar soluciones para superar la situación que los afecta.
Los 14 juzgados correccionales que tienen a su cargo la atención del enorme número de causas que actualmente se encuentran en trámite y las 3000 nuevas que ingresan por mes no son suficientes para la prestación de un adecuado servicio de justicia. La situación requiere soluciones inmediatas, ya que de prolongarse nos llevaría a una crisis terminal con privación del acceso a la jurisdicción para los justiciables.
Hasta el momento, son dos las alternativas que se han planteado para solucionar el problema: la creación de nuevos juzgados correccionales o la unificación en un solo fuero de la Justicia Correccional con la Criminal de Instrucción. En nuestro concepto, ambas soluciones son inconvenientes.
Las restricciones presupuestarias del Poder Judicial de la Nación impiden la creación de nuevos juzgados y el incremento de las causas sometidas a juzgamiento, que han crecido en un 1000 por ciento en los últimos 10 años, hacen imposible contar con una estructura adecuada a las necesidades de funcionamiento. Por otra parte, la unificación de las competencias entre los 14 juzgados correccionales y los 49 juzgados de instrucción, que están trabajando al límite de sus posibilidades, sólo serviría para tener dos fueros en crisis.
Creemos que ha llegado el momento de encarar el problema con responsabilidad y pensar en un desenlace posible y definitivo.
En nuestro concepto la mejor solución es la de transferir la Justicia Correccional a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese mecanismo permitiría alcanzar varios objetivos simultáneamente: el comienzo del traspaso a la ciudad de Buenos Aires de lo que constitucionalmente le corresponde: organizar una justicia correccional eficiente y unificar en una sola jurisdicción la competencia en todos los ilícitos que tienen características urbanas.
Cuando decimos que comenzaría a transferirse a la ciudad de Buenos Aires lo que le corresponde, hacemos mención a la cláusula 129 de la Constitución nacional, que le otorga a la ciudad de Buenos Aires un régimen autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, cláusula lamentablemente desnaturalizada por las llamadas leyes de garantías y que esperamos sean prontamente derogadas. Lo que antes podía aceptarse hasta tanto Buenos Aires tuviera Constitución propia y justicia organizada, resulta inadmisible ahora que la ciudad tiene su propia organización y un Poder Judicial funcionando.
Una sola jurisdicción
Cuando sostenemos que podríamos tener una justicia correccional eficiente, pensamos en la organización del fuero en la nueva jurisdicción con más juzgados, mejores instalaciones, mayor dotación de personal y un moderno régimen procesal, teniendo en cuenta las mayores posibilidades presupuestarias de la ciudad.
Cuando afirmamos que lo propuesto permite unificar en una sola jurisdicción el universo de los hechos ilícitos urbanos, nos referimos a la vinculación existente entre los delitos sujetos a la competencia correccional y las contravenciones y faltas, que ya tienen su propio ámbito de juzgamiento en la Capital.
Por supuesto, la transferencia del fuero correccional a la ciudad de Buenos Aires debe instrumentarse asignándose a la nueva jurisdicción los fondos que actualmente asigna a esta competencia el presupuesto del Poder Judicial de la Nación, creándose los mecanismos que aseguren la disponibilidad de esas partidas en los ejercicios y respetándose las condiciones de los magistrados y empleados, tanto en la estabilidad como en las jerarquías, las remuneraciones, el régimen jubilatorio y la obra social.
El procedimiento explicado en este artículo puede ser el punto de partida para una solución de la crisis que afecta a la justicia correccional y para el comienzo de una transferencia paulatina de la actual justicia nacional de la Capital al ámbito que constitucionalmente le corresponde. © La Nación
