El Congreso debe tomar la iniciativa

La marcha vertiginosa de los acontecimientos hace que el retiro del Congreso de la Ley ómnibus por parte del gobierno parezca un evento lejano, sin embargo las consecuencias siguen más vigentes que nunca. Para los que buscamos un cambio verdadero y sustentable en Argentina, la interrupción del proceso legislativo resultó una pérdida de oportunidad de rescatar de ese farragoso documento lo urgente, lo importante y lo potable.

No vale la pena ahora poner el foco en lo anecdótico de las negociaciones, acuerdos y desacuerdos, marchas, contramarchas y desautorizaciones a través de las cuales ese texto se redujo a la mitad, previo retiro prematuro de lo que era quizás, la parte más valiosa, el capítulo fiscal y previsional, pero sí es importante concentrarnos en las conclusiones que dejó ese proceso y en cuál es el camino por seguir a partir de aquí.

Para empezar, la experiencia puso en evidencia la desmedida intención del Ejecutivo de concentrar poder y delegación y avanzar mucho más allá de lo otorgado a ninguno de los anteriores gobiernos. Mirando en perspectiva, se percibió la actitud del gobierno de ir por todo o nada. Al final resultó nada. Gobiernos anteriores también hicieron uso de facultades delegadas, una práctica que no por habitual en la democracia argentina deja de resultar contraproducente. Su naturalización solo habla de lo mucho que hay que mejorar en nuestras instituciones, y sobre todo en la operatividad del Congreso Nacional, para que funcione con la agilidad y eficiencia de las democracias más avanzadas. Acelerar y simplificar el trámite legislativo y dar previsibilidad al tratamiento de las leyes fundamentales debería ser de máxima prioridad y eso requiere indudables reformas.

Otro detalle es que muchos vieron en las formas disruptivas de interacción entre poderes del Estado una provocación al poder Legislativo, pretendiendo un tratamiento apresurado del texto, en el tiempo más que corto de las sesiones extraordinarias. Determinar las expectativas del Ejecutivo ante esta estrategia si la hubo es complejo: ¿buscaba acaso una ilusoria aprobación completa e incondicional, aún con su presencia minoritaria en la Cámara de diputados? ¿o tal vez pretendía escudarse de un anticipado fracaso para poder luego responsabilizar al Congreso de obstruir las medidas necesarias para sacar el país adelante? No se sabe.

Lo que sí es evidente es la suerte de aversión presidencial por otros poderes que no sean el suyo. Esta actitud se puso una vez más de manifiesto en estos días en un evento desafortunado en que el Presidente, haciendo escaso honor a su investidura, calificó al Congreso como un “nido de ratas” y a aquellos que, con buena voluntad y soslayando las torpezas oficialistas, trataron de ayudar a la gobernabilidad, de traidores y basura.

Estas acciones reprochables están activando todas las alarmas entre ciudadanos comprometidos con la democracia, que rechazan firmemente cualquier inclinación autoritaria. Estas declaraciones de un presidente son especialmente problemáticas. La dignidad de un cargo público debe ir acompañada de una responsabilidad ineludible. Es importante subrayar que el compromiso con la “batalla cultural” requerida para cualquier cambio, no justifica escándalos, vulgaridad, ni falta de respeto, si lo que se busca es elevar a la sociedad en lugar de sumergirla en el lodo de la violencia e ignorancia. Las palabras tienen el poder de crear realidades peligrosas, razón por la cual ciudadanos honestos y lúcidos han mostrado un apoyo masivo hacia aquellos que han sido objeto de ataques.

La situación actual evidencia gran consenso sobre la necesidad de reformas, sin embargo, es poco probable que estas avancen “de prepo”. Cualquier enfoque unilateral y divisivo, que transforma en enemigos a aquellos que proponen alternativas para alcanzar objetivos similares, es contraproducente y obstruye cualquier real progreso.

Ante este panorama complejo vale la pena plantearnos qué nos queda por delante para que la innecesaria crisis institucional en curso tome un cauce de razonabilidad y permita la indispensable gobernabilidad por los próximos cuatro años.

Es fundamental que entendamos que la indulgencia sin reciprocidad hacia el gobierno, practicada por muchos líderes y ciudadanos bajo la creencia que si éste fracasa retornará indefectiblemente el kirchnerismo, solo agrava los problemas. Debemos esforzarnos por interpretar los riesgos de este tiempo de crisis de forma realista. Específicamente, aquellos en posiciones de liderazgo deben establecer límites claros, fomentar la razonabilidad y desarrollar alternativas constructivas y superadoras que trasciendan la falsa trampa dialéctica de la “solución única”, que lleva al país a un callejón sin salida.

Ante nosotros se despliega un camino evidente y crucial: el de dejar de lado las marcadas diferencias ideológicas, con la grandeza que ello requiere, para unir a los líderes políticos más capaces y honestos, aquellos que con mente abierta, con la consigna del bien común .

Y en este sentido, el Congreso debe tomar la iniciativa, impulsando activamente el diálogo entre sectores políticos, con un criterio federal. Esto implica construir mayorías parlamentarias inclusivas y proponer proyectos que contribuyan a mejorar y estabilizar la situación del país. Este enfoque exige un Congreso proactivo, que vaya más allá de simplemente responder a las iniciativas presentadas por el Ejecutivo. Una acción inmediata y esencial será, al inicio de las sesiones ordinarias en marzo, la rápida formación de todas las Comisiones, con una composición que refleje fielmente la voluntad popular que llevó a los legisladores a sus puestos.

A partir de allí, las medidas para revertir la crisis son bien conocidas. Pueden ser presentadas por los legisladores más respetados como proyectos con potencial de alcanzar alto grado de consenso. La visión de país detrás de esas propuestas es liberar el enorme potencial productivo y exportador argentino, sin penalizaciones y con gran respeto hacia todos los factores de prosperidad.

Yendo a lo inmediato, la prioridad es afrontar la emergencia en cuatro ejes: las medidas fiscales, la actualización de los haberes previsionales, la reforma laboral y las privatizaciones.

Las medidas fiscales tienen que ver con la moratoria para ayudar a la regularización de miles de pymes, el blanqueo de bienes en el exterior y en el país y la derogación de la demagógica quita del impuesto a las ganancias promovida en campaña por el ministro-candidato Massa, que se sabía, a todas luces, inviable.

El segundo eje es la derogación de la nefasta fórmula Fernández del índice de movilidad previsional en la ley 27.705, que ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones de 44,3% de enero a enero en el último año, y su reemplazo, no por decisiones discrecionales del Ejecutivo como pretendía la ley ómnibus, sino por un ajuste por índice de precios, respetando técnicamente los preceptos que emanan los fallos de la Corte Suprema. Con esto los jubilados dejarían de ser los eternos fusibles del ajuste y de la baja del déficit fiscal por la correspondiente licuación de sus haberes ante la inflación.

El tercero es un proyecto integral de reforma laboral que promueva el empleo registrado, desarticule la industria del juicio, elimine multas y castigos, y determine un régimen especial para pymes, de modo de crear las mejores oportunidades para su sustentabilidad y expansión.

Finalmente, un capítulo importante que se debe abordar es el de la privatización de empresas públicas ineficientes. Esto se debería llevar a cabo sin fundamentalismos y con total responsabilidad, distinguiendo lo estratégico de lo que no lo es. El tratamiento legislativo debe ser empresa por empresa, en vez de otorgar carta blanca para privatizar lo que sea, como pretendió de entrada la fallida Ley. Amerita un profundo estudio técnico respecto de la situación de cada empresa estatal, que aún no se ha completado y las condiciones de oferta, dando lugar también formas innovadoras de relacionamiento entre lo público y lo privado, que no necesariamente pasan la venta de las empresas. Argentina ha sufrido amargas experiencias con privatizaciones deficientes en el pasado, como sucedió con la de YPF, que finalmente derivó en fallos adversos que costarán al país 16 mil millones de dólares. No debe volver a suceder. Hoy por hoy se deberían estudiar otras posibilidades, entre ellas la transformación empresas mixtas y otros mecanismos que incorporen la eficiencia privada a la gestión de los bienes públicos.

Otros pilares claves incluyen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, esencial para asegurar su independencia, y la eliminación de regímenes especiales costosos y prebendarios, como el de Tierra del Fuego, que representan una carga económica imposible de afrontar para el país.

Más allá del ámbito legislativo y considerando las urgencias que vivimos, como un alarmante 57,4% de pobreza reportado en enero, el Ejecutivo debería actuar con extrema prudencia, especialmente en lo que respecta a la suspensión de fondos para comedores comunitarios, o quita de subsidios, al menos a corto plazo. También es crucial presentar el proyecto de Ley de Presupuesto anual, sin el cual el Estado funciona a ciegas. Paralelamente, se necesita establecer un pacto fiscal federal con los gobernadores, orientado a transformar las relaciones entre la nación y las provincias de un estado de conflicto constante a uno de mayor armonía y sensatez. Es difícil saber si todas estas acciones serán viables, pero sin dudas son, imprescindibles.

Con todo esto, es claro que llegó la hora del Congreso en trabajar en las soluciones que el país necesita. Aunque la Argentina posee un sistema político presidencialista, las herramientas legislativas están disponibles. Salvo algunos núcleos duros irreconciliables con posiciones que miran al pasado, todos reconocen que los tiempos han cambiado. Se percibe una conciencia generalizada, mayor responsabilidad y voluntad en muchos de trabajar por el futuro. Un hecho positivo que merece ser resaltado es que finalmente se logró la conformación de la Comisión Bicameral que revisará el cuestionado DNU 70, que acumula ya decenas de causas en la justicia en todo el país.

Es claro que a esta altura, la ciudadanía comprometida hace un llamado a sus representantes para intensificar sus esfuerzos y dedicarse en cooperación, sin descanso y sin delirios al bien común. El vigor demostrado con la ley ómnibus debe redoblarse y resplandecer con mayor fuerza en las próximas sesiones ordinarias del Congreso, marcando así un capítulo transformador en nuestra historia democrática.

Presidente de Iniciativa Republicana

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