El costo oculto de la corrupción

Jaime, De Vido, Néstor y Cristina Kirchner, Hotesur, Cristóbal López conforman el nuevo paisaje informativo de la Argentina judicial del año 2016. Los nombres no son originales y la información sólo parece ser novedosa para la justicia federal de la Argentina. Poco a poco asistimos a un espectáculo en el que los jueces y el público descubren esquemas masivos de sobreprecios, lavado de dinero, fuga de capitales y estafas al fisco.

En 1989 la Argentina llegó a su clímax inflacionario después de un lento proceso iniciado décadas atrás. Con una suba de 5000% en el índice de precios, el país registró la primera hiperinflación de su historia. La reacción a ese fenómeno llevó a la adopción de una rígida política monetaria, que a su vez terminó en hiperrecesión e hiperdesempleo. El nuevo fin de ciclo al que asiste hoy la sociedad es el del corrimiento del velo judicial que apañó la hipercorrupción kirchnerista. Si bien podemos como sociedad tener una noción cuantitativa de cuánto nos costó la hiperinflación o el hiperdesempleo, conocer cuánto nos costó la corrupción de los 12 años kirchneristas es algo más complejo de responder.

Medir la corrupción es una tarea difícil. Quienes están en la corrupción no la declaran. Que un país tenga muchos presos por diversos tipos de fraude no implica necesariamente que esa sociedad sea más corrupta que una sin presos en la que es muy probable que no falten corruptos sino justicia. Por ello, en general, para medir la corrupción de un país se utilizan los "índices de percepción de la corrupción", elaborados de manera subjetiva por distintas organizaciones de la sociedad civil. Tan subjetivos son los índices como las decisiones de inversión. Y como para recibir inversiones no sólo hace falta ser honesto sino parecerlo, la correlación entre los niveles de inversión de un país y la percepción que se tiene acerca de sus niveles de corrupción resulta elevadísima.

El economista italiano Paolo Mauro fue uno de los primeros en indagar acerca de la relación entre la percepción subjetiva de la corrupción y el crecimiento económico, y sus resultados publicados en 1995 fueron tan robustos como sorprendentes. A mayor corrupción, menor inversión, y por ende, menor crecimiento y mayor pobreza. El mecanismo es bastante obvio: la corrupción es percibida como un impuesto a la inversión, lo que disminuye el volumen de ésta y, como consecuencia, la capacidad de una sociedad de modernizarse, aumentar su producción y sus salarios.

La Argentina hoy obtiene un puntaje de 3,2 sobre 10 en el Índice de Transparencia Internacional; ocupa el lugar número 107 sobre 167 países evaluados. El país menos corrupto según este índice es Dinamarca, con una marca de 9,1. Y en la región, Uruguay y Chile son percibidos como los menos corruptos, con puntajes de 7,4 y 7, respectivamente. Por ejemplo, si la Argentina mejorase su índice de transparencia desde el 3,2 de 2015 hasta el 5,24 que obtenía durante el ¡menemismo! en 1995, se ubicaría hoy aproximadamente en la posición 50 del ranking, cerca de Hungría, Croacia o Eslovaquia y su ratio de inversión, en relación con el PBI, podría acercarse al 22% en vez del 17% actual.

La corrupción daña el crecimiento además por otras vías. Aparte de desalentar la inversión, genera una asignación ineficiente de recursos en la economía. Los políticos deciden mal cómo gastar, puesto que maximizan la corrupción en vez del bienestar general o el crecimiento económico. Si un político descubre que es fácil saquear los fondos públicos haciendo rutas (nótese que hacerlas no es lo mismo que terminarlas), seguramente se dedicará a ese negocio aun cuando tal vez la economía demandase la construcción de puertos o caños de fibra óptica. Así, una represa hidroeléctrica puede ser la número 50 de un ranking de costo-beneficio, pero será preferida a la opción número uno porque previamente los amigos compraron los campos a ser inundados o expropiados. Importar gas pagando sobreprecios siempre será preferido a normalizar los precios internos y bajar la dependencia de las importaciones. Los ejemplos de malas decisiones de política económica que se explican pensándolos como parte de la corrupción son innumerables.

En el año 2005 la Procuración del Tesoro de la Argentina analizó 15 causas que involucraban delitos de corrupción superiores a los 100.000 dólares y encontró que sólo en tres de ellas los sobreprecios eran inferiores al 100%. Si el gasto en inversión pública ejecutado por el gobierno nacional promedió entre 2007 y 2015 un nivel de 12.500 millones de dólares al año, ¿es razonable pensar que el sobreprecio promedio puede haber orillado un 20%? Si hubiera sido así, sólo sobrefacturando la inversión realizada por el gobierno nacional (sin las provincias ni los municipios) la corrupción en este rubro podría haber sumado 2500 millones de dólares al año. Y plata robada, plata haragana, dice un refrán, por lo que quien roba debe enterrar su botín por un tiempo o fugarlo al exterior. Ese dinero no crea crédito ni actividad en la Argentina, al menos en el corto plazo. No existe un proceso redistributivo proveniente del delito. Hay menos depósitos, menos crédito y menos inversión que la que habría en ausencia de ese fenómeno delictivo. También allí se crean las condiciones para un menor crecimiento.

La dolarización de portafolios promedió unos 10.000 millones de dólares al año entre 2007 y 2015. ¿Podrían haber sido esos 2500 millones de dólares hipotéticamente robados parte de esa salida? Es difícil saberlo, pero estamos muy probablemente en presencia de un fenómeno de impacto macroeconómico. La entrada al capital de YPF del Grupo Eskenazi, especialistas ellos en mercados regulados, llevó a que YPF debiera aumentar su pago de dividendos hasta niveles extravagantes -de 2800 millones de dólares, en 2008, y de unos 1200 millones al año, entre 2009 y 2011- para que así el nuevo grupo accionista pudiera pagar el préstamo tomado para comprar "su" participación accionaria en la compañía. Durante ese período, un 25% de la salida de capitales explicado por el giro de utilidades al exterior fue generado por la supuesta entrada de los Eskenazi a YPF. La corrupción también puede afectar el nivel de las reservas internacionales del Banco Central.

En 2001 una sociedad argentina muy enojada con los políticos abrazó la creencia de que convirtiendo en unicamerales las legislaturas provinciales sanearía las cuentas públicas y eliminaría el déficit fiscal. Recortar cien legisladores por provincia tal vez hubiera ayudado a acercar a la población a sus representantes, pero no hubiera alterado los números de la macroeconomía. Contrariamente, los indicios de que el costo de la corrupción ha sido enorme son cuantiosos. La Argentina podría haber crecido mucho más, ahorrado muchos fondos al año o alternativamente haber desarrollado una infraestructura de primer nivel internacional. En cambio, nos dedicamos a enterrar billetes, pagar rutas que no construimos y ahuyentar inversores espantados por el pobre respeto de la ley. Si en lo monetario nunca terminamos de aprender del todo las lecciones que nos dejaron la hiperinflación y la hiperrecesión, recién comenzamos a transitar el camino de descubrir y cuantificar la hipercorrupción. Sacar lecciones sólo vendrá después de ello.

Economista