El Covid-19 dejó al desnudo a la educación

Las políticas educativas ante el Covid-19 reflejan el contraste entre los sueños y deseos de superación de los niños con la injusticia y las trabas del sistema educativo, esto es, las condiciones de vocación, formación y enseñanza en las cuales se desempeñan maestros y docentes.

Esto último, en boca de Soledad Acuña, ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, fue polemizado, repudiado y politizado, no obstante encontrarse refrendado por la evaluación del Ministerio de Educación de la Nación en 2017 a 11.941 estudiantes avanzados de 464 institutos de formación docente en todo el territorio nacional; y ello en el ámbito del acuerdo de todas las jurisdicciones provinciales en el Consejo Federal de Educación.

Según el artículo 14 de nuestra Constitución, en la Argentina todos sus habitantes gozan del derecho de enseñar y aprender, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; actualmente en este caso, la ley de Educación Nacional 26.206 de 2006´ y sus mínimas modificatorias.

La adversidad mundial del Covid-19 en términos de duro dato vírico, precipitó un descalabro educativo sin precedentes, provocando desconcierto, perplejidades, deterioros, pérdidas y desafíos inéditos, tangibles e intangibles en términos de vínculos educativos, presencialidad, modalidades, contenidos, etc. Durante este año la pandemia desnudó incumplimientos constitucionales, limitaciones e insatisfacciones como lo frágil, vulnerable y anticuado de nuestro método, procedimiento o técnica educativa.

Rudolf von Ihering afirmó que "el interés es medida de la acción". En Educación, también. Sin relato, y si bien no se trata de gastar más en educación sino de invertir asertivamente para lograr competitividad y productividad cooperativa en la economía del conocimiento, será justicia recordar que durante la interrumpida presidencia de Arturo Illia (1963-1966), según el Producto Bruto Interno de entonces, se realizó la inversión en educación más alta de la historia argentina, (esto es lo que gasta en educación el Estado de sus ingresos sobre el valor de la riqueza que genera un país en un año por todos sus agentes económicos; empresas, consumidores y Estado).

¿Cómo puede quedar nuestra Carta Magna ante una trágica realidad educativa que niega traducir derechos y garantías en capacidades efectivas, no obstante la importancia y trascendencia del principio de solidaridad como elemento esencial, estructurante e inspirador de la nueva supremacía constitucional?

Ciertamente la respuesta es más que reprochable, dado que los efectos perversos como los costos de tan inaceptables y desquiciantes procrastinaciones constitucionales, son fácilmente observables en los índices pavorosos alcanzados por el analfabetismo, la desnutrición, la desocupación, la violencia y el desencuentro social, el narcotráfico y una angustiante inseguridad, todos los cuales, injustamente, nos privan de bien común para un buen vivir.

Tales costos se reflejan fundamental e inquietantemente tanto en capital humano conformado por la calidad de la población en educación, salud y nutrición, como en un determinante capital social entendido como la talla del acervo en valores, cultura, grado de madurez institucional, género, inclusión, sólidas redes de cooperación internas, responsables organizaciones sociales y civiles, fraternidad, reciprocidad de perspectivas, conciencia ambiental, etc.

Ante tanta languidez educativa acentuada por la pandemia del coronavirus, nos apremia e implica una reconstrucción educativa entendida no solo como reparación de un sistema gravemente deteriorado sino como ampliación, fortalecimiento, ductilidad y modernización del mismo, reivindicando identidad e idiosincrasia nacional mediante un profundo replanteo del paradigma pedagógico conocido, porque, al fin y al cabo, "el hombre no es más que lo que la educación hace de él", (Inmanuel Kant, 1724-1804).

Para el papa Francisco, "implicar e implicarnos supone trabajar por dar a los niños y jóvenes la posibilidad de ver este mundo que les dejamos en herencia con un ojo crítico, capaz de entender los problemas en el ámbito de la economía, la política, el crecimiento y el progreso, y de plantear soluciones que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral".

Cuando empezamos a dejar atrás un ciclo escolar para el olvido y la frustración, sin excusas, eufemismos ni demora deberían asignarse o reasignarse recursos necesarios y suficientes para implementar estrategias creativas e innovadoras que finalmente nos garanticen a todos una educación de calidad fundada en dinámicas que la impulsen a la excelencia.

Por último, queda clara la urgencia para que las autoridades pertinentes acompañen con las medidas y los recursos necesarios, las investigaciones requeridas para definir cómo hacerlo.

Experto CoNEAU en Cooperativismo, investigador y docente universitario