El deseo de Alberto: ajustar a los pobres sin que se note

Victoria Tolosa Paz y Eduardo Belliboni coinciden en que reabrir fábricas es la única forma de crear puestos de trabajo. No debería sorprender que la candidata del Frente de Todos y el líder de los piqueteros opositores propongan soluciones similares al desempleo. Lo más probable es que sea el resultado de haber partido de la misma premisa. Para levantar persianas, como propone Tolosa Paz, es preciso corregir los desequilibrios de la macroeconomía. Y para hacerlo, parece inevitable aplicar recortes al gasto social. Representa el 62,5 por ciento del presupuesto y más del 12 por ciento del PBI. Martín Guzmán prefiere referirse a la necesidad de reducir el déficit. Algo que intentó el primer semestre rebanándole casi dos puntos a los fondos previstos para jubilaciones y de atención al Covid sobre un total de más de 50 mil millones de dólares asignados este año.

Anteayer el Gobierno autorizó una suba del 40 por ciento al presupuesto del ministerio de Desarrollo Social. Cerca de 100 mil millones de pesos. Un monto casi cinco veces superior a la brecha que intentó achicar el ministro de Economía. La forma de empoderar a Juan Zabaleta que utilizó Alberto Fernández alude a la complejidad de la misión que le asignó, poner bajo control el poder construido por Emilio Pérsico en la gestión de Daniel Arroyo. El secretario de Articulación Social fue el que más resistió la llegada de Zabaleta con la consigna de transformar los planes en empleo efectivo. La hipérbole que suplanta a la de Guzmán para disimular que el problema es otro.

Los piqueteros se emanciparon gradualmente del Estado gracias a los subsidios que reciben desde 2009 y que les permitió lograr un grado de autonomía tan significativo como para exigir tener una representación en su funcionamiento. Desde ese lugar disputan la asistencia de la pobreza estructural en las periferias marginales con los intendentes. Pérsico siente amenazada esa conquista. Percibe a Zabaleta como un delegado de ellos y por eso como una ruptura de aparentes equilibrios. Otra hipérbole, pero que vuelve significativo el pago iniciado ayer a los 100 mil beneficiarios que ingresaron en junio al plan “Potenciar trabajo.” Si bien ese reclamo motorizó la protesta del Polo Obrero (PO) el 18 de agosto, al menos el 60 por ciento de ellos pertenece a las filas del Movimiento Evita y del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE). Pérsico es uno de los jefes del Movimiento Evita. Juan Grabois es el del MTE.

El Gobierno debatió este fin de semana ese asunto. Sobre todo luego de la denuncia en la Justicia Federal presentada por el fiscal Guillermo Marijuán para que investigue al PO y a la ORC (Organización Revolucionaria Clasista) luego de las imágenes difundidas de esa protesta, donde algunas personas aseguraron asistir bajo la amenaza de perder ese beneficio. Lo curioso es que los testimonios involucran solo a la ORC. El PO es la mayor organización piquetera opuesta al gobierno.

La Casa Rosada puso distancia de Marijuán, a quien se le atribuye una relación estrecha con Sergio Massa. El titular de la Cámara de Diputados comparte la necesidad de convertir en empleo a los planes. Una posición adelantada por Andrés “El Cuervo” Larroque antes que asuma Zabaleta. Tal vez con la expectativa de ocupar ese lugar. Lo incierto del resultado en esa disputa habría incidido para que Máximo Kirchner no avale ese deseo. Conjeturas. Tal vez inspirada en la tirria de La Cámpora con las organizaciones sociales. Pero especialmente con el Movimiento Evita. Junto a Grabois, Daniel Menéndez, de Somos, y Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), firmantes de una paz social ligada a la sanción de la Ley de Emergencia en el gobierno de Mauricio Macri. La ORC es fruto de ese convenio: pese a tener actividad en Moreno y en Morón, abjura de la política y de los partidos. ¿Le habrá avisado alguien a Marijuán? Hasta ayer no había novedades sobre avances en su denuncia.

La bonanza de las organizaciones oficialistas es atribuida a ese acuerdo de paz. Los planes se duplicaron con Macri. Lo mismo que con Fernández en sus primeros dos años de gestión. Son casi un millón. La consecuencia de una economía que no crece. El presidente sabe que el ajuste es inevitable. El problema es que no quiere que se note. ¿Podrá Zabaleta resolver esa contradicción?

El pago a los beneficiarios de los planes pactados por los piqueteros con Arroyo le daría una tregua que podría consolidarse la semana próxima, cuando tal vez reciba al PO de Belliboni. En septiembre está previsto que el Ministerio de Trabajo convoque al Consejo del Salario, Mínimo Vital y Móvil para discutir su valor, del que dependen los planes sociales: equivale al 50 por ciento de ese haber. Su incremento es otro reclamo de los piqueteros trotskistas.

La trama electoral de este conflicto político podría complicar a Zabaleta. Sobre todo por la brevedad de los plazos. Las PASO tendrán lugar el 12 de septiembre. Faltan apenas tres semanas. Los piqueteros vieron disminuida su representación en las listas del Frente de Todos. Solo consiguieron ubicar a Daniel Menéndez que ocupa el décimosexto lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Pero además, la Junta Electoral del oficialismo vetó la posibilidad de que compitan por cargos locales con los intendentes. La medida que podrían adoptar sería más importante que la represalia contra Fernando Espinoza. Los piqueteros se movilizaron el 26 de julio para boicotear el recordatorio de la muerte de Eva Perón que organizó el intendente de La Matanza. El 24 venció el plazo para la presentación de listas.

La que presentó el Movimiento Evita estaba encabezada por Daniel Dauría e integrada, entre otros por el delegado local de la Uocra, Heraldo Cayuqueo. Alderete era el primer suplente de la lista. El jefe de la CCC tiene mandato como diputado nacional hasta 2023. Su presencia era simbólica. Es el garante de la sólida alianza entre los piqueteros y el intendente que controla el mayor distrito electoral en la provincia de Buenos Aires.

Un caso similar al de Dauría. Propietario de la casa de sepelios más importante de La Matanza. Pero además, el principal proveedor de servicios fúnebres al Estado Municipal. Algunas versiones insisten en que los piqueteros impulsarían el corte de boletas para cargos municipales en las primarias.

Esas supuestas expresiones de malestar provocan confusiones. Hace unas semanas Pérsico compartió un almuerzo con Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE Sur en un comedor social que ese sindicato tiene en Ezeiza. Godoy le habría solicitado ayuda para acceder a planes de trabajo. Pérsico le habría respondido que la única manera de obtenerlos era movilizándose como lo hace el PO.

Entre los intendentes del conurbano se atribuye a sectores vinculados con ATE Sur haber participado en los incidentes frente al Palacio Municipal de Lomas de Zamora, donde un reclamo por asistencia alimentaria y planes de trabajo derivaron en incidentes violentos. La especulación de los jefes comunales es que esa agitación fue promovida por el Movimiento Evita. El Municipio de Lomas pactó la entrega de planes vinculados a trabajos que lleva adelante la empresa Aysa.

Una experiencia que podría anticipar la complejidad de practicar un ajuste a la pobreza e intentar que no se note.