El enigma de la profanación

Decenas de pistas falsas sembradas, pactos de silencio, asesinatos de varias personas involucradas en la causa judicial hicieron posible que la profanación de la tumba del general Juan Domingo Perón quedara impune. No obstante, desde que en septiembre de 1994 el juez de Instrucción Alberto Baños volvió a decretar el secreto del sumario en la causa 54248 y reanudó la pesquisa para tratar de encontrar a los responsables del hecho, ocurrido en junio de 1987 en el cementerio de la Chacarita, el magistrado reunió suficientes testimonios y pruebas para determinar que el robo de las manos de Perón fue impulsado por una cuestión política y que fue perpetrado por agentes de inteligencia pertenecientes a una fuerza militar, según afirmó a LA NACION una importante fuente de la investigación. Esta es la pista más firme que quedó en pie 17 años después de la profanación.

Así, quedó descartada la hipótesis del móvil económico, que indicaba que las manos del ex presidente fueron mutiladas para poder acceder a las cuentas secretas que poseía en Suiza. También se desechó la tesis que indicaba que el anillo que Perón llevaba en una mano contenía una combinación alfanumérica que permitía abrir la caja de seguridad de un banco helvético.

En enero de 1995, debido al hallazgo de un juego de llaves de la bóveda en la comisaría 29», el magistrado realizó procedimientos en el cementerio de la Chacarita para establecer si se produjo una nueva profanación de la tumba. La investigación encarada por el juez Baños también descartó la hipótesis esóterica, relacionada con las supuestas actividades espiritistas que habría desarrollado el ex ministro de Bienestar Social de la Nación, José López Rega.

Según consta en la causa, la hipótesis del móvil político fue refirmada por Facundo Suárez, quien se desempeñaba como jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) durante el gobierno encabezado por el presidente Raúl Alfonsín. Suárez declaró ante el juez Baños que Alfonsín le encargó que colaborara con la Policía Federal en la investigación de la profanación de la tumba de Perón y que llegó a la conclusión de que el hecho fue cometido para crear un estado de confusión y conmoción social con el fin de perjudicar a las instituciones democráticas. La maniobra también pretendía desprestigiar al partido gobernante, la Unión Cívica Radical, y a la principal fuerza opositora, el partido Justicialista, que debían enfrentarse en las elecciones de septiembre de 1987.

La pista del móvil político que investigó Baños tiene otra arista que apunta a una interna entre quienes, en 1987, aparecían como los principales referentes del justicialismo con el fin de ganar terreno en la carrera por el liderazgo para las elecciones presidenciales de 1989.

Curiosamente, ninguno de los funcionarios que estuvieron al frente del ministerio del Interior durante la década en la que Carlos Menem fue presidente de la Nación se acercaron al juez para ofrecer su colaboración y medios para tratar de resolver el misterio sobre el robo cuando éste reabrió la causa.

La misma actitud tuvieron los ministros de Justicia menemistas.

Si bien la profanación de la tumba de Perón fue denunciada el 29 de junio de 1987, el caudillo justicialista Vicente Leónidas Saadi se había enterado tres días antes. El ex gobernador y ex senador catamarqueño recibió una carta firmada por "Hermes IAI y los 13", en la que exigía el pago de 8.000.000 de dólares por el rescate de las manos, el anillo y el sable del general Perón. A dicha misiva se había adjuntado la mitad de una hoja en la que Isabel Martínez de Perón le escribió un poema a su esposo y que había sido colocada en un marco, arriba del féretro. Saúl Ubaldini, entonces secretario general de la CGT, recibió una carta similar y la otra mitad de la hoja con el poema.

Los peritajes caligráficos demostraron que se trataba de la carta original redactada por la viuda de Perón que, antes de escribirla, había decidido dejar de firmar como María Estela Martínez de Perón por la rúbrica de María Estela de Perón, algo que sólo los integrantes del entorno conocían.

Jaime Far Suau fue el primer juez de la causa. Junto con el comisario Carlos Zunino, jefe de la comisaría 29», con jurisdicción en el cementerio de la Chacarita, viajó a Madrid para entrevistarse con la viuda de Perón. Los detalles de esa charla fueron volcados en una carpeta negra que desapareció poco después de la muerte del magistrado. Far Suau murió en noviembre de 1989, cuando el Ford Sierra que manejaba de regreso a Buenos Aires volcó en plena recta a pocos kilómetros de Coronel Dorrego. Para el juez de Bahía Blanca que investigó el episodio, no fue un accidente.

Mientras que el comisario Zunino salvó su vida de milagro cuando el balazo que le dispararon a la cabeza se partió en dos, otro de los funcionarios que más sabía del caso, el comisario general Juan Angel Pirker, jefe de la Policía Federal, murió de un ataque de asma en su despacho. La cadena de muertes relacionadas con el caso involucra a dos testigos. El cuidador del cementerio Paulino Lavagna falleció poco después de haber denunciado que lo querían matar. En el certificado de defunción, se dejó constancia de que la muerte había sido causada por un paro cardiorrespiratorio no traumático. La autopsia ordenada por Far Suau determinó que Lavagna había muerto a causa de una golpiza.

María del Carmen Melo, una mujer que llevaba flores a la tumba de Perón, murió de una hemorragia cerebral causada por una golpiza, días después de intentar hablar con uno de los investigadores para tratar de aportar la descripción de un sospechoso que vio cerca de la bóveda.

El féretro de Perón estaba depositado en el subsuelo de la bóveda, protegido por un vidrio blindado de siete centímetros de espesor que tenía un marco de acero rectangular, con cuatro cerraduras que se abrían con tres llaves cada una. Además, la tapa de madera del féretro estaba cubierta con una plancha de metal. Cuando Far Suau y los policías revisaron la bóveda, hallaron una perforación irregular de 15 centímetros de diámetro en el vidrio blindado y la plancha de metal que había sido doblada hacia afuera.

Tanto Baños como su antecesor, Far Suau, y también los investigadores, coincidieron en que los profanadores contaban con las doce llaves del vidrio blindado, que el cadáver del ex Presidente fue mutilado con el cajón fuera del estante y que el vidrio fue perforado para sembrar una pista falsa. Tal conclusión se fundó, además, en que los diez centímetros que separan el techo del estante de la tapa del féretro no alcanzan para realizar las maniobras para cortar las manos. Por último, los investigadores del caso resaltaron que las cartas enviadas para pedir rescate por las manos de Perón contenían terminología utilizada por las fuerzas de seguridad.