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El escándalo YPF y la doctrina de las deudas odiosas
Deudas odiosas es una doctrina jurídica que sostiene que las deudas contraídas por regímenes dictatoriales o represivos sin el consentimiento de la población y para fines que no benefician al estado no son responsabilidad del pueblo o del gobierno sucesor. Esta doctrina se aplica también a los casos en que los fondos se hayan utilizado en el enriquecimiento de los gobernantes, y sostiene el concepto de que las deudas contraídas de manera ilegítima no deben ser pagadas por la población que no recibió beneficios de las mismas.
Entre las características que definen como “odiosa” una deuda están los fines no beneficiosos: las deudas se utilizan para fines que no benefician al estado o a la población, como la represión, la corrupción o el enriquecimiento personal de los gobernantes. Y su ilegitimidad: las deudas son consideradas ilegítimas porque se contraen se manera contraria a los intereses del estado y de la población.
Un caso que dio lugar a esta doctrina de las Deudas Odiosas fue el de las deudas contraídas por el gobierno de Costa Rica durante la presidencia del genera Federico Tinoco Granados, quien llego al gobierno por un golpe de estado y expulsado del poder por la misma vía. Tinoco contrajo empréstitos en Londres para financiar su ejército y al ser derrocado huyó del país con parte de los fondos del préstamo. La negativa del nuevo gobierno dio lugar a la causa “Great Britain y Costa Rica”.
La Corte Suprema de los Estados Unidos actuó como árbitro y aplicó la doctrina de deudas odiosas en la que señala la responsabilidad de los acreedores por no haber verificado la legitimidad de las deudas antes de conceder los préstamos.
Este fallo fue dictado por la Corte Suprema presidida por William Howard Taft. Fue el décimo presidente de la Corte, cargo que ocupó entre 1921 y 1930. Con anterioridad presidió los Estados Unidos entre 1909 y 1913 (fue el número veintisiete) y como candidato del partido republicano, sucediendo a Theodore Roosevelt.
Este precedente de la Corte Suprema de los Estados Unidos debería ser tenido en cuenta por la defensa que debe encarar el gobierno nacional en el juicio de los reclamantes por la estatización de YPF y el escándalo de ingreso de la familia Eskenazi y que recientemente en una columna en este diario planteó con solvencia el doctor Enrique Bruchou. La propuesta que recomienda en esa nota de pedir la intervención de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es el camino que queda -más vale tarde que nunca- para evitar que el pueblo argentino soporte una nueva carga, fruto de la corrupción Kirchnerista y la ineficiencia e ineptitud de otros, que nos condena a paga 16 mil millones de dólares.
El informe de la UIF cuando ese organismo estuvo manejado con independencia y transparencia con personas de la idoneidad de Mariano Federici y María Eugenia Talerico, es terminante, como la denuncia que oportunamente hizo la doctora Elisa Carrió. Denuncia que el juez Ariel Lijo tiene en los cajones de su despacho desde hace más de diez años. Más que su postulación, por suerte para la república frustrada, acredita el juicio político.
La adquisición del 15% de las acciones de Repsol por los Eskenazi, y tiempo después de un 10% adicional, sin un peso y financiado por los dividendos de la propia empresa, que como costo adicional llevó a reducir a casi cero las inversiones afectando la producción a punto que recién ahora nos estamos acercando a los niveles de producción de 1998, no tiene registro en la vida empresaria del mundo y en el sector público solo puede compararse con esos estados patrimonialistas como la Nicaragua de los Somoza y los Ortega o la Venezuela de Chávez y Maduro.
Mal podía tenerse en cuenta el informe lapidario de la UIF cuando el gobierno de Alberto Fernández designó procurador del Tesoro a Carlos Zannini, secretario legal y técnico cuando se orquestó el plan corrupto de Néstor Kirchner con la familia Ezkenazi, accionistas mayoritarios del Banco de Santa Cruz. Zannini ingresó al directorio del Banco de Santa Cruz luego de la derrota de la fórmula presidencial que integraba con el secretario de Deportes de este gobierno, Daniel Scioli, en 2015, permaneciendo en ese cargo hasta 2019.
El gobierno debe actuar ya, también, en la causa que está paralizada en el juzgado a cargo de Lijo. No ha sido conveniente que en la Procuración el gobierno hay designado a abogados vinculados con los fondos que demandan al estado argentino.
El país afronta numerosas demandas, algunas ya concluidas, como el juicio por otra estatización instrumentada con escaso profesionalismo como fue la de Aerolíneas, o las causas de bonistas afectados por la manipulación del Indec, esas y otras ya superan los cuarenta mil millones de dólares.
Ese es el resultado de la corrupción, como el caso YPF, el más escandaloso de nuestra historia y uno de los mayores del mundo , y otros, como el citado de Aerolíneas, por la falta de idoneidad para implementar medidas, porque más allá del debate sobre el rol del estado, se requiere que actúen funcionarios profesionales que sepan manejar conflictos y controversias contractuales.
Un gobierno que desacreditó el concepto del mérito no podía obtener mejores resultados.
Ahora, como recomienda el Dr. Bruchou, es el momento de actuar sin demora demostrando con las pruebas existentes como una familia usó el gobierno para apropiarse de una de las empresas más grandes de la Argentina.
No hacerlo es mostrar complicidad. La doctrina de “Las deudas odiosas” abre una posibilidad de encontrar la solución a esta herencia perversa que ha llevado por indefensión a un fallo que cuesta 16 mil millones de dólares a los argentinos.
