El FBI, una historia de operaciones secretas
En Enemigos (Debate), Tim Weiner, periodista de The New York Times, indaga en el polémico historial de la agencia norteamericana. Aquí, un fragmento
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El 28 de abril de 2009, el presidente Barack Obama acudió al Edificio Hoo ver con motivo de la celebración oficial del centenario del FBI. Una multitud de empleados y secretarias empezó a congregarse en el patio central de la fortaleza de hormigón de la Oficina. La élite del FBI, luciendo sus insignias de oro, salió al patio junto con Obama. La centenaria bandera, ligeramente ladeada, colgaba del muro trasero.
"En 1908 había solo 34 agentes especiales que respondían ante el fi scal general de Theodore Roosevelt. Hoy hay más de 30.000 hombres y mujeres trabajando para el FBI -empezó diciendo el presidente-. Han cambiado muchas cosas en los últimos cien años -añadió, desplegando todo su encanto-. Demos gracias a Dios por el cambio." La multitud estalló en aplausos.
"También sé que algunas cosas han permanecido constantes -dijo el presidente, en un tono más comedido-. El imperio de la ley, que es el fundamento sobre el que se construyó Estados Unidos. Ese es el propósito que siempre ha guiado nuestro poder. Y es por eso por lo que debemos rechazar siempre como falsa la disyuntiva entre nuestra seguridad y nuestros ideales."
Obama había alcanzado la madurez como adalid de las libertades civiles y el derecho constitucional. Una vez en el Despacho Oval, adoptó una línea más dura de la que había proclamado en público, y sus decisiones sobre antiterrorismo a veces asombraban a sus partidarios. Decidió dar caza y liquidar a Al-Qaeda en Afganistán y Pakistán. Asimismo, Estados Unidos extendió su lucha a miles de personas adheridas al credo de la jihad. Guiado por el imperativo de prevenir un nuevo ataque, Obama había ido más allá que sus predecesores a la hora de solucionar los rompecabezas del antiterrorismo. Era el primer presidente desde el final de la Guerra Fría que coordinaba los poderes militares y de inteligencia de Estados Unidos formando unas fuerzas letales guiadas por reglas claras y precisas.
Bajo la administración de Obama, la CIA y el Pentágono eliminaron a cientos de presuntos terroristas, y a veces también a civiles, con una incesante lluvia de cohetes disparados por aviones no tripulados sobre Afganistán y Pakistán. Mientras los comandos estadounidenses mataban a Osama ben Laden y a otros líderes de Al-Qaeda, el Departamento de Estado utilizaba su capacidad de presión diplomática para obtener la cooperación de muchos de los países islámicos, ayudado en ello por las revueltas de la primavera árabe, desencadenada por diversas rebeliones contra dictadores en favor de la democracia. Para mantener la ley y el orden en la guerra contra el terrorismo, Obama dio al FBI el control sobre los presos más duros de Al-Qaeda, los denominados "detenidos de alto valor", confiando a Robert Mueller y a sus agentes la tarea de detener e interrogar a los terroristas sin violar las leyes y libertades estadounidenses.
Ahora el FBI formaba parte de una creciente red global de sistemas de seguridad nacional interrelacionados, conectados a su vez a una red de información secreta compartida entre policías y espías de todo Estados Unidos y del resto del mundo. La Oficina atrapaba a más sospechosos con un mayor número de operaciones, que además eran más sofisticadas. A veces operaba en los límites de la ley, y posiblemente los excedía, a la hora de vigilar a miles de estadounidenses que se oponían al gobierno con palabras y pensamientos, no con obras o complots. Pero también utilizaba un magnífico trabajo de inteligencia en casos como, por ejemplo, la detención de Nayibullah Zazi, un inmigrante afgano aliado con Al-Qaeda que fue llevado ante un tribunal federal de Nueva York, donde se declaró culpable de conspirar para poner una bomba en el metro al acercarse el décimo aniversario del 11-S. En octubre de 2011, otro terrorista inspirado en Al-Qaeda, Umar Farouk Abdulmutallab, se declaró culpable de intentar destruir un avión de la compañía Delta con 278 pasajeros a bordo sobre Detroit el día de Nochebuena. Llevaba los explosivos escondidos en su ropa interior.
El juez federal le preguntó si sabía que había violado la ley. "Sí, la ley de EE.UU.", respondió. Los casos eran la prueba de que los presuntos terroristas podían ser juzgados y condenados en tribunales estadounidenses conforme a la ley, sin tribunales militares o confesiones extraídas por medio de la tortura en cárceles secretas.
En el frente interno, los estadounidenses se habían habituado al ojo vigilante de las cámaras de circuito cerrado, las manos enguantadas de los agentes de seguridad en los aeropuertos, y a ver a un montón de policías y soldados de la Guardia Nacional en uniforme de combate. Muchos estaban dispuestos a renunciar a libertades de buen grado a cambio de la promesa de seguridad. No podían llegar a amar al Gran Hermano, pero sabían que ahora formaba parte de la familia. Hubo, sin embargo, un signo de que el imperio de la ley constitucional podía regir el antiterrorismo en los años venideros. El 7 de noviembre de 2011 surgió una nueva serie de directrices para las investigaciones de inteligencia del FBI. Llegaban tras una década de lucha en torno a cómo utilizar los inmensos poderes otorgados a la Oficina en la guerra contra el terrorismo, y después de tres años tratando de reparar el daño causado durante la administración de Bush en nombre de la seguridad nacional.
Las nuevas reglas del FBI establecían límites legales concretos a los registros e incautaciones, escuchas telefónicas y micrófonos ocultos, extracción de datos y vigilancia electrónica, e interceptación y rastreo de correos electrónicos y teléfonos móviles, en el marco de operaciones de inteligencia. El manual, de 460 páginas y publicado con significativas tachaduras, parecía algo nuevo en el siglo xxi. Daba la impresión de que el gobierno de Estados Unidos estaba intentando equilibrar, de buena fe, libertad y seguridad.

