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El gobierno comenzó a perder la batalla moral
“La raíz del problema argentino no es político y/o económico. Es moral”, decía Javier Milei a poco de asumir como presidente de la nación en un posteo desde su cuenta de X. El entonces flamante movimiento libertario sabía que hablar de moral, después de décadas de corrupción comprobada, le sumaba mucho al proyecto político y así, día a día, fueron redoblando la apuesta. Fue el mismo Milei quien anticipó este año que en su gobierno “la moral es una política de estado”, supuestamente el título de su próximo libro. Malas noticias entonces para esta aspiración política, en los últimos 45 días el gobierno comenzó a perder una de las batallas que vino a dar: la batalla moral.
Exaltar la moral fue uno de los pilares de la famosa “batalla cultural” que el gobierno vino a dar. Sin embargo, hoy esa pelea se vive como una derrota sin que esto signifique, muy a pedir del mileísmo, un triunfo del kirchnerismo. No gana uno y pierde el otro; en ese sentido, los dos son derrotados. Porque la sensación que se percibe es que, luego de los últimos acontecimientos, el gobierno hizo y hace mucho por imitar a su archienemigo y que solo los combate dialécticamente en la medida que les sirva electoralmente. Con otras herramientas ideológicas y parado en las antípodas de su pensamiento, sobre todo en cuanto al rol que debe cumplir el estado, en las prácticas ambos se parecen cada día más. La causa $LIBRA dejó expuesto al Presidente y a su hermana en un procedimiento lleno de mentiras, algunas muy notorias, que devaluaron la palabra de Milei. Y nos muestra como alguien puede llegar al poder esgrimiendo un discurso de ciudadano común enojado con el sistema político y ahora es mencionado en un caso que gira sobre como sacar provecho desde el poder. Al menos por lo que se desprende de los audios, mensajes y documentos extraídos del celular de Mauricio Novelli, el “empresaurio” amigo y ex empleador de Milei. $LIBRA es una causa que traerá más temprano que tarde dolores de cabeza serios a los hermanos del poder. También la causa Andis, con 18 procesados, puso en relieve las formas de recaudar de la vieja política, los sobreprecios en medicamentos que el estado compra para atender a una población por demás vulnerable, las personas que padecen algún tipo de discapacidad. De comprobarse finalmente, se expondrá la avaricia e insensibilidad de quienes, como funcionarios, administran un negocio público y también de los que dan las órdenes para que eso ocurra. En los audios de Diego Spagnuolo, que no fueron tomados como prueba por la justicia, esto se explica claramente.
Mucho más complicado tiene el panorama el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el hombre con más suerte del mundo si consigue demostrar que encontró a un grupo de jubiladas dispuestas a prestarle cientos de miles de dólares para comprar propiedades. Adriana Nechevenko, la escribana que intervino en las operaciones de dos propiedades adquiridas por Manuel Adorni y su mujer, declaró ayer como testigo durante dos horas en los tribunales de Comodoro Py y, al salir, evitó referirse al origen del dinero de una de esas operaciones: “Eso pregúntenle a él”, dijo, y no aclaró la cuestión de fondo, sobre todo para lo que busca determinar el fiscal, si las operaciones fueron simuladas y no hubo préstamo alguno, sino que se fingió todo para justificar dinero que el jefe de Gabinete no puede declarar. ¿Debería saber esto la escribana? Hay quienes dicen que sí. Quien seguramente debía estar al tanto es el propio Adorni, que al asumir como funcionario del PEN automáticamente se convierte en una PEP (Persona Expuesta Políticamente) Fue este gobierno quien en diciembre de 2024 publicó cambios en el control de lavado de dinero por sugerencia del GAFI. Textualmente señaló en la Resolución 192/2024: “Recomendaciones exigen que los países garanticen que tanto las Instituciones Financieras como las APNFD, implementen medidas para evitar el uso indebido del sistema financiero y no financiero por parte de las personas que revisten la condición de PEP, así como detectar el abuso que pudiera ocurrir”. Claramente, el jefe de Gabinete estaba obligado a informar a su escribana el origen de los fondos.
Es sospechoso que Adorni haya conseguido una hipoteca a pagar sin intereses, según declaró su escribana Nechevenko, algo mejor aún que los beneficios obtenidos por los funcionarios en el Banco Nación. En suma, en todos los casos nombrados hay ventajas autootorgadas, y eso es lo que diferencia a un miembro de una casta de un ciudadano de a pie: tener privilegios a los que la mayoría no puede acceder. El escándalo del Banco Nación lo expone de la manera más brutal. Entre los nombres que figuran en la lista de beneficiados con créditos hipotecarios, que alcanzaría los 1440 créditos otorgados a personas de cercanía o pertenecientes al oficialismo, aparecen Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro de Economía, con una deuda cercana a los $373 millones y Federico Furiase, secretario de Finanzas, con alrededor de $367 millones, también fueron señalados Juan Pablo Carreira, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial; el diputado libertario Santiago Santurio; y Guillermo Madero, jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa. Algunos legisladores como Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, así como también a Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF. Los montos obtenidos son significativos, lo que pide a gritos saber por qué el resto de los 26.000 beneficiarios del crédito hipotecario para primera vivienda no obtuvo sumas similares de dinero: la mayoría no superan los 100 millones- un promedio según el mismo banco-. También se necesita saber si obtuvieron el mismo trámite de acceso con las facilidades que tuvieron los libertarios. Por ejemplo, los legisladores denunciantes señalan que la diputada Lorena Villaverde fue rechazada en su primer intento en la sucursal de la ciudad de Cipolletti por estar embargada dos veces por la justicia de Río Negro, por 40 millones primero y 31 millones después. Sin embargo, un llamado de casa central destrabó el crédito. Hay dos casos que sobresalen, el primero es Sharif Menem, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, que con solo 24 años consiguió un crédito de 357 millones de pesos y el otro Pedro Inchauspe, director del Banco Central -uno de los funcionarios encargados de regular toda la actividad bancaria- con un crédito que supera los $500 millones, parece mucho dinero para una primera vivienda, mucho más teniendo en cuenta que el monto no cubre el 100% del valor del inmueble. Todos los mencionados votaron como legisladores o defendieron públicamente como funcionarios, la privatización del Banco Nación en el primer tramo del gobierno y su primer proyecto de “ley bases”, finalmente, terminaron beneficiándose con la entidad pública que querían cerrar.
Quienes venían a combatir a la “casta” y la corrupción en poco tiempo quedaron empantanados en el mismo barro que decían iban a limpiar. Pero lo que se destaca como común denominador en cada uno de estos casos es la falta de explicaciones públicas, una obligación legal y moral para todo funcionario público. Por el contrario, se elige siempre atacar al periodismo, matar al mensajero, aquel que trae o hace públicas esas noticias que incomodan al poder. Quedó demostrado cuando en una reciente conferencia de prensa Manuel Adorni le dijo a un periodista: “no sos juez, las explicaciones las voy a dar en la justicia”. Si Adorni va a seguir en el cargo, debería dar las explicaciones públicas necesarias, si solo hablará ante la justicia, amparado en su derecho como ciudadano, debería pensar entonces en abandonar su puesto.
Dicen que el presidente Milei suele manifestar a sus funcionarios: “estamos en guerra contra el periodismo”. Algo de eso debe estar ocurriendo en estos tiempos porque, como sabemos, en todas las guerras la primera víctima es la verdad, y en esta oportunidad no parece ser la excepción.
