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El Gobierno debe explicar su propuesta para el sistema electoral
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PARA LA NACIONSabrina Ajmechet
La historia electoral argentina, desde la Constitución nacional de 1853 hasta nuestros días, se caracterizó por el uso de tres grandes sistemas. Inicialmente, un régimen de mayoría también denominado de lista completa, usado entre 1853 y 1912. Luego, con la reforma promovida por Sáenz Peña, el sistema fue sustituido por uno de mayoría y minoría. Por último, en 1962, el entonces presidente José María Guido introdujo la representación proporcional, que, con algunas modificaciones, es la que aún rige nuestro régimen electoral.
Pero esta historia olvida que en tres elecciones nacionales –1904 (durante la presidencia de Julio Argentino Roca), 1951 y 1954 (con Perón)– se usó una modalidad muy diferente, conocida como uninominal por circunscripción. Este sistema es el mismo que hoy el Poder Ejecutivo Nacional está proponiendo en el proyecto que envió al Congreso.
¿Por qué en 1902 y en 1951 se optó por este sistema, y por qué el Gobierno lo propone en este momento? Veamos cada caso. En 1902 se vivía un clima político dominado por el imperativo reformista. Roca estaba en su segundo mandato presidencial, en el que buscó imprimir un fuerte espíritu de cambio que se plasmó en tres iniciativas: un código de trabajo con innovaciones muy modernas para la época; la ley de servicio militar obligatorio, que buscaba generar identidad nacional en una sociedad de inmigrantes y era un medio para conseguir el control de las fronteras, y el cambio del sistema electoral.
Joaquín V. González imaginó la reforma electoral. El diagnóstico del gobierno era que en las décadas anteriores la sociedad argentina se había transformado y complejizado, pero la política no había acompañado ese cambio. Por eso se producía una asincronía cuya consecuencia era una crisis de representación política. Era necesario regenerar la política estableciendo bases renovadas de representación, planteaban González y Roca. El objetivo era que la sociedad pujante regenerara la política, y el medio para eso era reducir la escala de representación. Entonces González trajo el modelo de circunscripciones uninominales: dividió a la Argentina en 120 distritos bajo el supuesto de que en cada uno de ellos se expresaba un interés económico concreto que debía traducirse en el mundo político. En un momento en que existía un régimen de mayorías que no permitía el pluralismo político, la propuesta de este sistema permitía que la diversidad existente en el tejido social estuviera presente en el Congreso.
En 1951, la situación fue muy diferente. En aquel momento, Perón era presidente y los argentinos elegían a sus representantes mediante la ley Sáenz Peña, que aseguraba la existencia de representantes por la mayoría y por la minoría. Con esta ley, cuando Perón llegó a la presidencia, el Senado quedó conformado de manera exclusiva por miembros del oficialismo, y en la Cámara de Diputados, de los 158 miembros, 110 eran peronistas; 44, radicales; 1, del Partido Demócrata Progresista, y 3, del Partido Demócrata Nacional: había 110 por la mayoría y 48 representantes de la minoría.
Perón instauró una retórica de la unanimidad: él era el representante del pueblo y bajo su concepción política ser argentino y peronista eran sinónimos. Esta visión quedaba plasmada en cada acto político, pero cada vez que se miraba por dentro al Congreso se veía que había una cantidad de ciudadanos que preferían otras opciones políticas. El esquema amigo-enemigo definía el orden público, y esto llevaba a que todos los argentinos peronistas que apoyaban a Perón eran amigos y el resto eran parte de la antipatria, de la oligarquía que representaba a los intereses foráneos y que estaban en contra del bien común. ¿Por qué estos últimos debían tener, entonces, representación? En principio, porque era 1951. La Segunda Guerra Mundial ya había terminado y los Aliados triunfaron. Es decir, los países que habían cerrado el Congreso y gobernado totalitariamente perdieron en el mundo. La Argentina no podía oponerse a los aires de época y anular la presencia institucional de la oposición. Lo que sí pudo hacer es reducirla a su mínima expresión, y esa fue la intención de la ley de circunscripciones uninominales.
Con un uso intensivo del gerrymandering –el dibujo electoral que se hizo para definir las circunscripciones–, el peronismo logró con un porcentaje similar de votos llevar a la oposición a un número de representantes mucho más reducido. En 1946, con el 35% de los votos, la Unión Cívica Radical obtuvo 44 bancas. En 1951, con un porcentaje similar, pero bajo el nuevo sistema electoral, solo consiguió 14 diputados. Esta situación empeoró en 1954, cuando en una Cámara compuesta por 169 miembros el radicalismo, repitiendo su porcentaje de votos, se quedó con 12 bancas.
Perón cumplió su objetivo: pensó un sistema electoral para crear un Parlamento casi unánime, en el que el Legislativo no actuara de forma autónoma, sino que los diputados y senadores se transformaran en una escribanía que convertía en leyes la voluntad del conductor.
¿Cuáles son el diagnóstico y la situación hoy? Nuestro sistema electoral es el proporcional D’Hondt. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados hay una representación variada de opciones políticas que responden a la diversidad de preferencias partidarias de la ciudadanía. No hay dudas de que la Argentina necesita una reforma fuerte y urgente en materia electoral. Al observar la experiencia de otros países de la región, concluimos que en materia electoral nos quedamos en el siglo XX. La boleta única de papel es un paso contundente en ese sentido. También lo sería tener biométricos que controlen la identidad de los electores y asegurar por ley la presencia de veedores internacionales que colaboren en el control de la transparencia electoral. Ficha limpia es un proyecto también imprescindible, para que no llegue a ocupar un cargo electoral un ciudadano con una condena firme de la Justicia. Y la enumeración podría continuar, por ejemplo con modificaciones del rol de los fiscales en cada acto electoral.
La Argentina necesita hacer cambios electorales nítidos y duraderos. ¿Pero qué modifica la introducción del sistema de circunscripciones? La respuesta que surge es la lista sábana. Este es un problema principalmente de dos distritos: Buenos Aires y CABA. La provincia elige en cada elección 35 diputados y la CABA, 12 o 13, alternativamente. En el resto de las provincias los números son mucho más pequeños, por lo que la lista sábana no existe de hecho: en las elecciones legislativas que coinciden con las del Ejecutivo nacional 5 provincias eligen 2 diputados y 8 provincias eligen 3 diputados. En las legislativas correspondientes a mitad de mandato 5 provincias eligen 2 diputados y 11 provincias eligen 3. Es decir, este es un problema principalmente de los bonaerenses y los porteños, y que también puede afectar a Santa Fe y Córdoba. En el resto de los distritos la lista sábana no existe. ¿Por qué imponer a todo el país un sistema electoral completamente ajeno a nuestras costumbres y definiciones políticas solo por unos pocos distritos? Se podría solucionar el problema de la lista sábana con un sistema de tachas o preferencias ¿Hay otras razones, además de la lista sábana, para cambiar la forma de elegir diputados? Si fuera así, el Gobierno debería explicitarlo.
El historiador francés Pierre Rosanvallon demostró que una ley electoral no es solo un artilugio técnico que da cuenta de un modo más o menos transparente de la representación de una sociedad, sino que también es en parte a través de ella que se define cuál es la característica de esa sociedad y cuáles son las mejores formas de gobernarla. Ese es el enorme desafío que lanzó el Gobierno con su propuesta, que debe ser explicitada mejor para comprender sus fundamentos.
Tipo de trabajo:opinión
