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El igualitarismo de La Cámpora y el desconcierto oficial
El acelerado deterioro de la situación económica amenaza al proceso de redistribución de la riqueza que La Cámpora se propone iniciar en la segunda mitad de la presidencia de Fernández. La proyección a los próximos tres años de los 2,5 millones de pobres registrados por el Indec en el primer semestre podría convertir ese supuesto modelo económico en una pieza en desuso. Sería la posible consecuencia de una crisis que relativizaría la ayuda oficial a hipotéticos damnificados. Y que dejaría en la incertidumbre los cambios estructurales que promueve esa organización. Reformar el Poder Judicial, asignar una función social a la propiedad privada y devolver al gobierno nacional la administración de recursos naturales que la reforma constitucional de 1994 cedió a las administraciones provinciales.
Alternativas subordinadas a que el Frente de Todos consiga representar a los dos tercios de ambas cámaras en el Congreso. Resultado electoral difícil de obtener antes que las estadísticas oficiales confirmen la gravedad de la caída. Para eso sería imprescindible persuadir a una porción de quienes no lo votaron en 2019 de hacerlo en 2021. Meta difícil de alcanzar cuando hay indicios de un proceso inverso. Es lo que sugiere la inclusión de los beneficiarios del IFE en la ampliación del cepo cambiario del Banco Central que impide la compra de 200 dólares al valor oficial. La pérdida de confianza en el Gobierno afectaría a electores que, a priori, podrían haber optado por el kirchnerismo el año pasado. Esa inestabilidad vuelve interesante el contrapunto entre Frederic y Berni, en un clima de desconcierto.
El debate sobre el asesinato del policía Juan Roldán oculta otro sobre la transferencia directa de recursos de la ciudad a la provincia de Buenos Aires. Comienzan a aparecer dudas sobre su rédito electoral. Otra manera de interpretar "el miedo" que adjudicó Frederic a la policía porteña para intervenir en ese episodio
El debate sobre el asesinato del policía Juan Roldán oculta otro sobre la transferencia directa de recursos de la ciudad a la provincia de Buenos Aires. Comienzan a aparecer dudas sobre su rédito electoral. Otra manera de interpretar "el miedo" que adjudicó Frederic a la policía porteña para intervenir en ese episodio. Pero también para observar la participación inmediata de Berni en un acto con Santilli, a cargo de Seguridad en la ciudad. Lo curioso es que se discuta una decisión de Cristina. Pero más que La Cámpora la reivindique como una iniciativa propia. Máximo fue el primero en criticar los helechos en la avenida 9 de Julio y que la Capital tenga un presupuesto cuatro veces mayor que los de La Matanza, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Almirante Brown con apenas el 10% de sus habitantes. Lo hizo el 7 de julio de 2018, al inaugurar en Burzaco el Ateneo Cristina Conducción.
Su madre insiste en sospechar que sus intendentes agitaron el reclamo salarial de la policía bonaerense. El oficialismo no logra superar ese episodio. Algunos creen que por culpa de Martín Mena. El viceministro de Justicia tendría influencia en el Ministerio de Seguridad de la Nación gracias a "la calle". La alusión a los agentes operativos de la AFI en la jerga de la inteligencia. Mena fue el segundo de Parrilli en la AFI durante el último gobierno de Cristina. El espía de mayor confianza para Máximo, Martín Alaniz, es el secretario de Desarrollo Institucional en la Legislatura bonaerense. Allí circuló que el diputado Juan de Jesús y el senador Adrián Santarelli podrían sustituir a Berni en la cartera de Seguridad si la crisis policial lo obligaba a renunciar.
De Jesús y Santarelli reportan a Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora. Una conjetura exagerada, producto del papel atribuido al diputado para que Sergio "Chocotito" Giménez sea parte del directorio del IOMA. Giménez es comisario mayor y fue jefe de las policías locales de La Matanza, Merlo, Ituzaingó, Morón y General Rodríguez antes de ocupar la Superintendencia de Seguridad en la costa atlántica. Como las demás, una dependencia muy activa en la protesta. Desde allí se habría advertido a las autoridades de Pinamar sobre el aparente traslado de 200 familias que ocupan tierras en la toma de Guernica. La usurpación más grande de la provincia ilustra la desorientación del oficialismo.
El juez de Garantías de Cañuelas, Guillermo Rizzo, suspendió por 15 días el desalojo previsto para esta semana. Un plazo exiguo para que Larroque obtenga mejores resultados que hasta ahora. En la audiencia del 30 de septiembre convocada por Rizzo, el ministro de Desarrollo Comunitario admitió que solo cinco familias accedieron a abandonar el predio en forma voluntaria. Berni es partidario de un desalojo liso y llano. Al ministro de Justicia, Alak, le preocupa resguardar de daños la imagen de Kicillof. El gobernador anunció la semana pasada la creación de un banco de tierras con una inversión de casi 200.000 millones de pesos en tres años para resolver problemas habitacionales.
El de la usurpación de Guernica obedecería a otra expectativa: el predio permanece vacío gran parte de la semana. Los investigadores policiales lo adjudican a la característica de la ocupación, en apariencias ligada a la necesidad de ganar posiciones cerca de la ruta nacional 6 y la provincial 58 de un sector de la comunidad boliviana con actividad en el narcotráfico. Por esos corredores se interconecta el cuarto cordón del conurbano: Presidente Perón, Gran La Plata y General Rodríguez. Encaramados en la actividad textil y de la construcción que desarrollan la mayoría de sus compatriotas en Villa Celina (La Matanza) y los barrios Campo Tonghi y El Olimpo de Lomas de Zamora, habrían contratado a Los Siempre para asegurar la toma.
Radicada en el barrio 20 de Junio de González Catán, esa facción de la barra de Almirante Brown mantiene contacto con Espinoza a través del secretario general del club, Hernán Gerace. El intendente de La Matanza colabora con la campaña proselitista de Luis Arce, el candidato de Evo Morales a disputar el 18 de octubre la presidencia de Bolivia con Carlos Mesa y Luis Camacho. En las del año pasado votaron en la Argentina la mitad de los casi 200.000 bolivianos en el extranjero. Alrededor del 50% lo hizo en la ciudad. El resto, en el conurbano. La Matanza tiene el 15% del total del padrón de extranjeros en la provincia: más de 100.000 electores. Al menos 35.000 son bolivianos.
Lomas de Zamora suma un tercio de esa nacionalidad entre los 48.000 habilitados para votar. La expectativa es mejorar la participación del año pasado con un operativo que coordina La Cámpora. Resulta comprensible que con este escenario Facundo Tignanelli desmienta su participación en la protesta de los trabajadores municipales de La Matanza contra Espinoza por un reajuste salarial. Igual que Berni y Mena, el intendente integra el trío de dirigentes bonaerenses de trato directo con Cristina. Cualquier roce con él podría acarrear contratiempos. Algo que no ocurrió con la ley que declara de interés público a las entidades y asociaciones civiles que la Legislatura sancionó por unanimidad hace dos semanas.
Aunque la presentó Tignanelli, su autoría se atribuye a Máximo. El artículo 5 dispone tasa cero en todos los servicios públicos mientras dure la emergencia sanitaria y el 9 autoriza al Ejecutivo a crear un fondo extraordinario para asistirlas. Igual que con el Banco de Tierras, se desconoce de dónde se extraerán fondos para financiar esas políticas, en una sociedad con dificultades para producir recursos excedentes. Un detalle en el que no cree preciso reparar el igualitarismo que estimula La Cámpora.
