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El libertinaje, enemigo de la libertad
El diccionario define sofisma como "un argumento aparente con el que se quiere defender lo que es falso". Al responder al gobierno uruguayo, que le reclamaba daños y perjuicios ante el Tribunal del Mercosur por haber permitido los cortes de puentes sobre el río Uruguay, el gobierno argentino pudo haber usado otro argumento más conducente, pero recurrió, en cambio, a un sofisma.
La Cancillería justificó los cortes de los puentes apelando a un derecho constitucional, el de la libertad de expresión, que, por ser un derecho eminente, debe ser preferido a otros derechos constitucionales como el de la libertad de circulación, también incluido en el famoso artículo 14 de la Constitución, que protege nuestros derechos fundamentales.
Por ser un argumento "aparente", el sofisma no es fácil de refutar porque apela a medias verdades que pueden confundir a la audiencia. Es verdad, en tal sentido, que la libertad de expresión es un derecho constitucional eminente, porque sin ella no habría democracia. Lo que no es verdad es que cortar deliberadamente un puente, una calle o una ruta sea parte de la libertad de expresión.
Cuando habla de la libertad de expresión en su artículo 14, la Constitución protege el derecho de todos los habitantes de la Nación a "publicar sus ideas por la prensa sin censura previa". Hoy llamamos "prensa" no sólo a la prensa gráfica, sino también a la radio y la televisión, pero lo que queda claro es que los constituyentes de 1853, al proteger la libertad de expresión, tenían en vista la protección de la palabra en cualquiera de sus formas, y no de cualquier acción que pretendiera escudarse detrás de ella.
No hay duda de que los piquetes y los cortes de rutas están conectados a ciertas ideas de reivindicación, pero ello no quiere decir que la libertad de expresión los protege cual si fueran manifestaciones escritas u orales, puesto que sus ideas no se expresan mediante palabras, dichos o imágenes, sino mediante la imposición de la fuerza contra los portadores de otros derechos como el de "navegar y comerciar", "permanecer, transitar y salir del territorio argentino" y "usar y disponer de su propiedad", a los que también consagra el artículo 14 de la Constitución.
El derecho de expresarse públicamente mediante palabras es eminente en cuanto a que sin él no habría democracia, pero no incluye las acciones compulsivas contra terceros porque, si éste fuera el caso, no estaría protegida sólo la libertad de la expresión escrita u oral, sino también la "expresión corporal" en cualquiera de sus formas: por ejemplo, usurpar viviendas, edificios públicos o calles en nombre de alguna reivindicación.
Aceptar esta irrazonable extensión de la libertad de expresión a los más diversos ámbitos implicaría otorgar a todos el derecho de atacar a todos, y ésta es la definición misma de la anarquía. Pero ya John Stuart Mill, en su célebre ensayo sobre la libertad, había propuesto una distinción decisiva: que nadie puede coartar la libertad de informar y de opinar, esto es la libertad del decir , pero que no se puede extender este derecho irrestricto a la libertad de hacer lo que se quiera, porque en tal caso los prepotentes se adueñarían de la sociedad.
El "sobreargumento"
Es común que al litigar en el foro los abogados sobreargumenten para defender a sus clientes, pero caer en este defecto no tiene grandes consecuencias porque queda confinado dentro de un expediente y sometido al examen de un juez. Lo grave es en cambio que el propio juez o el gobernante también distorsionen los argumentos porque en este caso sus afirmaciones desproporcionadas podrán ser invocadas por otros e incluso ser usadas contra ellos mismos en circunstancias totalmente ajenas a las que tenían en cuenta.
En tales casos, la sobreargumentación oficial puede volverse después contra sus propios autores, como si fuera un tiro por la culata. ¿No es esto lo que le ha pasado a la Cancillería a propósito del pleito por las papeleras? ¿No se dio cuenta de que, al sobreargumentar a favor de los cortes de puentes sobre el río Uruguay, estaba aprobando oficialmente los piquetes en todo el espacio nacional?
¿O, más que un efecto accidental que la Cancillería habría dejado escapar, lo que puede percibirse aquí es el fondo ideológico, supuestamente revolucionario, que todavía inspira a los autoproclamados continuadores de los años 70?
Del posible efecto pernicioso de esta nueva doctrina favorable a la acción directa en las más diversas circunstancias parecieron darse cuenta los funcionarios de segunda línea de la Cancillería, cuando declararon, el día siguiente de la respuesta oficial a Uruguay, que apoyaban a los manifestantes contra las papeleras, "pero no a su metodología". Esta tímida rectificación de sus subalternos, ¿servirá acaso para anular el "efecto Taiana" sobre la convivencia entre los argentinos?
La tolerancia
Una cosa es en todo caso la libertad y otra, el libertinaje . Los grandes doctrinarios de la libertad, entre ellos Locke y Montesquieu, tuvieron de ella un concepto severo, no definiéndola como el derecho de hacer lo que se quiera, sino como el derecho que tienen los ciudadanos de que nadie pueda impedirles cumplir con la ley. Más allá de esta cuidadosa definición, ya no impera la libertad sino el libertinaje. En cuanto induce a la "guerra de todos contra todos" que Hobbes fulminó, el libertinaje es enemigo de la libertad.
Aprobar sin restricciones la acción directa sobre puentes, calles y edificios equivale a consagrar el falso principio del libertinaje. ¿Pudo empero la Cancillería defender a los manifestantes sobre el río Uruguay de otra manera? Pudo hacerlo si, en vez de distorsionar como lo hizo la libertad de expresión, hubiese acudido a un principio aceptado desde antiguo: la tolerancia .
Cuando aparece una acción a todas luces ilegal, si bien no se debe consagrarla como si fuera un principio según acaba de hacerlo la Cancillería, todavía es posible "tolerarla" en nombre de la prudencia, para evitar males mayores. Esta idea viene de lejos. Santo Tomás de Aquino, en un famoso pasaje, aconsejó tolerar incluso el mal indudable de la prostitución.
¿Y no es esto lo que hemos venido haciendo los argentinos una y otras vez ante el movimiento piquetero? Los piqueteros violaban la ley, pero también comprendíamos que la crisis los había llevado a una situación desesperante. ¿Cómo no simpatizar, del mismo modo, con el temor que sienten ante la posible contaminación del río Uruguay aquellos a cuyas márgenes viven? Pero tolerar no es aplaudir. Es ayudar para que cambien las circunstancias.
En vez de proclamar con arrogancia el derecho de apretar a los transeúntes de los puentes en nombre del sofisma de la libertad de expresión, la Cancillería pudo haberle pedido a Uruguay que también comprendiera, aun sin aprobarlos, los excesos en los puentes. Así habría abierto el diálogo necesario entre los dos gobiernos rioplatenses, en lugar de darles a nuestros contrincantes en La Haya y en el Mercosur el contraargumento de oro que viene de regalarles el canciller Taiana. Para adoptar esta actitud conciliadora, sin embargo, el Gobierno debería dejar en el camino la ideología supuestamente revolucionaria de los años setenta, que todavía lo acompaña.
