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El negacionismo ambiental como política de estado
La política ambiental de nuestro país tuvo un punto de inflexión a raíz de la reforma de la Constitución del ’94, que consagró el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano. Este gran avance fue complementado por una serie de leyes de presupuestos mínimos ambientales, aquellas que establecen condiciones de base necesarias para proteger el ambiente que, a partir de 2002 con la Ley General del Ambiental, fueron construyendo la institucionalidad ambiental argentina.
Si bien lo ambiental nunca estuvo en el centro de la agenda política, con altibajos, fue logrando avances; algunos muy significativos, sobre todo aquellos casos donde la ciudadanía y la movilización social fueron protagonistas, como en la ley de protección de bosques nativos y la ley de protección de glaciares. Ese lento progreso de la política ambiental fue interrumpido en el último año y medio, mediante embates por parte del gobierno nacional, que destruyen y retroceden lo actuado durante décadas, ante una dormida dirigencia política, que, salvo pocas excepciones, no tiene nada para responder.
La degradación de jerarquía de la cartera ambiental; el desfinanciamiento de organismos de investigación; la destrucción de la capacidad estatal para el monitoreo y control ambiental; la desarticulación del servicio meteorológico nacional; la eliminación de los fideicomisos para los fondos de bosques y el fondo de emergencias, ambos de suma importancia para adaptarnos a los crecientes impactos y catástrofes climáticas; la total ausencia de algún tipo de requerimiento para el desempeño ambiental en el Régimen para Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI); el retiro de la delegación argentina en las negociaciones de cambio climático de diciembre pasado y las amenazas del abandono del Acuerdo de París, son solo algunas muestras del desprecio sobre la política ambiental y climática por parte del gobierno nacional.
El negacionismo ambiental y climático que obliga a funcionarios y empleados de las distintas reparticiones a desconocer el fenómeno y prohibir la mención del “cambio climático”, contrasta con las evidencias crecientes de la emergencia climática que estamos atravesando. Como ejemplos bastan los recientes episodios de Bahía Blanca, Zárate y Campana, para la cual deberíamos estar previendo estrategias de adaptación que ayuden a amortiguar los cambios que vienen más rápido de lo esperado.
Sin embargo, este clima de época no solo alcanza al gobierno nacional, el incumplimiento de normativa ambiental y su flexibilización sucede también en muchas de las provincias que por dolo u omisión convalidan el accionar del ejecutivo nacional. Algo similar sucede en el Congreso de la Nación, que durante 2024 y 2025 ha tenido una muy baja actividad en las comisiones relativas a la política ambiental; se han dado pocas sesiones, mayormente destinadas a encuentros informativos que no lograron progresar en el debate ni en el dictamen de proyectos de ley específicos.
En el Día Mundial del Medio Ambiente es necesario recordar a nuestra dirigencia en su conjunto, que la institución ambiental es un derecho constitucional que no debe ni puede estar a merced del relato de turno. Tampoco se debe caer en la mirada superficial o maliciosa, que pretende reducir la dimensión ambiental al ecologismo o a un estilo de vida, como si fuera un esnobismo frívolo de unos pocos; por el contrario, el desempeño ambiental es la clave para el desarrollo social, económico y la integración de nuestro país al comercio internacional, cada vez más exigentes en materia ambiental.
Gran parte de los proyectos legislativos que esperan su tratamiento en el congreso de la Nación son muestra de las implicancias económicas de la política ambiental. Como ejemplos, la extensión del régimen de promoción de las energías renovables que ha permitido un ahorro significativo en subsidios y una reducción de importaciones; la gestión de envases posconsumo que reducirían los altísimos costos que afrontan los municipios en los servicios de higiene urbana; la trazabilidad de productos de la pesca, que además de garantizar la sostenibilidad de la pesquería y combatir la pesca ilegal y no regulada, otorgaría mayor competitiva al sector pesquero ante los mercados cada vez más exigentes en materia de trazabilidad; el impulso al hidrógeno verde, una industria incipiente que puede ser protagonista en el futuro de cero emisiones, y fuente de divisas para nuestro país; o la gestión de sustancias químicas para la protección del ambiente y la salud, que mediante el establecimiento de entornos seguros fortalece la economía y el desarrollo industrial.
Estos son algunos de los temas ambientales de primer orden en los que deberíamos estar trabajando, debatiendo y generando consensos, para traducirlos en políticas públicas con un sentido estratégico y de responsabilidad. Son pocos los casos donde se unen, en una misma necesidad, lo urgente con lo importante. Los desafíos de mitigación y adaptación que plantea el cambio climático sobre nuestra economía, el territorio, la sociedad y, por ende, la propia gobernabilidad debería ser suficiente, como para llevarse algo de la atención de las dirigencias políticas y los funcionarios del Estado.
Directora del Círculo de Políticas Ambientales. Mg en Derecho y Economía del Cambio Climático
