El nuevo cuento del tío de los barones del conurbano

Aunque hayan pasado solo cinco años, el 17 de agosto de 2016 parece demasiado lejano. La Argentina era otro país; había una sociedad dispuesta a acompañar cambios que hicieran crujir las estructuras para terminar con las prácticas de dirigentes que se habían servido por años de la política para usufructo personal. Una de esas era la reelección indefinida de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, que en algunos casos extremos acumulaban más de 20 años en el poder. Habían pasado más tiempo en los despachos oficiales que en sus propias casas. Aquel día de agosto, la provincia de Buenos Aires sancionó la ley que puso fin a las reelecciones indefinidas, con la que se buscó quebrar esa práctica reñida con la calidad institucional. Fue un gran paso que dieron, juntos, el oficialista Cambiemos de María Eugenia Vidal con el Frente Renovador de Sergio Massa. Claramente aquel era otro país.

Pero hecha le ley, hecha la trampa. La ley y el decreto reglamentario establecieron que el primer período que se tomaba para fijar el límite era el iniciado el 10 de diciembre de 2015. Es decir que los intendentes, concejales y consejeros escolares podrían aspirar a una reelección en 2019, y en caso de querer volver a ocupar el mismo cargo, deberían esperar hasta 2027. Sin embargo, la reglamentación de la norma, de 2019, abrió una hendija por donde el peronismo filtró toda su picardía, y que para Juntos por el Cambio no es más que una trampa lisa y llana. ¿Olvido, ingenuidad o torpeza del gobierno de Vidal? Según la interpretación de esa norma, un período para ser considerado completo debe ejercerse más de dos años y un día. Si es menor, no computa y deja de ser un impedimento para aspirar a una nueva reelección. ¡Bingo!

Es decir, un intendente puede garantizarse una reelección indefinida después de ejercer seis años (un período de cuatro con reelección y pedido de licencia al filo de los dos años), dejar a alguien de extrema confianza en forma interina, para lo cual debe ser elegido concejal, y volver a presentarse a una nueva reelección. Un mecanismo que, aunque parezca ficción, es de absoluta aplicación en varios distritos del conurbano. Lo mismo que ocurre en algunas provincias feudales, como Santiago del Estero, por caso.

Esa puerta la abrió el inoxidable Martín Insaurralde, jefe de Gabinete bonaerense con pedido de licencia como intendente de Lomas de Zamora, a varios intendentes del conurbano y produjo una estampida de felicidad. Así, un grupo de alcaldes del Gran Buenos Aires y del interior se amontonaron para pedir licencia antes del 10 de diciembre para ocupar cargos en la provincia o en la Nación o esperar a que se creen nuevos. Allí aparecen Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), el propio Insaurralde, Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), entre otros oficialistas, y también Jorge Macri, de Juntos. A la hora de luchar por conservar el poder no hay diferencias ideológicas. Los que llegaron al 10 de diciembre con pedido de licencia podrán presentarse en 2023. Como Jorge Ferraresi (Avellaneda), ministro de Vivienda; Juan Zabaleta (Hurlingham), ministro de Desarrollo Social, o Mariano Cascallares (Almirante Brown), diputado provincial, entre otros.

Ese panorama alteró a intendentes de Juntos por el Cambio. La cancha está inclinada en favor de los tramposos, dijeron. De los 30 alcaldes radicales, a 28 se les obtura la posibilidad de ser reelegidos. Lo mismo pasa con los de Pro, sobre todo en el GBA, como Diego Valenzuela (Tres de Febrero) o Néstor Grindetti (Lanús). Cualquier corrección en la ley y la reglamentación, resistida por Vidal y su grupo más leal de exfuncionarios, abre una grieta en la oposición. También en el Frente de Todos, porque Massa no acepta una modificación de la que considera que es su ley –que vayan a la Justicia, dicen a su lado–, mientras Insaurralde celebra que sin cambiar la norma él le solucionó el problema a los intendentes para que vayan por una nueva reelección. La ley está mal porque legisló para atrás, insisten en el PJ.

La política vuelve a ocuparse de su ombligo, mientras 17 millones de bonaerenses tienen otra agenda y otras necesidades. Las urgencias de la dirigencia no concuerdan con las de la sociedad. Hay una brecha cada vez mayor entre unos y otros, sobre todo en tiempos de crisis como las que viven la provincia y la Argentina.

Una de las salidas que se barajan, para ser votada probablemente el Día de los Inocentes, es una cláusula cerrojo, por única vez, que fije la asunción del 10 de diciembre de 2019, es decir el actual mandato, como el primer período para determinar el límite de la reelección. De ese modo, sostienen radicales y socios de Pro –no vidalistas– se nivela la cancha y quedan todos en igualdad de oportunidades en 2023. Todos estamos en contra de la reelección indefinida, dicen, pero para poder sepultarla hay que... permitir otra reelección.

Lo que no dicen, oficialistas y opositores, es si esta vez, efectivamente, será el último cuento.