El ojo de la jefa mira a la izquierda

Resuelta la paritaria de los neumáticos, no tiene mucho sentido preguntarse ahora qué habría pasado si los bloqueos de esta semana en Bridgestone, Fate y Pirelli se hubieran extendido más días. Más útil parece, sin embargo, detenerse en decisiones y movimientos que aparecieron en torno del conflicto y que ayudan a entender parte de lo que le pasa al Frente de Todos y, principalmente, qué es lo que viene. En plena protesta, por ejemplo, en la policía bonaerense no estaban convencidos de intervenir en eventuales desalojos de plantas. Es lo que más llamó la atención de fiscales que, al momento de enviar la orden, recibían de los jefes de la fuerza respuestas que sonaban a excusas. “Tenemos cancha”. “Está la peregrinación a Luján”. “¿Se podrá dejar el operativo para el miércoles?”. Y eso que los uniformados son auxiliares de la Justicia. La demostración de fuerza de la izquierda no solo dio resultados, sino que desencadenó justamente lo que el Gobierno temía: protestas y pedidos de reapertura de paritarias.

Las denuncias contra los bloqueos en las fábricas habían sido presentadas por las empresas bastante antes, en junio, en los inicios de la discusión, y por motivos penales. Turbación de la posesión, privación ilegítima de la libertad, amenazas coactivas. El Gobierno tomó nota bastante después. Sin embargo, aun así, en la provincia de Buenos Aires no todos se movieron a la misma velocidad. Kicillof no habló del tema, pero Insaurralde, su jefe de Gabinete, les transmitió preocupación a intendentes de los distritos donde están las plantas. De ahí el desconcierto en algunos despachos judiciales. “Vamos a tener que contar solamente con la Gendarmería”, dijo un operador en una fiscalía.

Esta ambigüedad se percibió también en el Ministerio de Trabajo en la madrugada de ayer, mientras funcionarios e integrantes de las empresas y el Sutna redactaban lo que sería el acuerdo definitivo. ¿Alguien del Gobierno estaba boicoteando la paritaria? Momentos antes, esa tarde, se había filtrado a los medios el oficio mediante el que la Justicia le pedía a Aníbal Fernández “medidas preventivas para garantizar el ingreso y egreso” a los predios. ¿O era una manera de presionar al Sutna? La información que llegó a las empresas era que esa madrugada, concretamente a las 5, habría un operativo conjunto de las tres fiscalías para desalojar. Se haría en simultáneo porque se especulaba con que el Partido Obrero no tiene tantos militantes como para estar en tres fábricas al mismo tiempo. Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, se enteró de la movida y amagó con volver a endurecerse. Los empresarios sospecharon. “Qué raro que se quiera efectivizar lo que se denunció en junio”, dijo un ejecutivo.

Es probable que esa perturbación haya llevado a las partes a apurar el acuerdo, que se firmó cerca de las 4, una hora antes del momento previsto para el operativo, y que nunca se sepa realmente la verdad. En todo caso, lo que pasó en el transcurso de la protesta volvió a confirmar la desorientación y la falta de estrategia del Gobierno y, lo más novedoso, el comienzo de una etapa en la que las diferencias se resuelven por la fuerza física.

No es casual que Alberto Fernández haya aceptado la intermediación de Pablo Moyano y Rubén Sobrero en esta crisis. Tampoco parece un método nuevo: hace rato que muchos intendentes desalojan predios tomados en el conurbano mediante la contratación de barrabravas, cuya destreza quedó demostrada esta semana, en el piquete en Córdoba. Es lo que ocurre cuando se combinan la inflación y la falta de autoridad.

Por eso habrá que seguir con atención la trayectoria de Moroni, a quien en el Ministerio de Economía vienen cuestionando desde la semana pasada, cuando advirtieron que aceptaba la toma de un piso de la cartera laboral sin siquiera recordarle al Sutna que podría quitarle la personería jurídica. “El Gobierno no ayuda”, protestaron en una fiscalía. “Esto a Tomada no le pasaba: los echaba a todos a las patadas”, agregaron en una empresa. Moroni escuchó estas recriminaciones prácticamente en silencio en la noche del lunes, durante el asado en que Alberto Fernández recibió en Olivos a parte de la CGT. “Necesitamos que el Ministerio de Trabajo se ponga al frente”, le pidió uno de los invitados. Dos días después, el miércoles, el ministro tuvo una discusión a los gritos con Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate. La tensión subió tanto que el empresario le pidió al día siguiente disculpas en dos radios. La conversación había sido en privado, pero llegaron a escucharla colegas con quienes compartía en ese momento una mesa en el Tenis Club Argentino.

En realidad, lo que le molestaba en ese momento a Madanes Quintanilla era que la Casa Rosada le reprochara una inflexibilidad que atentaba contra la actividad económica. Moroni sabía además que se estaba jugando el cargo. “Y bueno, te tendrás que ir”, llegó a contestarle el empresario. Es probable que a la mesa le haya servido como experiencia. Por lo menos a uno de los comensales, Daniel Novegil, CEO de Ternium, empresa que soportó 48 horas después un paro en la planta de Siat, proveedora de los tubos con que el Gobierno pretende construir el gasoducto Néstor Kirchner. La protesta, que duró poco porque el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, se había originado por el despido de diez trabajadores en el período de prueba, y tampoco será fácil de resolver: aunque son afiliados a la UOM, con quien Techint tiene una buena relación, habrá que negociar con la comisión interna, integrada por unos cuantos militantes de izquierda.

Nadie en el Gobierno debería sorprenderse por este estado de ánimos alterados. Es lo que provoca la inflación. Cristina Kirchner, que viene expresando internamente desde hace casi un año su temor a una explosión social derivada del hartazgo, se apuró esta semana a señalar a sus culpables: las empresas y los “márgenes” de rentabilidad. Ese rumbo, que trazó anteayer con un hilo de tres tuits y seguramente será seguido en cuestión de horas por los kirchneristas, supone primero una advertencia para el plan económico de Massa. Dicen, por ejemplo, que en plena crisis de los neumáticos la vicepresidenta le recomendó que no abriera la importación, como había propuesto, porque eso equivaldría a malgastar las divisas del dólar soja en un puñado de vivos. El propio Parrilli hizo trascender entre militantes esa instrucción con una frase que se atribuye haberle dicho al ministro y que, de algún modo, lo reivindica frente a sus célebres audios: “Te echamos a la mierda si importás cubiertas”. El hilo de tuits de la jefa puede además estar anticipando una estrategia de la que ya se habla en el Instituto Patria: un acercamiento a los partidos de izquierda para las elecciones del año próximo.

¿Está el Gobierno frente a una nueva interna que parecía haberse aplacado con la llegada de Massa al Palacio de Hacienda? Es probable. Pero la propia mecánica de la crisis agrega peores contextos que en los tiempos de Guzmán. Cabría preguntarse, por último, cuánto margen para la puja de facciones da un fin de año como el que temen las empresas. Si, por ejemplo, es momento para que Juan Horacio Zabaleta cumpla un anhelo que arrastra desde hace por lo menos cuatro meses: volver a Hurlingham, el municipio que conduce y en el que pidió licencia. Se lo hizo saber a Máximo Kirchner hace diez días personalmente y es probable que se lo repita la semana próxima en otra reunión. Al ministro de Desarrollo Social lo perturba la posibilidad de perder en 2023 su distrito, gobernado interinamente por el camporista Damián Selci. Al diputado no lo entusiasma la idea. Pero será de todos modos un buen test para saber hasta dónde el Gobierno está dispuesto a mantener a un funcionario que viene confrontando en los últimos meses con las organizaciones de izquierda o si, al contrario, designa a alguien más afín para un tiempo en que, como los jefes policiales frente a las plantas de neumáticos, haya que hacer la vista gorda frente a la protesta.