El papel de los isleños
Por Carlos Ortiz de Rozas Para La Nación
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LA reciente visita del ex canciller Guido Di Tella a las islas Malvinas ha provocado, como era de esperar, diversos comentarios. Tanto aquí como allí. Además, ha permitido comprobar la reacción de los isleños ante el impulsor de la llamada "política de seducción", que supuestamente los tenía como beneficiarios.
Según los despachos de los corresponsales que lo acompañaron durante todo su viaje, salvo contadas excepciones fue recibido con perceptible indiferencia. Tuvo mejor suerte con algunos miembros del Consejo Legislativo, que aceptaron dialogar con él y con el gobernador de las islas, Donald Lamont, que aguardó su llegada en el aeropuerto y le ofreció una comida en su residencia.
En rigor, estos gestos no deberían sorprender a nadie. El gobernador es un funcionario de segundo nivel del Foreign Office (equivalente de nuestra cancillería) que tiene la obligación de proceder conforme a las instrucciones precisas que le imparte Londres. Mucho más en este caso. Es decir, que no hay que ver en su manera de actuar una iniciativa personal inusitada.
Más allá de la actitud de los kelpers y la actuación del gobernador Lamont, que en realidad son aspectos insustanciales, la presencia de Di Tella en las islas ha sido muy útil para poner sobre el tapete un aspecto que sin duda tiene relevante importancia. Me refiero al papel que deben tener sus habitantes en el contexto de nuestra permanente reivindicación de soberanía sobre las Malvinas.
Examinando desapasionadamente el tema, se puede llegar a la conclusión de que en esta controversia los isleños son víctimas inocentes. Es evidente que ni los que allí fueron implantados el siglo pasado ni los que se instalaron posteriormente tienen la culpa del despojo territorial que sufrió la Argentina. Menos todavía sus descendientes. Por consiguiente, es razonable pensar que nadie con poder de decisión en la Argentina tiene el deliberado propósito de desdeñarlos o perjudicarlos.
Si se acepta este enfoque, no son muchas las opciones que quedan para orientar la política argentina al respecto. Una de ellas consistiría en reconocerles personería a los isleños para negociar directamente con ellos el futuro de las islas a cambio de concesiones que, presumiblemente, tendrían mucho más de simbólico que otra cosa. De sus manifestaciones en las Malvinas podría inferirse que el ex ministro se inclina por esta tesis, toda vez que, incluso, habría sugerido la conveniencia de enmendar la Constitución de 1994 con miras a una solución de ese tipo.
Claro está, para el lado británico sería una salida ideal que le permitiría desprenderse del problema sin ningún costo. Lo cierto es que iría en contra de la posición que desde siempre han mantenido todos los gobiernos argentinos, y de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha rechazado la aplicación del principio de autodeterminación en la disputa sobre las islas Malvinas.
Acuerdo de comunicaciones
Otra posibilidad sería tratar de promover seriamente un acercamiento con los isleños a fin de analizar y favorecer sus intereses -no sus deseos-, que la Argentina se ha comprometido a respetar, tal como lo pide la organización mundial. En cierta forma, apuntar a la reanudación del acuerdo de comunicaciones de 1970, que en pocos años dio excelentes resultados para ambas partes. Es oportuno recordar aquí que gracias a él en 1974, con la aprobación del Consejo Legislativo de las islas, el gobierno británico propuso concretar un condominio que equivalía a reconocer, al menos parcialmente, un derecho de soberanía a nuestro país. En ese mismo sentido, durante la administración de Margaret Thatcher se pergeñó la fórmula del llamado retroarriendo, que partía del supuesto de la soberanía argentina.
No hace falta precisar que la guerra dio por tierra con esos evidentes progresos logrados, por un lado mediante la mejor comunicación con las islas y sus habitantes y, por el otro, debido a la manifiesta voluntad política del Reino Unido de intentar una solución satisfactoria bajo la protección del "paraguas". Pero si bien el enfrentamiento bélico atrasó el reloj de la historia, por más negativo que haya sido no puede interrumpir definitivamente un entendimiento al que estamos condenados, unos y otros, por la cercanía geográfica.
Esta alternativa significaría perseverar en nuestras tratativas diplomáticas con Gran Bretaña y en los organismos internacionales, armándonos de paciencia y determinación, sabiendo de antemano que habrá que esperar bastante tiempo para ver coronados con éxito nuestros esfuerzos. Sin sacrificar derechos en aras de un pragmatismo de imprevisibles consecuencias.
En distintas declaraciones los dirigentes de las Malvinas han insistido en que los argentinos debemos comprender que ellos quieren preservar su nacionalidad, su idioma, su cultura y su modo de vida. Todo eso es perfectamente válido y no tiene por qué estar reñido con los términos de una negociación con el gobierno británico que también contemple los puntos de vista argentinos. A su vez, los isleños deberían tratar de entender que a la Argentina le fueron arrebatadas las Malvinas por un imperio en plena expansión, que años antes había intentado apoderarse de Buenos Aires y que en 1812 hasta trató de reconquistar los Estados Unidos, que desde 1776 eran independientes.
En ninguno de esos episodios fue consultado el deseo de los habitantes, que Londres ahora pretende hacer valer. De haberlo hecho entonces, las islas hubieran seguido siendo argentinas. Lamentablemente no fue así. Por eso la Argentina no quiere renunciar a lo que legítimamente le pertenece. Por eso tampoco el Reino Unido debe eludir su responsabilidad histórica por la usurpación violenta de 1833 y la consecuente expulsión de los pobladores argentinos.
Si unos y otros aceptamos estas premisas, tal vez podamos llegar a la mesa de las negociaciones sobre mejores bases para tratar de conciliar nuestras diferencias. Las renovadas relaciones de excelencia con esa potencia y la clara visión política que siempre ha evidenciado, aun en situaciones mucho más difíciles, autorizan a confiar en que tarde o temprano darán satisfacción a nuestro justo reclamo.



