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El peligro viaja también en ascensor
Algo más de 1.400.000 personas abordan por día los trenes del área metropolitana. Un promedio de 1.200.000 viajan en los subtes porteños. Una cifra exponencialmente mayor, cercana a los 9.000.000, suben y bajan de los ascensores que funcionan en edificios de la Capital.
Sin embargo, mientras es reiterado y permanente el reclamo a los Estados nacional y porteño para que sostengan en buenas condiciones las formaciones ferroviarias que prestan servicio de modo de garantizar la seguridad, sobre todo desde la tragedia de Once, puertas adentro los consorcios -en este caso, la responsabilidad recae sobre los particulares- omiten el adecuado mantenimiento de los elevadores. Como si no hubiera también riesgos de accidentes y de muerte para un número altísimo de ciudadanos.
En Buenos Aires existen aproximadamente 24.000 ascensores que no están declarados, y muchos menos controlados, según datos oficiales; es decir, uno de cada cuatro. Para la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (Facara) suman más: unos 35.000. En tanto, otros 82.000 están correctamente registrados y bajo supervisión mensual de una empresa de mantenimiento, tal como marca la norma vigente.
La irregularidad tomó estado público luego del accidente protagonizado a principios de este mes por un elevador del Edificio Río de la Plata, en el centro porteño. Siete personas sufrieron traumatismos cuando el ascensor en el que se encontraban cayó cuatro pisos. Era uno de los 24.000 que no reciben controles.
Cabe recordar cómo funciona el sistema: los consorcios contratan empresas de mantenimiento, que son las encargadas de inscribir los aparatos en una base de datos oficial y cargar allí mismo los resultados de las inspecciones periódicas realizadas. Dentro del ascensor, una tarjeta con un código QR permite que los copropietarios consulten la información y, sobre todo, puedan constatar que no se trata de una simple fachada. El gobierno porteño, a su vez, controla a esas empresas y sus técnicos.
¿Puede ser el precio del servicio de mantenimiento inaccesible para los vecinos y explicar el desdén hacia su contratación? No pareciera. El abono mensual para un solo ascensor en un edificio de clase media con ocho pisos y 25 departamentos ronda los $ 1850, a razón de 75 pesos por unidad funcional.
El motivo tal vez tenga raíces más profundas, de índole cultural. La baja consciencia del riesgo y la escasa consideración por la vida propia y ajena, como lo analizan expertos en seguridad, psicólogos y sociólogos. Las conductas irresponsables al volante son otra muestra cotidiana de lo mismo.
También es cierto que los circuitos estatales para el registro y la inspección de los ascensores sufrieron varios cambios en pocos años, y los vecinos padecieron en manos de gestores y de la burocracia, un claro desaliento a todo esfuerzo por mejorar cualquier instalación. Allá por principios de la década de 2000, debían tramitar una oblea que funcionaba con colores verde, amarillo y rojo para señalar, como un semáforo, qué nivel de seguridad tenía el elevador. Conseguirla podía tardar años. En 2006, cuando muchos consorcios todavía gestionaban la bendita oblea, la Ciudad dio marcha atrás y puso en marcha "temporariamente" un sistema de planillas en las que la firma del técnico daba fe del control realizado, mientras avanzaba hacia un sistema digital. El período "temporario" se prolongó hasta el lanzamiento en 2014, siete años después, del programa Ascensores Registrados, que sólo empezó a funcionar por completo en 2015 y es el que está hoy vigente.
Pese a esta ventaja tecnológica de inscripción, actualización y consulta de información online, que facilita el seguimiento y lo hace más accesible, uno de cada cuatro ascensores funciona sin ningún tipo de control. Alarma escuchar a quienes sostienen que hace falta una tragedia mayor, como la de Once, para que los porteños también empiecen a reclamar -a los consorcios y sus administradores- por buenas condiciones de los elevadores que los trasladan, en casa o en el trabajo.
En este sentido, resulta alentador un dato: mientras que en 2014, según información proporcionada oportunamente por el gobierno porteño, los vecinos realizaron 374 denuncias por irregularidades en los ascensores en su edificio, entre enero y octubre de este año la Agencia Gubernamental de Control concretó 3005 inspecciones por demanda vecinal. Apostemos al cambio cultural y a que no sea necesaria una tragedia.
Por Ángeles Castro
