El peronismo, en su peor momento en 40 años

Cristina Kirchner, pretendida abogada exitosa, ignora las nociones más elementales del derecho. Culpó en público y airadamente a los jueces del tribunal que la condenó a prisión por hechos de corrupción (y a una homérica conspiración nacional e internacional) de querer proscribirla porque la penó también a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No fue una decisión personal de los jueces ni mucho menos el resultado de una conjura contra la jefa del peronismo. La inhabilitación para ejercer cargos públicos es una sanción inherente a la condena por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, que es la figura jurídica con la que la condenaron. Lo dice el Código Penal, no la voluntad supuestamente arbitraria de tres jueces. Si es culpable de defraudar al Estado, la condena conlleva prisión e inhabilitación para ejercer la función pública.

Esos jueces eligieron una categoría jurídica más benigna que la de asociación ilícita, que es la que había pedido el fiscal Diego Luciani. Debería agradecerles a aquellos tres jueces, porque la salvaron de una pena mayor cuando no la culparon de haberse asociado clandestinamente para saquear los recursos del Estado. También es probable que los tres magistrados no hayan actuado así para beneficiarla de manera implícita; simplemente trataron de evitar la eterna polémica sobre si es posible que un gobierno se constituya como asociación ilícita. Esa polémica carece de sentido en este caso. Los fiscales no acusaron a un gobierno de asociación ilícita, sino solo a cuatro funcionarios: Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López (expoderoso secretario de Obras Públicas) y Nelson Perotti (exdirector de Vialidad Nacional durante los años del anterior kirchnerismo). La quinta persona que integra ese grupo de presuntos miembros de una asociación corrupta es Lázaro Báez, el empresario beneficiado con las decisiones de esos funcionarios. Pero Báez nunca fue funcionario del Estado, sino un hombre favorecido por aquellos que administraban el dinero público. Esas cuevas existen dentro del Estado y, por lo tanto, alguna vez debería aplicarse la figura de asociación ilícita, que esta vez, al revés de lo que supone Cristina Kirchner, el tribunal prefirió eludirla. En esta instancia, al menos; falta todavía que opinen (y sentencien) la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema.

El presidente Alberto Fernández bascula entre la nadería y la insignificancia

Hubo una decisión del tribunal que pasó inadvertida. Esos tres jueces (Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que votó por la asociación ilícita) les dejaron las manos libres a los fiscales Luciani y Sergio Mola para que hicieran judicialmente lo que quisieran con el material que acopiaron en su investigación. Ni lerdo ni perezoso, el fiscal Luciani tomó nota en el acto de los márgenes que le concedió el tribunal y decidió denunciar penalmente a Máximo Kirchner. Según los chats de José López recopilados por Luciani (con orden judicial, desde ya), el hijísimo actuó como intermediario entre Cristina Kirchner y López con Lázaro Báez para la pavimentación de 100 cuadras en Santa Cruz por valor de 25 millones de dólares. Hay un dato que empeora las cosas: eso sucedió en 2014, cuando Máximo Kirchner no tenía ningún cargo oficial. Era solo el delfín, el heredero natural de una dinastía política que aspiraba a gobernar el país durante mucho tiempo más. Luciani denunciará también penalmente a otros exfuncionarios y empresarios que aparecieron en los chats de José López, incluido Nicolás Caputo, dueño de una empresa de construcción y amigo personal de Mauricio Macri. La denuncia de Luciani se hará en primera instancia del fuero penal y se iniciará, así, otra causa por corrupción política. La sociedad espera que estos casos se resuelvan rápidamente. El juicio oral por la causa Vialidad, que terminó con la condena a prisión de Cristina Kirchner, duró más de tres años. El juicio a las juntas militares, que fue un hecho inédito en la historia de la humanidad, duró solo 14 meses, a pesar de que el tribunal debió escuchar cientos de testimonios, como lo cuenta Ricardo Gil Lavedra en su excelente e imprescindible libro sobre cómo fue todo aquello (La hermandad de los astronautas, Editorial Sudamericana).

Cristina Kirchner se escudó en el peronismo. Quieren proscribir al peronismo, dijo, remontándose a 50 años atrás, como si ella fuera Perón y como si medio siglo no significara nada en los avatares de cualquier sociedad y del mundo. Ella vive en un tiempo que ha sido. Los gobernadores peronistas coinciden en una sola cosa con la vicepresidenta: el peronismo podría recibir en las elecciones de 2023 la peor derrota de su historia. Cristina condiciona su vaticinio a que no mejore la capacidad de consumo de la sociedad. Puede que tenga razón: las sociedades suelen olvidarse de muchas cosas cuando la economía anda bien. Imposible en la situación actual y cuando falta tan poco tiempo para las elecciones. Los gobernadores peronistas detestan todo lo demás, incluido todo lo que hace Cristina Kirchner. Detestan, sobre todo, que ellos y el partido de Perón hayan quedado atrapados en el laberinto judicial de la vicepresidenta. Pero no pueden o no quieren hacer nada. El peronismo es hoy solo una federación de partidos provinciales en el que cada cacique local juega su propio partido. Cristina Kirchner renunció a lo que nunca tuvo; nunca, en efecto, podría haber sido candidata a presidenta el año próximo, porque, según las encuestas que ella misma mira y en las que cree, estaría condenada de antemano a una derrota. La renuncia a la candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires es condicional. Lo dijo en un momento de arrebato existencial, casi desquiciada por una noticia que, extrañamente, ella esperaba. Siempre tendrá el argumento de que su candidatura a senadora será necesaria para que el kirchnerismo gane en la provincia de Buenos Aires, donde ella tiene su mayor caudal de votos, aunque también perdió en la monumental provincia, en 2017, como candidata a senadora frente a Esteban Bullrich y Gladys González. Fue la peor humillación electoral de su vida.

Máximo Kirchner, heredero de esa estirpe política, está peor que su madre en cualquier encuesta. Quizás sea injusto, porque nunca tuvo cargos ejecutivos; ahora abrirán contra él una segunda causa por corrupción. Ya estaba imputado en la de lavado de dinero en los hoteles y edificios de la familia, la llamada causa Hotesur y Los Sauces. El presidente Alberto Fernández bascula entre la nadería y la insignificancia. Sus últimos dos actos públicos fueron la inauguración de un techo y una cadena nacional para hablar de un hacker que había penetrado ilegalmente en conversaciones privadas de un grupo de argentinos. También en cualquier medición de opinión pública, está peor que Cristina Kirchner. Se explica: ella tiene el liderazgo indiscutible del 25% de kirchnerismo ciego y fanático que existe en la sociedad argentina. Tal liderazgo no es transmisible al Presidente ni a su hijo. Axel Kicillof puede tener esperanzas de reelección en la provincia de Buenos Aires, pero nunca será un buen candidato a presidente de la Nación. En las encuestas nacionales también está peor que Cristina Kirchner.

Solo queda Sergio Massa. Como dijo Cristina Kirchner, su condición de presunto candidato depende de que mejore la capacidad de compra de los argentinos, destruida por una inflación insoportable. Su derecho a la esperanza se encoge, entonces, porque los economistas más serios señalan que la inflación del próximo año será del 100% en el mejor de los casos. Deberá lidiar, en el mientras tanto, con la monumental deuda en pesos. Según un informe de Idesa, el Gobierno deberá enfrentar vencimientos en bonos y letras por valor de 42.000 millones de dólares entre diciembre de este año y junio de 2023. Una deuda descontrolada, que el Gobierno subestima porque son pesos y no dólares. Los últimos vencimientos de la deuda en pesos no se renovaron totalmente. Mala señal.

El peronismo atraviesa su peor momento político y electoral desde 1983. Tuvo derrotas en las casi cuatro décadas que pasaron, pero nunca estuvo tan mal, nunca los presagios fueron tan pesimistas y nunca careció como ahora de liderazgos alternativos. La crisis del peronismo no convierte a Juntos por el Cambio en el heredero inevitable del poder; ahora, la coalición opositora solo tiene un desafío mayor. Debe disciplinar sus luchas internas si no quiere ser avasallada por liderazgos antisistemas que ya corren muy cerca de ella. América Latina es un laboratorio con pésimos resultados sobre esas novedades políticas que llegan para cambiar todo y terminaron destruyendo lo poco que quedaba.

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