El problema de las crisis migratorias
El presidente chileno, Gabriel Boric Font, firmó con su par argentino, Alberto Fernández, una serie de convenios de colaboración bilateral sobre una variedad de temas, entre ellos la gobernanza de migraciones. En declaraciones públicas Boric muestra preocupación por la crisis migratoria que coloca a Chile como uno de los principales países receptores de migrantes venezolanos y propone una solución regional en la que varios países compartan la responsabilidad de acogida. Un sistema por cuotas similar al que aplica la Unión Europea con los ciudadanos sirios o ucranianos que huyen de la guerra.
Aunque el acuerdo firmado no alude explícitamente a este sistema de cuotas, aboga por el “fortalecimiento de la gobernanza de las migraciones de forma ordenada, segura, regular y responsable, tanto binacional como regional, desde la perspectiva de los derechos humanos de las personas migrantes”. Y aunque esta es sin duda una problemática regional que debe ser gestionada con responsabilidad por parte de nuestros Estados, estos deben tener en cuenta que la crisis migratoria no es un problema solamente humanitario, sino que abarca una serie de diversas dimensiones entre las que se encuentran la sostenibilidad urbana y el acceso a la vivienda.
Nuestros gobiernos deben gestionar estos desafíos no solo como temas concernientes a los derechos humanos, sino observándose desde una arista más amplia que dé cuenta de los diversos problemas que una crisis migratoria conlleva, entre ellos, los que atañen al déficit habitacional de nuestras metrópolis. Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno chileno para 2020 había 490.000 venezolanos residentes en el país y este número representa un alza del 162% en relación con lo que se registraba hace cuatro años. La encuesta también revela que el 76% de los migrantes venezolanos residen en el área metropolitana.
Este comportamiento no es novedoso ya que sabemos que las grandes ciudades latinoamericanas son receptoras de flujos de migración interna y externa debido a que allí se concentran mayores oportunidades de acceso al trabajo. Sin embargo, esto no redunda en una mejora en la calidad de vida de los migrantes; por el contrario, los migrantes se ubican en una peor situación de acuerdo con las dimensiones de acceso a la ciudad y la vivienda. El Catastro Nacional Chileno (2019) muestra un marcado aumento de la cantidad de campamentos (denominación chilena para lo que en la Argentina conocemos como barrios populares) en Chile durante la última década. Entre 2011 y 2019 pasaron de ser 657 a 802, es decir, crecieron un 22%. Además, el 27% de la población relevada tiene nacionalidad extranjera. Es decir, casi el 30% de los migrantes que Chile recibe no puede acceder a una vivienda digna y se instala en un asentamiento informal.
Parecería existir una correlación bastante estrecha entre los flujos migratorios y la gestión urbana. Nuestras ciudades reciben a miles de personas que deciden abandonar sus lugares de origen en pos de obtener un trabajo y mejor calidad de vida; sin embargo, finalizan viviendo en contextos urbanos pobres, sin acceso a servicios básicos, y con alto riesgo de desastres naturales y antrópicos. Si efectivamente la Argentina decide avanzar hacia una modalidad de cuotas migratorias que distribuya la recepción de migrantes, se deben considerar políticas públicas que aborden la dimensión urbana y habitacional de este fenómeno. Ya que al igual que la chilena, nuestro área metropolitana enfrenta problemas estructurales en lo que concierne al déficit habitacional.
Es necesario desarrollar una política migratoria que contemple los derechos humanos en sentido amplio, considerando como esenciales el acceso a la ciudad y al hábitat justo. La cuestión migratoria es una arista más de la problemática social y urbana de nuestras grandes ciudades.
Director del Centro de Estudios Económicos Urbanos Escuela de Economía y Negocios-Unsam
Por Joaquín Tomé
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