El proyecto Compartir
Durante una reciente charla en Mendoza, el obispo de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto, se valió de una broma para plantear un cuestión importante que, finalmente, la jerarquía católica argentina ha decidido encarar con seriedad y valentía: el sostenimiento económico de la Iglesia. En esa dedicada materia, según la broma, "se pueden dar dos noticias, una buena y otra mala: una es que la Iglesia tiene mucho dinero; otra que está en el bolsillo de los católicos".
Lo cierto es -como ya lo anticipó La Nación en este espacio-, que la última asamblea plenaria de los obispos quedará en la memoria porque en su transcurso se aprobó lo que se ha bautizado como el proyecto Compartir, el mayor emprendimiento pastoral que se haya encarado para estudiar, modificar y transformar los aspectos económicos de la acción evangelizadora.
Favorablemente impresionado por el laborioso trabajo encarado por el Consejo de Asuntos Económicos que preside el arzobispo de Resistencia, monseñor Carmelo Giaquinta, e integran monseñor Casaretto y el diocesano del Alto Valle, José Pozzi, el plenario votó la propuesta y aceptó que en los próximos seis meses se desarrolle un plan piloto precisamente en las jurisdicciones que rigen los obispos mencionados.
El consejo directivo del proyecto Compartir que depende de la comisión episcopal, está presidido por el empresario Eduardo Casabal e integrado por el presbítero Rafael Braun, Vicente Espeche Gil, Juan José Ezama, Juan G. Navarro Floria y José Luis Picone.
En un reciente editorial, la revista Criterio -la cita cobra aún más significación porque varios de los nombrados integran su redacción- reflexionó sobre el tema e invitó a hablar abiertamente de varias cuestiones implicadas: las fuentes de financiamiento e ingresos, el destino de los fondos, su gestión o administración, y las formas de comunicación de bienes dentro de la Iglesia. La cuestión del aporte estatal -a la que no se reduce el asunto pero cuya importancia no puede negarse- merecerá amplia discusión y desde ya suscita enfoques y análisis dispares entre algunos obispos y en sectores de la Iglesia, inquietos entre otras razones por la falta de transparencia. Es que en estos últimos años en el presupuesto nacional figuran dos partidas por un total de 21 millones de pesos. Un tercio es distribuido por la Subsecretaría de Culto con intervención del Episcopado; los otros dos se canalizan por medio de la Secretaría General de la Presidencia, pero por carriles menos públicos. Ese peculiar procedimiento ha abierto espacio a manejos arbitrarios y a que el Estado destine recursos públicos en función del grado de relación política o amistad que mantiene con este o aquel obispo.
No es, claro, la única cuestión polémica y delicada. ¿Debe la Iglesia recibir dinero de cualquier origen y color (al margen de que, por ahora y por vía de hipótesis, supongamos que va a ser siempre bien usado)? ¿Debe recibirlos de empresas y empresarios cuyos manejos económicos son turbios o estén sospechados? ¿Y de empresas que ostensiblemente deterioran con su actividad el medio ambiente? ¿Y de aquellas que desarrollan una política de explotación abusiva de sus obreros o empleados, o no pagan sus impuestos? Si ha de haber un límite, ¿dónde ponerlo? Al aprobar el proyecto, los obispos han asumido con valentía y decisión un tema delicado y controvertido, pero que seguramente derivará en una mayor conciencia de los fieles, en una administración más eficiente, transparente y solidaria y en una mejor asignación de los recursos para la ayuda de los más necesitados. El plan es ambicioso y de largo alcance, pero permitirá analizar y definir mecanismos alternativos para aumentar los aportes de todo tipo, diseñar las herramientas para la gestión económica de las parroquias y las diócesis y realizar un diagnóstico global de la situación económica de la Iglesia en la Argentina.
