El rebrote del virus deja en suspenso al lawfare de Cristina Kirchner

Alberto Lugones sabía que el bloque oficialista en el Consejo de la Magistratura no iba a acompañar en la reunión de ayer su pedido para que la Corte suspenda la actividad del Poder Judicial con la excusa de las nuevas restricciones dispuestas ante el nuevo rebrote del Covid-19. Una novedad que debió sorprenderlo. La nota que el vicepresidente del Consejo presentó el lunes reflejó la estrategia de un sector del kirchnerismo para habilitar una ventana de tiempo que le permita a Cristina Fernández de Kirchner contar con mayor margen de maniobra en las causas más comprometedoras.

La rectificación había comenzado el martes con la aparición de Wado de Pedro en la señal de noticias TN, en un intento por desmentir la supuesta radicalización del gobierno de Alberto Fernández. Diego Molea ya le había hecho saber al máximo tribunal que no promovería ningún tipo de medida que la involucre sin alcanzar un consenso previo. El titular del Consejo de la Magistratura tiene una estrecha relación con el ministro del Interior a través de Gerónimo Ustarroz, delegado del Poder Ejecutivo en ese cuerpo.

Es probable que el agravamiento de la crisis por la pandemia haya determinado esa súbita variación de temperamento. Aunque también pudo incidir la visita de Juan González a la Argentina. En su contacto con la prensa, el asesor de Joe Biden para América Latina criticó a China y a Rusia por la política que les atribuyó desarrollar con la distribución de vacunas en la región. Pero también se mostró optimista con que los Estados Unidos brinde una respuesta global a la pandemia que incluiría, por supuesto, vacunas para la Argentina. Y, quizás, colaboración para llegar a un acuerdo con el FMI.

Si no lo fue, lo que dijo González se pareció bastante a un cuestionamiento al multilateralismo celebrado por Cristina hace unas semanas. Aunque se encargó de dejar en claro la condición de “país soberano” de la Argentina para definir sus relaciones con otros Estados, dejó un mensaje: “queremos establecer reglas de juego”. Lo hizo a pocas horas de que Carla Vizzotti tuviese que admitir que el gobierno no sabe cuándo le llegarán más dosis de Sputnik V y Sinopharm.

El informe anual difundido el 31 de marzo por el Departamento de Estado sobre los derechos humanos en el mundo tendió el escenario en el que habló González. A cargo de Anthony Blinken, ese documento fue particularmente crítico con la Argentina. “Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado, socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”, señala. El documento menciona la causa por supuesto espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri, que compromete a los jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

A ella aludieron los medios ligados a Cristóbal López el 9 de abril para dar por cierto que en junio de 2017 el presidente Macri se habría reunido con un miembro de la Corte para intervenir en el concurso de quiebra de la empresa Oil. Un elemento de prueba que habría surgido de las pericias realizadas al teléfono del secretario privado de Macri, Darío Nieto, ordenadas por el juez Juan Pablo Augé. Las versiones sobre el visitante del presidente difieren. Para algunos fue Carlos Rosenkrantz. Otros hablan de Ricardo Lorenzetti.

Por ahora, solo conjeturas. Lo mismo que el acercamiento de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda a Lorenzetti, que le permitiría restituir la mayoría con la que ejerció la presidencia de la Corte hasta que lo sustituyó Rosenkrantz con el voto de ellos dos más el de Horacio Rosatti. Alberto Fernández aludió a Highton de Nolasco el 1° de marzo en la Asamblea Legislativa por “permanecer en su cargo más allá del tope de edad que la Constitución le impone”. La jueza consiguió un amparo que le permite continuar en su lugar a pesar de tener más de 75 años.

En algunas versiones, la embestida del presidente se fundaría en la necesidad de abrir una vacante a Claudia Sbdar. Ligada al gobernador Juan Manzur, Sbdar fue mencionada entre los posibles sucesores de Marcela Losardo en el Ministerio de Justicia. Actualmente preside la Corte en Tucumán, la única provincia donde la Justicia ordinaria investigó violaciones a la cuarentena dispuesta el año pasado por un decreto presidencial. Delitos que si existieron, debió investigar el fuero federal. No todas las denuncias prosperaron. En especial una, efectuada por Alejandra Martínez.

La secretaria Adjunta de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) en Tucumán pidió investigar la reunión que el 25 de mayo tuvo lugar en el domicilio que comparten la diputada nacional Gladys González y su esposo e intendente de La Banda Río Salí, Darío Monteros. Habrían asistido, entre otros, los jefes comunales de Las Talitas y Tafí Viejo, Carlos Naja y Javier Noguera, y los diputados provinciales Gerónimo Vargas Aignasse y Darío Monteros. Todos relacionados con Juan Manzur. Igual que al gobernador, a Sbdar se la vincula con el empresario Hugo Sigman.

Para Martínez se trató de un encuentro gastronómico que violó la regulación vigente. Para los denunciados, una mesa de análisis sobre las consecuencias de la pandemia. Desde entonces Julio Piumato rompió relaciones con Martínez. El titular de la UEJN la acusa de enturbiar su relación con el presidente por las denuncias contra el entorno de Manzur. Martínez hizo presentaciones judiciales por hostigamiento contra las autoridades nacionales de la UEJN.

Piumato atraviesa un momento delicado. Vanessa Siley anuló su influencia en el Consejo de la Magistratura desde que ocupa una de las cuatro vocalías de la Cámara de Diputados. Siley es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) que aspira a competir con la UEJN por la representación gremial de los trabajadores del sector con el respaldo de Máximo Kirchner. Piumato intenta acercarse a De Pedro. Compartió militancia con su padre desaparecido.

Siley estableció una relación dinámica con Victoria Pérez Tognola. La jueza de la Cámara Federal de Seguridad Social es la esposa de Julio Vitobello, el secretario general de la Presidencia. Pérez Tognola cuestiona la primacía de Lugones en la lista Celeste que a fin de año le disputará a la Bordó el control de la Asociación de Magistrados Nacionales que conduce Marcelo Gallo Tagle pero cuyo referente histórico es Ricardo Recondo. Al igual que Lugones, representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura.

La metamorfosis entre la lista Celeste y Justicia Legítima habría fortalecido la posición de Pérez Tognola, de quien el kirchnerismo destaca una perseverancia en el trabajo y una capacidad de lucha que no reconocen en Vitobello. Dejó constancia de esos atributos al liderar la oposición al incremento de los aportes previsionales del Poder Judicial del 12 al 18 por ciento. Uno de los primeros proyectos de ley enviados al Congreso por Fernández: el superior de su esposo. Una condición espiritual que obligó a Gallo Tagle a incurrir en audacias inesperadas. Le solicitó al Consejo de la Magistratura que investigue las visitas efectuadas a Macri en la Quinta de Olivos por los camaristas de Casación, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Los mismos que procesaron a Cristina, al viceministro de Justicia, Martín Mena, y al ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque, en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán. Los tres pidieron su nulidad con ese argumento. Una música celestial contra el lawfare que tal vez no vayan a escuchar. La segunda ola de la pandemia podría dejar su sonido en silencio.