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El reclamo por las Islas Malvinas
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LA NACION
Hoy se cumple un nuevo aniversario del despojo de las Malvinas. La Cancillería emitirá un comunicado que distribuirá en la ONU. El Reino Unido responderá que "no tiene dudas" sobre su pretendida soberanía. Luego, todo seguirá igual. Es necesario romper la inercia.
Es hora de poner en práctica la tan mentada política de Estado. Toda acción debe ser consensuada por el arco político argentino. Vecinos como Bolivia, Chile y Perú siguen este método cuando se trata de cuestiones de interés vital como las que sometieron ante la Corte de La Haya. Políticas consensuadas evitarán situaciones como las creadas por la Declaración Conjunta del 13 de septiembre de 2016. Una política responsable es hacer frente a los problemas buscando soluciones, no dejándolos para un futuro incierto.
Mejorar las relaciones con el Reino Unido es positivo, pero no acerca por sí solo la solución de la disputa. Los países que se respetan defienden sus posiciones, incluso frente a sus aliados y poderosos vecinos. Ejemplo: Canadá y su firmeza en la defensa de sus posiciones en el Ártico frente a Estados Unidos.
Romper la inercia con una política consensuada significa elaborar una propuesta concreta de solución de la controversia y de gestión a corto plazo, abrir el diálogo con los isleños y estar dispuestos a utilizar todos los ámbitos y medios disponibles de solución pacífica.
Desde 1983, los gobiernos plantean la necesidad de reabrir las negociaciones. Sin embargo no existe una propuesta concreta para llevar. Ante la ausencia de negociaciones, una propuesta hecha pública contribuye a fortalecer apoyos internacionales y a desvirtuar la propaganda británica que nos acusa de ser los "colonialistas". Abre una perspectiva, hoy ausente.
No es verdad que la Argentina impone sanciones a los actuales habitantes. Es la persistencia de la disputa lo que obstaculiza el normal desarrollo de las islas, como ocurre con cualquier otro conflicto territorial. Si no hay más contactos entre el continente argentino y las islas es porque la dirigencia isleña se opone. Debemos hacer propuestas para la venta de productos y servicios en las islas, y para promover contactos culturales y deportivos, entre otros. Corresponderá a la otra parte aceptarlos o no. No puede pretender imponernos que levantemos las medidas adoptadas por unanimidad del Congreso para proteger lo que consideramos nuestros recursos naturales mientras no acepte siquiera negociar para resolver la disputa.
De la misma manera, no podemos ignorar a los habitantes de las islas. No constituyen un "pueblo" titular del derecho de libre determinación, pero tampoco son un objeto, son sujetos. Es hora de aceptar que si queremos respetar sus intereses y modo de vida, debemos dialogar con sus representantes electos. En nada menoscaba nuestra soberanía ni nuestras posiciones.
La política de Estado exige también estar dispuestos a consensuar el uso de diversos ámbitos y medios de solución que fueron abandonados después de la presidencia de Alfonsín o que no han sido aún utilizados. Con decisiones tomadas en común no hay uso de la cuestión con fines de política interna.
A dos años del bicentenario de la toma de posesión de las islas por la Argentina, la dirigencia política (gobierno y oposición) tiene la obligación de asumir de verdad la política de Estado. En un país con un altísimo grado de intolerancia y hasta incapaz de unirse en el dolor del ARA San Juan, una actitud común en Malvinas aportaría además un poco de aire fresco.
Profesor de Derecho Internacional, Graduate Institute, Ginebra; Coautor de Las Malvinas entre el derecho y la historia (Eudeba)
Marcelo Kohen
LA NACION
