El sincericidio que desnudó la extorsión del kirchnerismo

En reiteradas ocasiones, la República ha estado en peligro durante la era kirchnerista. Cómo no habría de estarlo cuando la propia Cristina Kirchner ha considerado públicamente que la división de poderes, eje del sistema republicano, resulta una antigüedad y ha sugerido que el Poder Judicial está en las antípodas de la democracia porque los jueces no son el resultado de una elección popular.

La República ha corrido serios riesgos cuando el gobierno de Cristina Kirchner impulsó una reforma judicial tendiente a colonizar la Justicia Federal y también durante la presidencia de Alberto Fernández, dos años atrás, cuando se impulsó otra reforma que apuntaba a modificar el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, que tenía como fin último garantizarle impunidad a la vicepresidenta de la Nación frente a las investigaciones por corrupción de las que es objeto.

Hoy el mismo riesgo vuelve a ponerse de manifiesto en la medida en que el intento de magnicidio del que fue víctima la expresidenta es empleado como pretexto por sectores del oficialismo para volver a la carga con sus iniciativas para reformar la Justicia y para reflotar la derogada ley de medios de comunicación.

Incluso, el frustrado magnicidio podría ser utilizado para plantear algo todavía peor, como una “ley del odio” a semejanza de la aplicada por el chavismo en Venezuela, que habilitó la clausura de medios de comunicación, la persecución y detención de periodistas y dirigentes opositores, y la censura permanente.

La idea de la lucha contra los llamados discursos del odio ha sido históricamente pensada para la defensa de minorías vulnerables o grupos minoritarios religiosos o migratorios frente a la posibilidad de ataques sistemáticos que pusieran en juego sus derechos más elementales. No fue ideada para proteger a quienes ejercen el poder. Sin embargo, en la Venezuela chavista ha sido utilizada como una ley mordaza, dirigida a silenciar las voces críticas contra el régimen de Nicolás Maduro y para ahogar financieramente a los medios de comunicación indóciles mediante la aplicación de severas multas y penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes violaran sus disposiciones.

Entre los colmos de la ley del odio venezolana, un artículo establece que los prestadores de servicios de radio, televisión y medios impresos “están obligados a difundir mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad”. A tal efecto, “el Estado –dispone la ley– podrá ordenarles a los prestadores de estos servicios la difusión de estos mensajes por un tiempo de treinta minutos semanales” y, en su transmisión, “se otorgará prioridad a aquellos producidos por productores nacionales independientes y organizaciones y movimientos sociales del Poder Popular”. También estarán obligados a cumplir esa disposición las personas jurídicas que administran las redes sociales y los medios electrónicos.

Es cierto que lo más probable sea que el Congreso argentino no avale una ley del odio como la venezolana, por cuanto el oficialismo no cuenta con las mayorías necesarias para aprobarlas. Sin embargo, su sola discusión constituiría un nuevo retroceso para la imagen internacional del país y para su seguridad jurídica.

No es, sin embargo, indispensable que se hagan públicas iniciativas legales para advertir la ofensiva que, desde el kirchnerismo, tiene lugar contra la dirigentes opositores, contra jueces y fiscales involucrados en las causas donde se investiga a la vicepresidenta y contra periodistas críticos del Gobierno. La idea, absurda desde donde se la analice, de que el atentado contra Cristina Kirchner a manos de Fernando Sabag Montiel fue la consecuencia del discurso del odio promovido por sectores de la oposición política, de los medios periodísticos y del ámbito judicial ya se convirtió en un guión para todo militante o dirigente que se precie por su fidelidad a la expresidenta.

Altos funcionarios como el gobernador Axel Kicillof o el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se han puesto a la cabeza como difusores de ese relato.

Pero ya con anterioridad al ataque que sufrió Cristina Kirchner en la puerta de su domicilio en la Recoleta, el relato cristinista se sustentaba en que el pedido de condena hecho público por el fiscal Diego Luciani era contra todo el peronismo y en que asistimos a una “persecución judicial, política y mediática” tendiente a proscribir a la vicepresidenta en las elecciones generales de 2023, donde podría ser candidata presidencial o a senadora nacional por el distrito bonaerense.

Con el correr de las horas luego del episodio acontecido en Juncal y Uruguay en la noche del jueves último, los mensajes elípticos desde el kirchnerismo se transformaron en propuestas sin rodeos. La más enfática sobre las intenciones de quienes están más cerca de Cristina Kirchner fue expresada por el senador nacional José Mayans: “¿Queremos paz social? Bueno, comencemos con parar este juicio vergonzoso”, planteó en referencia a la causa Vialidad. Añadió que “en este juicio se gestó el germen de la violencia extrema y debería ser parado por la Corte”, además de acusar a la Justicia de “potenciar los discursos del odio”, la expresión que no puede faltar nunca en los pronunciamientos guionados emitidos desde el kirchnerismo.

Mayans intentó ayer rectificarse, luego de el senador Oscar Parrilli, hombre de la máxima confianza de la vicepresidenta, saliera al cruce de aquellas expresiones y afirmara: “Para CFK, sólo Justicia, sin paralizaciones o injerencias extrañas. Y con jueces imparciales”.

Las supuestas disidencias no disimulan que el cristinismo buscar frenar la causa Vialidad. Parar el juicio o cambiar a sus jueces no hace gran diferencia.

La advertencia de Mayans es una de las más claras pruebas de que quien, en realidad, está poniendo en peligro la paz social es el kirchnerismo y está haciendo eso, precisamente, porque la Justicia está avanzando en investigaciones que comprometen gravemente a Cristina Kirchner y a otros conspicuos representantes de su gobierno.

El supuesto malestar que provocaron las declaraciones de Mayans en otros referentes del entorno de la expresidenta no es más que la incomodidad en que los colocó el sincericidio de este senador, a tono con el cántico de la militancia que advierte “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar”. No es que no compartieran su criterio, sino que este era inconfesable. Sin quererlo, Mayans develó el objetivo de su sector político y su metodología extorsiva, junto a una admisión indirecta de la culpabilidad de la vicepresidenta.