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El testaferro que compromete a Cristina
Una suposición se reveló como una certeza: Lázaro Báez es -y fue- testaferro de la familia Kirchner. En la grabación de una escucha telefónica (cuyo audio se conocerá próximamente), Báez asevera que todo lo que tiene es "del que está arriba", en una inconfundible alusión a Néstor Kirchner. Es la voz de Báez aceptando que una fortuna valuada en unos 900 millones de dólares (solo en Santa Cruz tiene tal cantidad de tierras que supera varias veces el tamaño de la Capital Federal) pertenecían a Kirchner y, por lo tanto, a sus herederos. Esa grabación podrá ser usada por la Justicia en las distintas causas que investigan la corrupción del gobierno que concluyó en 2015 con Cristina Kirchner en la presidencia. Los dos requisitos que la Justicia necesita para validar una escucha telefónica es que haya sido ordenada por un juez y que haya estado bajo el control de un fiscal.
Ambas condiciones se cumplen en este caso. Si bien la escucha telefónica a Báez es consecuencia de una orden judicial por otra investigación (la que persigue al llamado "rey de la efedrina", Mario Segovia), lo cierto es que cayeron en la interceptación todas las conversaciones que se hacían desde el penal de Ezeiza. En esa cárcel están encerrados Segovia y gran parte de la nomenclatura kirchnerista.
La Justicia ya tenía elementos más importantes que la mera sospecha. En uno de los allanamientos ordenados por el juez Claudio Bonadio se encontró el testamento de Báez. Según ese documento, todas sus propiedades debían entrar, a su muerte, en un fideicomiso a nombre de sus hijos, pero estos podían disponer de ellas solo 30 años después. Durante tres décadas, los hijos de Báez solo estarían en condiciones de disponer de parte de las ganancias, pero no de las propiedades. ¿Qué explica este caso insólito de legítimos herederos que no podrán disponer de su herencia? Los funcionarios judiciales conjeturaron en el acto que las cosas se habían dispuesto de esa forma para que lo verdaderos propietarios (los Kirchner) tuvieran tiempo para decidir sobre esos bienes. La exfamilia presidencial está condicionada por las muchas causas judiciales para hacer ostentación de bienes que no pueden –ni podrán– justificar. Báez nunca se arrepintió ante la Justicia a pesar de que pasaron casi nueve años de la muerte de su amigo Néstor (nunca fue amigo de Cristina Kirchner) y de que él mismo está preso desde hace más de tres años. Su voz grabada por primera vez en una escucha telefónica en poder de la Justicia es la primera prueba concreta de que la sospecha y la conjetura eran finalmente ciertas. Por qué calla Báez es otra cuestión. Algunos lo atribuyen a un intenso sentido de la lealtad al amigo muerto. Otros creen, en cambio, que está esperando que pase el tiempo de la cárcel para quedarse con todas las propiedades que no le pertenecen.
Los Kirchner tuvieron distintas relaciones con empresarios que se beneficiaron de su gestión al frente del Estado. Báez es, a todas luces, un testaferro irrepetible. Su origen como simple empleado bancario (eso era en 2003) no podría justificar nunca una fortuna de casi 1000 millones de dólares, construida en apenas 12 años. También tenían socios. Dos de ellos fueron Cristóbal López y Juan Carlos Relats; este último murió en 2013. Lo sucedió su hija, Silvana, que también murió en 2016. Los Relats se cansaron de perder dinero (y los Kirchner de ganar) cuando aquellos alquilaron el Hotel Los Sauces, en El Calafate, propiedad de la entonces familia presidencial. Los Relats tenían al mismo tiempo una importante empresa de obras públicas. Según el testimonio como arrepentido ante la Justicia de José López, exsecretario de Obras Públicas, en los últimos días de su presidencia Cristina Kirchner dio la orden de que se pagara toda la deuda del Estado a solo tres empresarios: Báez, Cristóbal López y los Relats. Una mezcla entre testaferro y socios. Otros empresarios, con firmas históricas en la construcción simplemente pagaban puntuales coimas por la adjudicación de obras (o para cobrar lo que costaban), de acuerdo con sus testimonios ante la Justicia.
La desesperación actual del cristinismo es consecuencia del fárrago de pruebas que ya existen. Hay dos estrategias claras para voltear las principales causas sobre la corrupción del gobierno anterior, fundamentalmente la investigación que se desplegó a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Una consiste en comprometer al fiscal Carlos Stornelli, e indirectamente al juez Bonadio, en maniobras poco transparentes que los inhabilitarían moralmente. Es la "operación puf puf", según la expresión barriobajera del operador cristinista Eduardo Valdés, que tiene su centro en el juzgado federal de Dolores, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. La otra estrategia radica en deslizar que varios arrepentidos ante la Justicia, empresarios y exfuncionarios dejaron testimonio ante escribanos de que habían declarado presionados por el fiscal Stornelli o el juez Bonadio. Y que nada de lo que dijeron es cierto.
Funcionarios judiciales creen que existen algunas de esas declaraciones ante escribanos, pero que la carga de la prueba tiene tal dimensión que aquellas rectificaciones quedarán solo como apuntes a pie de página. Además, si fuera así, perderían la condición de arrepentidos, porque habrían demostrado ante escribanos que le mintieron a la Justicia. La ley del arrepentido aumenta la pena de este si se demuestra que no dijo la verdad. La presión es poco probable por el estricto procedimiento que debe respetarse en el caso de los arrepentidos. Estos nunca están solos ante el fiscal ni ante el juez. Siempre son acompañados por sus abogados defensores, y están presentes también secretarios letrados de la fiscalía y del juzgado, que son los que levantan las actas. En la audiencia de homologación ante el juez (Bonadio en este caso), el magistrado debe hacerles a los arrepentidos una serie de preguntas iniciales. ¿Alguien los presionó para que se arrepintieran? ¿Eligieron sus abogados defensores en absoluta libertad? ¿Dijeron lo que realmente les consta?
En el juzgado de Bonadio señalaron que el magistrado estuvo al tanto, desde el primer momento, de las versiones sobre arrepentidos que se arrepintieron ante escribanos de haberse arrepentido. Ordenó desde entonces un cúmulo enorme de medidas de pruebas para corroborar las aseveraciones de los arrepentidos: cruces de llamadas telefónicas, movimientos de dinero, chequeo y rechequeo de las anotaciones de Centeno en sus cuadernos, decisiones del gobierno de entonces que coincidían en el tiempo con las descripciones de los cuadernos. Ahora son mucho más importantes en el expediente las pruebas acumuladas que las declaraciones de los arrepentidos. Centeno era el chofer de Roberto Baratta, un taxista y vendedor de loterías que los Kirchner convirtieron en administrador de toda la energía del país. Otro salto exponencial en la vida de un hombre común. Parecido al caso Báez. Sofisticación no se le podía pedir. Menos se le podía reclamar que no dejara sus huellas en las fechorías que cometió.
La "operación puf puf" puede resumirse en pocas líneas. El extorsionador, Marcelo D’Alessio, y el extorsionado, Pedro Etchebest, habían compartido trabajo, fueron socios, se vendieron autos entre ellos y juntos llegaron y juntos se fueron de Pinamar, donde le tendieron la trampa al fiscal Stornelli. Supuestamente, Etchebest era extorsionado por Stornelli, a través de D’Alessio, para que lo beneficiara en la causa de los cuadernos. Etchebest nunca figuró en esa causa ni fue nombrado por nadie. Hay un típico falso influyente en el medio, D’Alessio, que se hacía pasar por gente de la DEA. ¿Qué agente verdadero de la DEA dice que es de la DEA? Y hay un supuesto empresario extorsionado, Etchebest, de quien no se sabe siquiera si ese es su verdadero nombre. Figura con otro nombre en otros lugares. ¿Por qué la trampa se urdió en Pinamar, donde el fiscal estaba de vacaciones? Porque ahí no es necesario sortear al juez federal. Hay uno solo, Ramos Padilla, que está en Dolores y tiene jurisdicción en Pinamar. Ramos Padilla, de clara militancia en el kirchnerismo, tuvo conocimiento previo de la maniobra. La ejecución de la trampa la habría autorizado personalmente Cristina Kirchner. Todo esto surge de nuevas escuchas telefónicas, que grabaron a operadores políticos que, como Báez y Baratta, son más chambones que sutiles. La corte del cristinismo no es ni buena ni mala. Es así.
