
El trasfondo económico y geopolítico de la brutal represión china en la provincia de Xinjiang
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Xinjiang es una provincia china, ubicada en la zona oeste de su territorio, alcanzando una superficie de 1.650.000 km2 (aproximadamente un 10% del total continental). Asimismo, cuenta con una población de unos 20 millones de habitantes.
La región en cuestión fue ocupada en 1949 por la República Popular China. Hasta ese momento constituía una república independiente, denominada Turkestán Este. A esa fecha, su etnia —por entonces mayoritaria— denominada Uigur constituía el 80% de la población. Por su parte, la etnia Han fuertemente mayoritaria de la República Popular (92% del total de la población) conformaba solamente una minoría absoluta.
La etnia Uigur es absolutamente diferente de la Han. En efecto: su origen y fisonomía son turcas, al igual que su lengua y religión musulmana. Para agravar aún más la diferencia, la gran mayoría de su población no habla ni lee ninguno de los más de 50 dialectos chinos derivados del mandarín, lengua oficial de la nación.
Una vez ocupado el territorio en cuestión, el gobierno central de China (manejado por la etnia Han) comenzó de inmediato una fuerte política de migración de su gente hacia la zona en cuestión. A lo largo de los años este proceso se fue acelerando, habiéndose llegado a la dramática situación actual: la etnia Han pasó a ser mayoría con un 65% de la población, ocupando el poder político y discriminando —cada vez más— a la ahora minoría Uigur.
A lo largo de este vejatorio proceso, continuamente se produjeron disturbios de protesta por parte de los uigures, los cuales han sido violenta y crecientemente reprimidos por el gobierno de la mayoría Han. A este respecto, a la fecha continúa la persecución y el encarcelamiento de numerosos miembros de la comunidad, incluyendo muertos y heridos.
Esta brutal represión —documentada por medios internacionales— se implementa actualmente a través de una estructura de control que se inicia con la identificación de uigures “sospechosos”, continúa con la detención de miles de ellos y finaliza con su internación —sin juicio ni garantía alguna de debido proceso— en campos de concentración, denominados “Centros de Educación Ideológica” (sic). Se estima que, a la fecha, más de 1,5 millones de uigures están confinados en estos campos y sólo son liberados cuando la “autoridad” considera que ya están en condiciones de “integrarse” a la cultura e ideología política china, incluyendo su forma de pensar, hablar y de vestirse.
Obviamente, en los campos las condiciones de vida no son precisamente razonables; contando los mismos con unidades policiales de control, torres con guardias armados y sistemas de vigilancia con cámaras. Claramente, todo este esquema de represión constituye una clara e inaceptable violación de los derechos humanos de esta sufrida minoría étnica. Más aún, en el actual sistema represivo, las autoridades chinas están utilizando tecnologías de punta; entre otras: seguimiento de aplicaciones en celulares, sistemas de reconocimiento facial y uso de “inteligencia artificial”.
Ahora bien: ¿la raíz de esta gravísima represión es sólo étnica? Claramente, no. En efecto, los recursos energéticos están jugando un rol fundamental en el conflicto: la región bajo análisis posee un tercio de las reservas chinas de petróleo y más de un 50% de las de gas y carbón. Sin embargo, y tal como acontece en otras regiones del mundo, la mayoría étnica Han se apropió de las regalías correspondientes y se olvidó por completo de los derechos de las minorías. A este respecto basta mencionar que, actualmente, la mayoría de la población uigur se halla sumergida en elevados niveles de pobreza. Asimismo, desde el punto de vista geopolítico, la importancia de la región no es menor: la misma posee una extensa red vial y ferroviaria que la comunica con Asia Central; se constituyó en la entrada al país de gas y de minerales provenientes del oeste asiático y, además, forma parte integrante de la nueva “ruta de la seda”.
Es claro que el objetivo último de las autoridades chinas es desplazar definitivamente a la minoría uigur y, de este modo, asegurarse el abastecimiento de tan importante fuente energética y centro geopolítico. En síntesis: una vez más, la existencia de un ancestral conflicto étnico es utilizada por la mayoría étnica gobernante (tal como ocurre en Darfur, el delta del Niger y el Caucaso, entre otros) para aplastar y desplazar de un territorio rico en recursos energéticos y de gran importancia geopolítica a minorías que, usualmente, procedieron de la propiedad de la tierra. A este respecto, llama la atención la inoperancia de las Naciones Unidas para evitar este tipo de genocidios y masacres, así como también —en el caso particular bajo análisis— la falta total de protesta por parte de los países con mayorías musulmanas. ¿Será que los valores económicos y geopolíticos estratégicos se hallan por encima de la vigencia de los derechos humanos?



