El voto en blanco no es un voto válido

La desazón que el resultado electoral produjo en las filas de Juntos por el Cambio fue de tal magnitud que comenzó a instalarse la idea de no votar en el balotaje, o hacerlo en blanco, o hacer un voto nulo, al que la gente mal denomina “impugnado”. El razonamiento sería que si nadie convence entre las opciones posibles en la doble vuelta, votar en blanco o votar mal es una forma válida de expresar la disconformidad con las propuestas que han quedado como oferta electoral. Veamos.

En primer lugar, el voto en blanco no es un voto válido como muchos sostienen. El artículo 101 del Código Nacional Electoral establece 5 tipos de votos (válidos, nulos, recurridos, impugnados y en blanco). Los votos en blanco no están incluidos en la categoría de los “válidos”. En segundo lugar, la Constitución nacional no los considera como base para el cálculo de los porcentajes que deben alcanzar los candidatos, en primera vuelta, para evitar el balotaje. El artículo 97 establece que ellos se calculan sobre votos válidos (dejando de lado los nulos) y sobre los “afirmativos” (dejando de lado los votos en blanco, a los cuales, por ende, considera “negativos”).

En tercer lugar, ni la Constitución ni la legislación electoral asignan a los votos en blanco o a los nulos efecto jurídico alguno. Simplemente no los tiene en cuenta. No se prevé que si determinada cantidad de electores votara de ese modo debería desarrollarse una nueva elección con otros candidatos. Eso sería adjudicar una consecuencia al voto en blanco; pero no está previsto de ese modo. Si bien en la primera vuelta esos votos restan a la base sobre la cual se calculan los porcentajes y elevan los de todas las fórmulas, ayudando a la que nominalmente fue más votada a superar el 45%, votar de ese modo no genera efectos directos en la elección. Por último, votar en blanco, hacer un voto nulo o abstenerse de votar (más allá de que esto último acarrea sanciones) lesiona el sistema pergeñado por la Constitución, que consagra la vigencia de una democracia representativa y crea órganos de gobierno cuyos miembros deben ser elegidos por el pueblo.

Si la gente no votara por alguien, se desactivaría el sistema constitucionalmente consagrado; se vaciarían el contenido y el funcionamiento de las instituciones, con el caos que eso significaría. La función del voto no es solo elegir gobernantes, sino además activar el funcionamiento institucional previsto en la Ley Suprema. El voto constituye una función pública constitucional, y su ausencia lesiona al sistema.

Argumentar que eso es hipotético porque siempre alguien vota es suponer que siempre habrá ciudadanos que enmendaran nuestras conductas cívicas equivocadas, lo cual es un razonamiento absurdo y egoísta. Para el sistema, ese que tanto nos faltó entre 1930 y 1983, es menos malo votar por el menos malo que no hacerlo por nadie.

Mal podría la Constitución darle validez a un voto “por nadie”, cuando es la que exige que “alguien” sea votado para dar vida al sistema por ella contemplado. Además resulta ingenuo creer que votando en blanco o haciendo un voto nulo nadie se beneficia. Como señalé, en una primera vuelta, esos votos no forman parte de la base sobre la cual se calculan los porcentajes, por lo que quienes los emiten permiten aumentar los obtenidos por todas las fórmulas, beneficiando a la que más votos obtiene nominalmente, ya que la ayudan a alcanzar el porcentaje que necesita para evitar la segunda vuelta. En cambio, en el balotaje, si bien los votos en blanco y los nulos no tendrán efecto y no modificarán porcentajes, si el 25% de los electores de Juntos por el Cambio vota de ese modo, impedirá que Milei aumente su caudal electoral y permitirá que Massa gane la elección, aun cuando obtuviere la misma cantidad de votos que en la primera vuelta, independientemente de la cantidad de votos en blanco o nulos que existan. La calidad de la democracia se nutre de la cultura cívica de los electores, esa que nos permite entender las consecuencias de nuestros actos electorales y que detrás de cada voto hay mucho más que la elección de un gobernante.

Abogado constitucionalista, profesor Derecho Constitucional UBA