En contra del populismo educativo

A lo largo de su historia, Argentina ha sostenido diversas iniciativas que le dieron un reconocimiento muy merecido como Nación con vocación de formar a sus ciudadanos y hacer de la educación un rasgo distintivo y un elemento de movilidad social probado y valorado.

Aunque hoy parezca lejano, hubo un sueño argentino vinculado al progreso transgeneracional apalancado en la educación: se popularizó bajo la fórmula “M’hijo el dotor.”

Todos los esfuerzos que puedan hacerse para recuperar ese imaginario y esa seña de identidad son imprescindibles. Se vuelve indispensable hoy explicarlo: más educación es mejor convivencia, mejores estándares de desempeño económico y relaciones sociales más equilibradas. Ninguno de los objetivos nobles que una sociedad pueda establecer podrá ser concretado sin personas mejor dotadas de capacidades, habilidades y saberes generados en entornos educativos de calidad.

Ahora bien, esas hermosas palabras chocan con una situación concreta alarmante, solo 61 de cada 100 jóvenes terminan la escuela media en el tiempo proyectado y, aún más dramático, de esos 100 solo 13 logran alcanzar el conjunto de conocimientos esperables. El cálculo es sencillo: un tercio de los jóvenes está en una situación de riesgo extremo y 5/6 no están debidamente preparados.

El drama educativo argentino antecede a la oferta universitaria, y constituye un atentado a la equidad y al futuro.

En ese contexto, y al tiempo que la revolución de las tecnologías de comunicación altera las modalidades de información, formación y generación de sentido, el oficialismo propone una expansión de la oferta universitaria pública del 15 % (con una selección de prioridades territoriales más correlacionable con amiguismo político que con necesidades debidamente evaluadas).

El sistema universitario actual está constituido por 133 instituciones universitarias, de las cuales 112 son universidades y 21 institutos universitarios. A diferencia de la matrícula, que se concentra en las instituciones estatales, la cantidad de instituciones entre tipos de gestión es pareja: 61 nacionales, 6 provinciales y 65 privadas. Esto se explica porque en el sector privado el 77% de las instituciones son pequeñas, mientras que en el sector estatal 62,7% de las instituciones son medianas y grandes.

Reflexionemos acerca de una realidad: la cantidad de estudiantes creció a un ritmo sostenido desde 2011 a 2020, en un 28,2%. También es sostenido el crecimiento de la cantidad de ingresantes en los últimos 10 años, en un 55,5% . Sin embargo, el sistema universitario mantiene un problema estructural, que es el de sus bajos niveles de graduación. Sólo el 25,1% de los egresados de grado lo hace en el tiempo esperado para una determinada carrera. Esta situación es aún más preocupante en las universidades públicas, en donde el porcentaje de graduación no llega al 20% .

El sistema universitario se ha expandido notablemente en las últimas décadas, especialmente el sector de universidades nacionales, y esto puede ser el punto de partida para una reflexión. No es automática la asociación entre más universidades y más derechos, sobre todo en un contexto en el que las modalidades de acceso a la educación superior se han multiplicado. Por lo tanto, estamos convencidos, corresponde a una inteligente planificación determinar cuales son los mejores modos de ampliar las posibilidades en una geografía tan extensa y diversa.

Hoy no existe una política criteriosa y transparente de expansión del sistema universitario. Falta el análisis de dónde realmente se necesitan nuevas ofertas. No hay hoy estudios que permitan detectar las necesidades emergentes de la dinámica socioeconómica y cultural de un territorio, ni respecto de los deseos y expectativas de la población

La creación de universidades es una atribución del Congreso de la Nación. La condición federal de la decisión debería garantizar una mirada que exceda los localismos y las coyunturas. Crear universidades, sin las previsiones presupuestarias y sin los debidos estudios previos de sus proyectos institucionales y su potencial impacto local, regional, nacional y social, es una forma de degradar a largo plazo el prestigio del sistema universitario.

Cualquier demanda de creación de universidades puede ser válida, pero lo verdaderamente relevante no debe ser el hecho burocrático sino las garantías de calidad y acceso que la Nación debe otorgar. Lo que para algunos se resuelve con una creación institucional, puede atenderse con la expansión de las casas de estudio existentes, con programas de movilidad o con tecnología. La expansión de un sistema significativo, como es la educación superior, merece el respaldo y el cuidado propio de su jerarquía y no un sentido aluvional o “a demanda”.

Este debate se ha abierto en un momento que las universidades existentes no pueden pagar sus gastos de funcionamiento, lesionando efectivamente los derechos de alumnos y profesores. El esfuerzo del sistema debería estar concentrado en aumentar la eficiencia, garantizar prestaciones adecuadas, identificar los cuellos de botella y abandonar el fetichismo inaugurista (que parece reducirse a “gobernar es inaugurar”) que mal asigna recursos para sostener una narrativa vacía.

Usar el argumento de “defender la educación” para ocultar la discrecionalidad o la mala gestión es ruin. La verdadera defensa de la educación pasa por sostener e incrementar su prestigio y su rol equiparador.

Es innegable que el sistema universitario argentino requiere una revisión, una planificación estratégica y una adecuación al contexto, pero no es a los zarpazos. La forma es otra, se debe fijar un horizonte que privilegie la calidad y que sea el resultado de un debate en base a indicadores.

Queda mucho por hacer en materia de nuevos conocimientos -carreras cortas, reintroducción de profesionales, expansión de la oferta a distancia, puentes con el mundo profesional, internacionalización. Ese es el desafío que enfrenta la educación superior actual en la Argentina, y lo tiene que hacer sin perder de vista una realidad: hoy urge un plan de alfabetización, para que los chicos terminen primer grado sabiendo leer y escribir, para que no haya altas tasas de abandono al finalizar el ciclo primario y trabajar para que los estudiantes le encuentren el sentido a la educación, al esfuerzo y al trabajo, para terminar la escuela secundaria y recuperar la aspiración de ser un país con un acceso democrático a universidades que forman con calidad.