En la ciudad, la violencia digital es delito
La respuesta ante esta modalidad en aumento tiene que ser judicial, no solo escolar o administrativa
Hay una estadística que venimos siguiendo muy de cerca en la ciudad de Buenos Aires: el aumento de los delitos digitales. Los mismos que antes se perpetraban sólo en el plano físico, hoy encuentran nuevas formas: hay delitos digitales contra la integridad sexual, como la creación y distribución de deepfakes, la llamada “porno venganza”, la sextorsión y el grooming; hay delitos digitales contra la libertad y la seguridad personal, como las amenazas online o la publicación de datos personales privados; hay delitos digitales contra el honor y la reputación, como las calumnias e injurias online o la creación de perfiles falsos; e incluso contra el patrimonio personal, como las estafas virtuales. Y lo que es quizá más preocupante: muchas víctimas y victimarios de estos delitos son menores de edad.
Recientemente vimos en la ciudad un caso concreto de una tendencia en aumento: alumnos de un colegio público nacional comercializaron imágenes sexuales de sus compañeras de curso creadas con inteligencia artificial. Y aunque el colegio inició una investigación para definir sanciones, el hecho habilita un debate más profundo: ¿alcanza con una sanción escolar? ¿Tomar una foto personal de una compañera de colegio para sexualizarla y comercializarla es una “travesura” o una “transgresión” limitada al ámbito de la escuela? ¿Lo que sucede en el mundo digital tiene menos gravedad que lo que sucede en el mundo físico? Para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la respuesta es clara: no. La violencia digital es un delito y, como tal, tiene que tener una respuesta judicial, no sólo escolar o administrativa. Aunque la actualización del Código Penal para adaptarse mejor a estas nuevas formas delictivas es un debate aún pendiente en el Congreso nacional, hay muchas cosas que podemos hacer desde la administración local para ser más severos en las sanciones de estos nuevos delitos. La más importante ya está en marcha.
Sólo en 2025 hubo 289 causas de estafa, 134 de suplantación digital de identidad, 256 de hostigamiento digital y 96 de difusión no autorizada de imágenes íntimas en la justicia contravencional y penal de CABA. El mes pasado se firmaron dos convenios entre los Ministerios de Justicia de ciudad y de Nación mediante los cuales el gobierno nacional cedió a la Justicia de la ciudad la competencia sobre los delitos contra la integridad sexual; contra el honor; contra la propiedad intelectual; y la competencia penal sobre los menores (jóvenes de 14 a 18 años acusados de delitos no federales). Esto quiere decir que, tras la aprobación legislativa de ese convenio, van a ser los juzgados porteños quienes comiencen a tramitar este tipo de delitos, con una respuesta más contundente de la que hoy puede dar la Justicia nacional.
El primer factor -determinante en estos casos- será el tiempo: la celeridad de una Justicia local es incomparable a la velocidad que la Justicia nacional, siempre con otras urgencias, podría darle, por ejemplo, a una causa por la comercialización de un deepfake.
Asumidas las competencias habrá canales específicos de acceso a la Justicia para víctimas de delitos digitales, y un juez porteño podrá ordenar a las plataformas a bajar de la web contenido íntimo no consensuado o estafas, al estilo del Take It Down Act estadounidense. En el mismo sentido, se impulsa la creación de una fiscalía especializada en delitos sexuales, para que la Justicia local dé una respuesta más rápida e integral. Para estos casos se sumó recientemente, además, el registro de datos genéticos, que se integrará a las herramientas tecnológicas con las que ya cuenta la Justicia local, con la fiscalía de ciberdelitos a la cabeza. Y desde la ciudad nos comprometimos a aportar a la Justicia local todas las pruebas de registros públicos en las primeras horas de efectuada la denuncia. Porque si lo que está en juego es el honor o la integridad sexual, no hay un minuto para perder.
Lamentablemente hoy la explotación sexual infantil puede darse mediante imágenes generadas con inteligencia artificial, sin necesidad de una fotografía real. En los casos de grooming, la violencia psicológica y sexual puede ejercerse íntegramente en el plano digital, sin contacto físico. De la misma manera que ya no hace falta que un jubilado deje un paquetito con dólares en un árbol porque le hicieron el cuento del tío, sino que pueden estar forzándolo a transferir o a entregar sus datos bancarios a través de una supuesta promoción en Instagram.
La inteligencia artificial ya pasó de la novedad a la cotidianeidad, sobre todo en una ciudad global como la nuestra; por lo tanto, el pronóstico no escapa al sentido común: estos casos van a seguir ocurriendo, y como Estado no podemos minimizar el daño que generan ni permitir que estas causas queden cajoneadas.
Todos los ciudadanos tienen que tener la seguridad jurídica y física que necesitan para poder llevar adelante sus vidas con tranquilidad. Si en algún momento tienen que enfrentar una situación de violencia digital, la obligación es garantizarles una Justicia local que los -y sobre todo las- respalde.
