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En la villa Rodrigo Bueno, el plan de reurbanización genera esperanza y temor
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LA NACIONLorena Oliva
Cuentan que al principio la alegría fue mayoritaria. Tras largas décadas de persecuciones, acusaciones y amenazas, la historia de la villa Rodrigo Bueno tendría final feliz. Un auspicioso desenlace que sería, para sus habitantes, el comienzo de una vida nueva, ya no como usurpadores sino como vecinos.
Pero, tal vez porque el mismo Estado que hoy les tiende una mano era, hasta no hace mucho, el impulsor de medidas para su desalojo; o porque los pormenores del plan de urbanización que ya comenzó a encararse en el terreno vecino aún no están del todo claros -por ejemplo, nadie sabe, ni siquiera los ejecutores del plan, cuánto costarán las viviendas en las que después serán reubicadas unas 600 familias-, o porque la nueva vida trae aparejados derechos, pero también obligaciones propias de la formalidad; quizá por todo eso, el proyecto comenzó a generar sentimientos encontrados entre algunos de los habitantes del lugar.
"Estamos viendo el inicio de un proceso, pero no sabemos cuál va a ser su final. Por ahora sólo vimos los planos... El cambio de actitud del gobierno es muy drástico y entonces la gente tiene dudas", explica Moisés, delegado de la manzana 1.
A su lado está Cacho, el habitante número cinco de la Rodrigo Bueno, según él mismo dice, que llegó al lugar empujado por la hiper de 1989. El plan de urbanización encarado por el gobierno de la Ciudad a través del IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) y otras áreas es para él, que conoce ese predio desde los tiempos en que sólo había maleza, la concreción de un sueño que le genera esperanza, pero también incertidumbre. "A mi edad y sin un trabajo fijo, si me reubican en las viviendas nuevas, ¿cómo voy a hacer para pagar? ¿Con un crédito a 30 años? Yo no le quiero hipotecar la vida a mi hijo..."
Emplazada sobre la avenida España, a escasos metros de la Reserva Ecológica, la vecina menos glamorosa de Puerto Madero ocupa una superficie alargada de unas seis hectáreas, de apenas una cuadra de ancho. En su interior, unas 1000 familias viven distribuidas en cuatro cuadras atravesadas por pasillos oscuros y laberínticos. Un macizo habitacional que cuenta con una parroquia, un centro comunitario, un par de canchitas, pequeños comercios -kioscos, almacenes, carnicerías, locales gastronómicos- y una incesante actividad constructora realizada por los propios vecinos.
Una recorrida por el lugar permite apreciar contrastes notables en las construcciones, aunque la falta de acceso digno a los servicios básicos es la marca igualadora. Según estimaciones del gobierno de la Ciudad, el 88% de los habitantes accede al servicio de agua de la red pública mediante conexiones informales, el 95,9% se abastece de gas con garrafas, el 99,2% no tiene medidor de luz y el 57% tiene pozo ciego mientras que el 38% de las cloacas desagota en el Río de la Plata.
Por eso, la nueva construcción está planteada como la primera fase del plan de urbanización, al que le seguirán mejoras sustanciales en el barrio histórico -apertura de nuevas calles, demolición de casas asentadas sobre terrenos peligrosos, tendido de servicios básicos-, todo combinado con iniciativas culturales y de desarrollo económico.
Diego Armando González, casado, padre de tres hijos y dueño de una carnicería ubicada en el corazón de la manzana 3, es uno de los cuatro delegados de esa manzana (cada una de ellas los tiene) y el que tiene la voz cantante en una mesa chica integrada por un miembro de cada manzana, que semana a semana se reúne con el IVC a fin de transmitir inquietudes. En esas reuniones, en las que también participan funcionarios y técnicos, se van definiendo diferentes cuestiones del futuro barrio.
Pero la falta de definición de algunos de esos aspectos, como quiénes serán los vecinos que deban trasladarse a las nuevas construcciones, por dónde pasarán las calles nuevas en el barrio histórico o cuánto saldrán y cuál será el plan de pagos de las nuevas viviendas están empezando a generar cierta desconfianza no sólo en él, según dice, sino en buena parte de las personas a las que representa.
"Si bien se consensuó la urbanización íntegra, hay preocupación entre los vecinos. Dentro del barrio histórico hay obras que tenían que estar terminadas a mediados del año pasado y que siguen provisorias, o no se hicieron. No hay proyectado un tendido de gas para el barrio histórico. Y nosotros pedimos una urbanización íntegra, tanto en lo nuevo como en lo que está, que venga acompañada de una verdadera integración social, porque sabemos que afuera, para la sociedad, somos unos negros villeros. Yo quiero que mis hijos y los chicos en edad escolar que tiene el barrio puedan sacarse ese estigma. Que no tengan más vergüenza de invitar a sus amiguitos a sus casas", dice.
En sintonía con González, Fabio Alvarado, que se presenta como referente de la manzana 1, es de los que mira con escepticismo el nuevo plan de viviendas. Alvarado quiere quedarse en donde está, pero de una manera más formal, es decir, pagando por la luz y el agua que consume. Y dice no ser el único en esta posición. "Antes nos querían dar plata para que nos fuéramos y ahora nos van a dar una vivienda de lujo, y nadie nos dice cómo vamos a pagarla. Tenemos miedo de que detrás de esto haya una jugada para sacarnos. Que nos den una hipoteca que no podamos pagar y nos saquen", sostiene.
Alvarado ansía que sus palabras lleguen a oídos del propio director del IVC, Juan Maquieyra. "Que venga a hacer una recorrida pero no con los delegados, con los vecinos, para que pueda escuchar nuestras preocupaciones. Porque la mesa chica que habla con el IVC no nos representa a todos. Acá la gente vive con sueldos de 8000 pesos, hace changas, y nos van a poner departamentos con ascensor? ¿Cómo vamos a pagar ese lujo?", se pregunta.
Consultado por la nacion, Lucas Randle, el coordinador del IVC en la villa, sostiene, en cambio, que todos los delegados gozan de plena legitimidad. Y que el plan de urbanización cuenta con apoyo mayoritario. "Como algunos querían ascensor y otros no, decidimos construir el espacio en cada edificio y que cada consorcio decida si lo quiere o no", aclara.
"Puede haber vecinos a los que les falte información, porque eso siempre sucede. Estamos todos los días trabajando ahí, pero eso puede fallar. Después, hay personas que, con planes como este, ven afectados sus negocios inmobiliarios, porque no todos son pobres dentro de la villa, y eso genera malestar", recalca Randle. En este sentido, los vecinos comentan que hay quienes alquilan espacios o habitaciones.
Habrá que esperar hasta fin de año para tener mayores precisiones acerca de qué familias deberán ser reubicadas y qué casas serán demolidas. El desafío, mientras tanto, no es menor: transitar estos ocho meses en un marco de entendimiento mutuo a fin de que el proyecto de un barrio integrado y lejos de cualquier estigma -añorado tanto por funcionarios como por vecinos- se haga por fin realidad.
Por Lorena Oliva
