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En el tema inseguridad no se debe simplificar el debate
Los discursos de la política son preformateados por profesionales que miden los efectos de la comunicación de candidatos y funcionarios. En años electorales este intento de control comunicacional se incrementa.
En este contexto el gobierno nacional decidió profundizar la línea securitista de su discurso con la baja de la edad de imputabilidad, la compra de pistolas eléctricas tipo Taser y la asociación de migración con criminalidad entre otros anuncios.
A esta línea se plegaron algunos opositores. Sin embargo, el Poder Ejecutivo intentará traducir en medidas lo que algunos de sus voceros volcaron en los medios en las últimas semanas.
La baja de la edad de imputabilidad es un debate recurrente en los medios y en la sociedad. Si bien es urgente sancionar un Sistema Penal Juvenil y diferentes organismos internacionales nos han interpelado en este sentido, esta ley no debería incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o bajar la edad de responsabilidad penal porque no existe un índice de delitos significativo que justifique una medida regresiva. Según datos de 2015 del Consejo de la Magistratura, sólo un homicidio fue cometido por un menor de 16 años en la Ciudad de Buenos Aires. Los datos "disponibles y accesibles" a nivel nacional tampoco demuestran la sobre-representación de personas de 15 años o menos en los índices de delitos graves, como homicidios. El silencio de las cifras nos debe dar un indicio hacia donde debemos inclinar la política pública; o al menos prevenirnos de adoptar medidas regresivas que respondan con más derecho penal y menos política social.
Al mismo tiempo, la baja en la edad de imputabilidad es contraria a la Convención de los Derechos del Niño e incluso choca con las conclusiones del propio Ministerio de Justicia en el proyecto Justicia 2020. Allí una comisión de especialistas concluyó que corresponde mantener la edad en 16 años.
El gobierno tiene en sus manos la oportunidad de corregir el sistema actual que viola los derechos humanos de los niños y otorga una extensa discrecionalidad a los jueces para decidir, en base a criterios personales, sobre el destino de menores de edad.
Muchos de los anuncios del gobierno nacional no son claros: no se sabe si se establecen normas o si se trata de estrategias que responden más a lógicas de comunicación que de gestión. Tal es el caso del protocolo de uso de armas de fuego.
En esta lógica también se inscribe la compra de armas de electrochoque tipo Taser y si bien es importante que las fuerzas de seguridad cuenten con opciones no letales, el empleo de armas eléctricas es motivo de alerta. En muchos casos se subestima su efecto en personas con problemas de salud.
Amnistía Internacional registró que las Taser se utilizan con demasiada frecuencia sin justificación, por ejemplo, cuando la persona se encuentra bajo control policial. Sin embargo, su utilización más preocupante es el denominado modo "aturdimiento" que puede derivar en situaciones de tortura.
El debate sobre seguridad discurre entonces en la arena de la comunicación: se transforma "mano dura" en "mano justa" y poco se discute sobre leyes y tratados internacionales a los que Argentina suscribe. Las voces que intentan dar un debate fundado en materia de seguridad se diluyen entre el ruido de las fake news.
Ante la polarización se vuelve muy difícil establecer una conversación seria con fundamentos que van a contrapelo de las respuestas fáciles que invaden el debate.
Corresponde al gobierno impulsar una conversación responsable en temas como el Sistema de Justicia Penal Juvenil, donde se necesitan reformas sustanciales. La conversación no puede reducirse a la edad de imputabilidad, como tampoco la utilización de armas de electrochoque puede ceñirse sólo a su carácter "no letal".
El gobierno presenta una impronta de mano dura muy ligada a su estrategia comunicacional. Hay que ganar elecciones y tanto gobierno como oposición dicen lo que, ellos estiman, la gente quiere escuchar. A la hora de establecer marcos normativos, el debate no puede dejarse llevar por esta lógica, sobretodo porque tenemos una Constitución, leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos que le imponen obligaciones y compromisos a las políticas de gobierno y que son las que deberían guiar el accionar del Estado.
Directora ejecutiva de
Amnistía Internacional Argentina
