En una situación de virtual empate, cada voto cotiza en alza

La Cámara de Diputados protagonizará hoy un debate sin precedentes, no sólo por la cuestión que se abordará - la legalización del aborto en nuestro país-, sino por la inédita situación de paridad entre quienes están a favor y quienes están en contra de la iniciativa. Anoche, la diferencia era de pocos votos. Hace diez días, la brecha era de unos diez. Todo indica que el veredicto recién lo conoceremos entrada la mañana del jueves, después de una madrugada tensa y cargada de presiones cruzadas. Es que en una situación de virtual empate, cada voto dudoso cotiza en alza.

Más allá de las elucubraciones y de los vaticinios, habría que preguntarse por qué el sector que milita en contra del proyecto de legalizar el aborto perdió tanto terreno en los últimos días. Hace un mes atrás llevaba una ventaja de más de veinte votos. Hoy está peleando voto a voto. Una razón surge como la más evidente: el dictamen que se firmó ayer en el plenario de comisiones dista bastante del proyecto original que presentó la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en marzo pasado. Para muchos diputados, aquella primera iniciativa era definitivamente invotable.

Los impulsores de la legalización del aborto advirtieron este déficit y, tras un laborioso trabajo de consenso, buscaron atemperar los puntos más polémicos del texto. Su objetivo era ganar para su causa a los diputados indecisos.

Una actitud totalmente distinta adoptaron quienes impugnan el proyecto. Hicieron del lema "Salvemos las dos vidas" un dogma que no aceptó discutir, siquiera, una alternativa para aquellos diputados que navegan, consternados, entre sus creencias religiosas y su sensibilidad hacia la realidad cruda de los abortos clandestinos. ¿Cuál hubiese sido esa alternativa? Un proyecto que, al menos, propusiera la descriminalización de la mujer que incurre en un aborto. Varios legisladores que no comulgan con el aborto a libre demanda, pero tampoco están de acuerdo con la rigidez de quienes se plantan en contra, hubieran apoyado esta alternativa, respaldada incluso por muchos religiosos.

Otros diputados sugirieron que, al menos, se contemplara en un dictamen alternativo la situación de los embarazos productos de violaciones y que se hiciera ley lo que la Corte Suprema dispuso hace dos años en el Protocolo para la práctica de abortos. Pero no hubo caso. Los antiabortistas se plantaron en el rechazo liso y llano. Esa inflexibilidad les puede costar caro.

Quienes critican el proyecto plantean argumentos por demás atendibles al advertir, por caso, que la única solución que proponen los impulsores del proyecto para las desigualdades e injusticias que describen es el aborto. Y que quienes están en contra aceptan, tácitamente, que mueran mujeres en estado de vulnerabilidad que acuden al aborto clandestino. Los antiabortistas califican, también, de mentirosa la cifra de 500.000 abortos al año que se practican en nuestro país e insisten que es una falacia que el aborto sea la principal causa de mortalidad materna, como agitan los proabortistas.

Entre estos argumentos, no obstante, se deslizan también conceptos que demuestran la rigidez de postura, rigidez que seguramente fue lo que les impidió consensuar un proyecto alternativo. "Los textos de los proyectos desenmascaran –dice el dictamen de rechazo- su verdadera intención: que se instale en el debate y en nuestro ordenamiento jurídico el derecho al aborto para el goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos". Suena retrógrado en pleno siglo XXI.

Quienes están en contra de la despenalización del aborto insisten en que, antes de legalizar una medida extrema como el aborto, el Estado debería esforzarse por instrumentar medidas preventivas que disminuyan la cantidad de embarazos no deseados, sobre todo en las adolescentes. Concretamente, la educación sexual y la prevención sanitaria por medio de la distribución de preservativos. Aquí estaría la clave de la solución al problema que acercaría, incluso, a proabortistas y antiabortistas. Lamentablemente, en las cientos de horas que insumió el debate sobre la despenalización del aborto, poco y nada se discutió sobre este tema. El Estado destina este año 372 millones de pesos en un programa de prevención del embarazo, pero hasta ahora ejecutó apenas el 8% de la partida.

Nadie alzó la voz. Nadie advirtió sobre este desfinanciamiento. Como si cada uno prefiriera quedarse de su lado de la grieta sin siquiera animarse a buscar el necesario punto medio.