Entre la negociación y el miedo

Las embrionarias negociaciones con jueces y fiscales chocaron con un obstáculo: no hay confianza. Falta, entonces, un elemento clave para cualquier negociación. Es difícil que alguien o algunos puedan negociar con un gobierno que sólo sabe apretar. ¿Es posible una negociación cuando un fiscal, Germán Moldes, que tiene en sus manos la denuncia de Alberto Nisman, debió reclamar por carta que le reforzaran la custodia? Nadie le respondió hasta ahora. El propio Gobierno confirmó la agonía de la negociación cuando puso en funcionamiento el método del miedo. En muchos fiscales, más que en los jueces, el miedo es físico. Uno de ellos está muerto.

Nisman estaba muerto antes de morir. Es lo que dicen varios de sus colegas. "Lo siguieron en el aeropuerto de Madrid, lo siguieron en el avión que lo trajo y lo siguieron en Ezeiza. Estaba muerto cuando subió al avión en Madrid", asegura un fiscal. Es probable que en algunos casos el miedo sea más fuerte que la negociación. "Las familias de jueces y fiscales presionan", cuenta un juez. La mayoría de los jueces, sin embargo, no cree en el temor. "Este gobierno no aguanta un muerto más", argumenta uno de ellos. Sea como sea, los días recientes dejaron la sensación de que la negociación se complicó: la Cámara de Casación avanzó en la probable sentencia de inconstitucionalidad del tratado con Irán, y Lázaro Báez se colocó al borde del procesamiento cuando debió concurrir a la primera indagatoria que le hizo un juez.

Es probable que otra muerte sea insoportable para el Gobierno. Pero lo cierto es que éste actúa como si los riesgos no existieran. Moldes tiene un solo custodio por turno y ahora debe desplazarse en su auto particular, porque el Gobierno le sacó el vehículo oficial que tenía. Una cosa ha cambiado: los dos custodios que se turnan son llamados ahora para llenar un océano de papeles. La Policía Federal se mueve como si se cubriera las espaldas ante una eventualidad que nadie sabe en qué consistiría. El viernes, Moldes le envió una carta formal a Alejandra Gils Carbó: "Aquí no hace falta intercambiar papelitos", le reprochó, y agregó: "No hace falta ser demasiado perspicaz para advertir que ese dispositivo resulta notoriamente insuficiente". Reclamó, por último, un tratamiento urgente de su seguridad personal.

Con todo, el principal problema que tiene el Gobierno es, en efecto, la falta de confianza. Ni jueces ni fiscales importantes le creen y tampoco confían en los interlocutores que envía. Los más entusiasmados con la posibilidad de una negociación son los muchachos de La Cámpora. Ellos son jóvenes y esperan tener un destino en la política después de los próximos meses. Carlos Zannini es más escéptico: sabe que no hay jueces buenos para un gobierno que se va. El núcleo de conflicto es el carácter de la Presidenta. "¿Quién asegura que la señora no desconozca después hasta el café que los muchachos tomaron con nosotros?", dice un juez. "Tendría que hablar ella", agrega otro, aunque acepta que eso es imposible.

Un ejemplo de la debilidad de la administración en la Justicia es el interlocutor que eligió entre los jueces. Rodolfo Canicoba Corral, el juez que dice representar al Gobierno, carece de prestigio entre sus colegas y con varios de ellos tiene problemas de relación personal o profesional. Tampoco tiene astucia política: aunque no es el único que conversa, él es el único que compite con Aníbal Fernández en las radios para defender los intereses judiciales del Gobierno. Canicoba Corral llegó a advertirle al fiscal Gerardo Pollicita que estaba amenazado antes de que éste apelara la decisión del juez Daniel Rafecas que desestimó la denuncia de Nisman contra Cristina. "La apelación está redactada y la presentaré", le contestó Pollicita. Y se fue.

Esa apelación está ahora en manos de Moldes, que no adelantó qué hará. Es posible, no obstante, averiguar en sus antecedentes: salvo alguna excepción, casi nunca se interpuso entre la apelación de un fiscal de primera instancia y la Cámara Federal. Es probable, por lo tanto, que respalde la apelación de Pollicita.

Cristina Kirchner no se dio por enterada de esa denuncia. Prefiere ignorarla. Ni siquiera nombró defensor. La defiende de oficio la Procuración del Tesoro, pero eso es ilegal. Esa procuración nunca es defensora porque representa a las instituciones, no a las personas. Esto es: representa a la Presidencia de la Nación y a la Cancillería argentina, que no cometen delitos. Los presuntos delitos pueden cometerlos las personas que ejercen el cargo, como la Presidenta o el canciller. Una duda se sumó en las últimas horas: ¿la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, defiende a la Presidenta o se defiende ella misma? El interrogante surgió a partir de una comprobación formal: Abbona participó en Ginebra de una reunión, al menos, con el gobierno iraní por el tratado en cuestión. Esa reunión está en la página web de su oficina (o estaba hasta el viernes).

Las versiones de negociaciones no incluyeron nunca al juez Claudio Bonadio, que es el que tiene la única causa que, por ahora, mortifica a Cristina. Es la de lavado de dinero en hoteles de su propiedad. Bonadio suele decir que no tiene miedo y que no acepta dinero. La misericordia se la dedica a mejores causas. En sus oficinas anticipan, a pesar de todo, que no habrá novedades procesales importantes en el próximo mes. El juez está analizando un lote inmenso de informes y declaraciones juradas. Pero también subrayan: la causa tiene cada vez más consistencia. Los colaboradores de Bonadio se sorprenden con cada carpeta que abren: lo más notable no es el eventual delito, sino la chapucería para cometer el delito. "Se metieron hasta en donde no necesitaban entrar", explicaron.

Alguien que dijo llevar la representación del Gobierno le deslizó a Bonadio que el oficialismo no seguiría insistiendo en sus juicios en el Consejo de la Magistratura. Los pedidos de juicio político contra Bonadio no tienen sustancia, pero tampoco tienen votos como para progresar. "Ustedes me quieren cobrar favores que no hacen", lo despachó el juez. Otro juez federal importante, Ariel Lijo, que procesó a Amado Boudou por el caso Ciccone, se prepara para enviar al vicepresidente a juicio oral. "Puede ser que los jueces tomen algunas precauciones muy cerca de las elecciones, pero eso lo han hecho siempre y lo hace hasta la Corte Suprema de Justicia", explicó uno de ellos.

En cambio, ni las elecciones frenan al Gobierno. Alejandra Gils Carbó informó que le pidió al Gobierno el nombramiento de dos fiscales en la Capital y propuso una terna para cada una de las fiscalías. Esos concursos fueron denunciados por Margarita Stolbizer ante la Justicia. El juez federal Luis Rodríguez allanó por ese caso las oficinas de Gils Carbó y el expediente se encuentra en la caja fuerte del magistrado. Un fiscal le hizo saber al ministro de Justicia, Julio Alak, que cometería un delito si firmara la propuesta de Gils Carbó. Cristina y Gils Carbó tienen el mismo espíritu. Las cosas se consiguen porque se consiguen. No importan los métodos, el camino ni los medios. Sucedió con el caso de Papel Prensa. El anterior fiscal, Eduardo Taiano, no encontró nunca razones para citar a declaración indagatoria a Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto. Gils Carbó cambió el fiscal; el nuevo pidió en el acto las indagatorias. En menos de 24 horas, otro juez importante, Julián Ercolini, rechazó el pedido porque carece de pruebas para tomar esa decisión. Ercolini es un caso aparte. Sobran los ejemplos de una negociación que impulsaron y que la descarriaron el prejuicio y la sospecha.