Es necesario terminar con la “cuarentena institucional”
El Congreso no está funcionando. Es un dato de la realidad.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dictó el 19 de marzo la Resolución 615 (que luego fue prorrogando), en la que puede leerse textualmente que "se hace indispensable suspender las actividades de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación".
Desde entonces, los diputados y diputadas de los distintos bloques han presentado centenares de proyectos de ley y se han llevado a cabo una decena de reuniones virtuales de comisión, en las cuales han expuesto y respondido cuestionarios ministros y funcionarios.
Lo propio ha acontecido en el Senado. Nada de eso desmiente la falta de funcionamiento del Congreso.
En particular, porque para que las Cámaras puedan cumplir su cometido legislativo es necesario el trabajo previo en las comisiones, que es el ámbito en el cual los proyectos se analizan, se debaten, se consulta la opinión de especialistas y de la sociedad civil, se da, en definitiva, el debate que permite generar el insumo del cual se nutren las sesiones: los dictámenes de comisión.
Las reuniones virtuales de comisión realizadas hasta acá no han tenido esa finalidad. Fueron solo informativas y, además, acotadas, ya que contra lo que establece el Reglamento, solo tuvieron acceso pleno los integrantes de las respectivas comisiones y no la totalidad de los legisladores (art. 105). Además, los ministros acudían con el cuestionario previamente remitido a su conocimiento y no se permitieron las repreguntas. Mucho menos tuvieron por cometido despachar proyectos de ley.
De hecho, en el lapso comprendido entre la apertura del período ordinario el 1° de marzo y el dictado de la resolución de suspensión de actividades (19 de marzo), el presidente de la cámara tampoco atinó a conformar y mucho menos convocar a las comisiones para constituirse y darse sus autoridades.
Esa morosidad generó que con posterioridad al 19 de marzo Massa tuviera que "constituirlas" y darles autoridades por resolución de presidencia de la cámara, y no mediante la elección de sus miembros en deliberación y votación como establece el Reglamento (art. 106).
No todos los incumplimientos hay que cargarlos a la cuenta de la pandemia.
En el presente período ordinario de sesiones solo se ha emitido un dictamen de comisión en la Cámara de Diputados (si, solo uno): el de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento del 30 de abril, que despachó favorablemente y por unanimidad el proyecto de resolución de la Comisión Especial de Modernización Parlamentaria sobre el Protocolo de Funcionamiento Remoto.Por su parte, la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario emitió 20 dictámenes sobre otros tantos DNU, también el 30 de abril.
Esa es toda la actividad efectiva y conducente habida en este año parlamentario. Ello contradice el art. 63 de la Constitución, que establece que ambas cámaras se reúnen "por sí mismas" desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año.
Además de ser un mandato constitucional, ninguna fuerza mayor puede poner en suspenso los deberes constitucionales. Y tampoco hay fuerza mayor, como lo demostramos al desplazarnos diputados y diputadas de todo el país hasta la Capital Federal para reclamar por el funcionamiento real del Congreso. O, en todo caso, no existen más dificultades y riesgos que los que afrontan quienes también tienen que salir de sus domicilios por estar afectados a servicios esenciales.
Ni siquiera se ha dado cumplimiento, hasta aquí, al informe mensual que en forma alternativa tiene que rendir el jefe de Gabinete de Ministros, alternativamente, ante cada una de las cámaras conforme lo establece el art. 101 de la Constitución.
Desde que asumió su cargo, Santiago Cafiero no ha concurrido jamás a cumplir con esa obligación constitucional.
Por supuesto, ninguna norma infraconstitucional -mucho menos una resolución de presidencia de una cámara- puede trastocar la forma republicana de gobierno adoptada por el art. 1° de nuestra Constitución, que necesariamente supone que los tres poderes del Estado funcionen "de verdad".
Pese a este escenario, la actividad ha quedado prácticamente circunscripta a discutir una cuestión reglamentaria habilitante de sesiones virtuales, en la búsqueda ansiosa por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados del título de "sesión histórica". De ahí la parafernalia de pantallas gigantes desbordando el recinto y un debate más enfocado en aspectos tales como logueos, reseteos, ID’s, contraseñas, y validaciones antropométricas de la identidad, que en la caída del PBI, el riesgo del default, el desempleo, la caída de exportaciones, empresas que no pueden pagar salarios, despidos, sobreprecios, los compatriotas varados en el exterior y dentro del país, y la prórroga del congelamiento de la fórmula de actualización jubilatoria más allá del 30 de junio.
Despejado el dilema de las "sesiones virtuales vs. las presenciales" -que por cierto no es determinante a los fines de abordar los problemas reales de la Argentina, y menos aún de los que se han agravado como consecuencia de la pandemia y el aislamiento social obligatorio-, queda ahora por definir cuál habrá de ser el temario de cuestiones a abordar en las tan demoradas sesiones de ambas cámaras.
Las sesiones tienen que ser provechosas y no una mera instancia de hacer "como que se sesiona". Y esto nos conduce al principio: no ha habido trabajo en comisiones debido a la suspensión de actividades de las cámaras. Esto significa que falta la principal "materia prima" para una sesión legislativa: los dictámenes, ya que el tratamiento de proyectos sobre tablas y sin despacho no es lo más aconsejable a la hora de dar lugar a eficaces y prolijos productos legislativos.
Hay que decirlo: al oficialismo le ha generado comodidad la feria judicial y la "suspensión" de actividades del Congreso invocando la pandemia. Se está gobernando por decreto y sin que estén activos en plenitud los controles, frenos y contrapesos del sistema republicano.
Es hora de volver a la normalidad institucional.
Diputado de la Nación (Chubut, UCR), vicepresidente 1° de la Comisión de Asuntos Constitucionales
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