Esa nefasta complicidad con los delincuentes

El quiosquero cruelmente asesinado en Ramos Mejía no perdió la vida solamente como consecuencia del accionar delictivo y marginal de unos burdos delincuentes homicidas, sino también por la protección ideológica que a estos últimos les confieren gobernantes populistas a los que poco les importan la vida y la seguridad de los habitantes.

Nos hemos cansado de escuchar a los dirigentes “kirchneristas” y a los de la izquierda, influenciados por las nefastas teorías “zafaronianas”, decir que en realidad los malvivientes son las verdaderas víctimas. Víctimas de una sociedad que supuestamente no les ha brindado oportunidades, que los discrimina y estigmatiza. Sin embargo, el deber de los gobiernos es proteger a la población, porque ese es el objetivo prioritario del derecho penal en la Argentina, cuya ley fundamental explica que las cárceles no tienen por finalidad castigar a los reos detenidos en ellas, sino justamente brindar “seguridad” a la gente.

El populismo gobernante está muy lejos de entender cuáles son los parámetros constitucionales que deben guiar su gestión, y por lo tanto, adueñándose del concepto “garantías” y de la expresión “derechos humanos”, no hace más que justificar al delito, desarmar a la autoridad policial, limitar su accionar, legislar benévolamente en favor de la delincuencia y criticar sin piedad a quienes, atemorizados por esa falta de protección estatal, deciden “encerrarse” tras rejas perimetrales o en barrios cerrados con seguridad privada, para evitar ser víctimas de delincuentes que se saben protegidos por políticas nefastas que matan tanto como ellos mismos.

La realidad es más que elocuente: prevención escasa, legislación benevolente con los malvivientes, jueces que la interpretan más benevolentemente aún, y policías atemorizados que prefieren “mirar para otro lado” antes que actuar y luego sufrir las consecuencias de un sistema al que le duele más cuando cae un delincuente que un policía.

La propaganda proselitista del kirchnerismo para las próximas elecciones legislativas proclama que la seguridad es uno de sus objetivos. Pues no hay duda de que lo es, pero lo es la de los malvivientes, la de los “motochorros” y “motohomicidas” asesinos a los que desde el Gobierno quieren cuidar.

Los autoproclamados defensores de los derechos humanos tienen un profundo desdén cuando se trata de la vida y los bienes los de los habitantes; solo se preocupan por custodiar los de aquellos a quienes consideran “víctimas” de una sociedad que les da la espalda. La realidad es que esa sociedad solo se defiende de la pasividad de las autoridades, que es cómplice por omisión de los delincuentes que asuelan a la población, robando, violando, matando y haciendo más difícil la vida en comunidad.

En estas elecciones votaremos legisladores nacionales y provinciales: son ellos los que legislan en materia de penas, delitos y procedimientos penales. Frente a la ola de inseguridad que se ha desatado en la Argentina, es hora de “gritar” frente a las urnas que ya no hay lugar para gobernantes populistas a los que les molesta implementar políticas de seguridad que protejan a la sociedad de los delincuentes. Es, en definitiva, hora de evitar que ocupen bancas desde las cuales tengan la oportunidad de seguir desarrollando sus perversas teorías “garantistas”.

Al quiosquero de Ramos Mejía lo mataron delincuentes que luego imploraron hipócritamente que el fiscal no les pida cadena perpetua, con la complicidad de gobernantes que abren las puertas de las cárceles y para los cuales la seguridad es apenas “una sensación”. Es esa complicidad con la que, desde el cuarto oscuro, debemos terminar.

Abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional en la UBA