¿Estamos dispuestos a perder derechos civiles para combatir la inseguridad?

“Qué la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestras familias de los delincuentes, sí a la portación legal y libre de armas”, señala el candidato a gobernador de Tucumán por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, en un video donde el legislador aparece en un polígono de tiro ejercitándose en el uso de armas, escenas que se intercalan con imágenes relacionadas con la inseguridad.

Como todo spot publicitario que busca tener impacto, el de Bussi tiene una buena carga de escenas cinematográficas donde él mismo el toma su arma y realiza disparos. Bussi es el candidato del libertario Javier Milei, que lo llevará en su boleta de candidato a presidente. Esta propuesta, que los ciudadanos puedan portar armas para poder defenderse del delito, podría tener cierta aceptación en un sector de la sociedad.

Los vídeos editados con tintes de película suelen ser efectivos en las campañas políticas, hace unas semanas toda la dirigencia política argentina se vio obligada a comentar el spot promovido por el gobierno de Nayib Bukele, de El Salvador, donde mostraba cómo se trasladaba a una cárcel especial a miles de integrantes de las famosas y extremadamente violentas pandillas salvadoreñas conocidas como “Los Maras”. Esas imágenes, como las del spot de Bussi, transmiten esa sensación de seguridad que todos necesitamos para tener un estándar de vida normal, eso de sentir que podemos transitar por las calles tranquilos sin temer que nuestra vida o la de nuestros seres queridos se apaguen por un hecho violento como potenciales víctimas de un motochorro armado o por vivir o atravesar cierta esquina de un barrio donde dos bandas narcos se disputan a los tiros ese territorio.

Los spots publicitarios muestran los resultados finales, pero no cuentan el proceso. En El Salvador se llevó adelante una política de seguridad donde, para combatir el crimen organizado, se violaron derechos constitucionales. Se dictó el estado de excepción, se otorgó luz verde a las fuerzas de seguridad para actuar, se extendieron las prisiones preventivas, se permitió detener a jóvenes por tiempos prolongadísimos solo por casos de sospecha, habilitaron detenciones arbitrarias, se redujo la edad de imputabilidad, se armó en mayor medida a las fuerzas de seguridad, que además contaron con todas las atribuciones para violar derechos. Es tranquilizador ver a los delincuentes detenidos, pero también hay que saber que muchas familias salvadoreñas denunciaron como sus hijos inocentes fueron arrestados solo por ser sospechosos y estuvieron o están detenidos sin pruebas, conviviendo con esos delincuentes. Esa parte del proceso el vídeo no lo muestra. Como tampoco muestra la publicidad de Bussi y Milei que portar armas nos despierta sed de venganza pero no nos hace más seguros. En América solo en tres países los ciudadanos pueden portar armas libremente: Estados Unidos, México y Guatemala. Los tres, junto a Brasil y Venezuela, son los países con mayor índice de asesinatos por armas de fuego. Los países latinoamericanos están afectados por los enfrentamientos entre bandas armadas relacionadas con el delito narco. En EE.UU. (único país desarrollado con indicadores altos) existen casi 400 millones de armas, más de una por habitante, y tiene el segundo promedio por muerte por armas de fuego de América luego de Brasil. Allí son tristemente famosos los muertos en tiroteos en escuelas y centros comerciales que suelen ser noticias que dan vuelta el mundo pero que ya no sorprenden. Como ejemplo, podemos citar que en la última década tres naciones industrializadas, Japón, Australia y Escocia, han logrado reducir dramáticamente las muertes por armas de fuego tras aplicar estrictas leyes que regulan la portación. En Japón es prácticamente imposible poder portar un arma de fuego siendo un civil.

Donald Trump despertó una gran polémica cuando en un atentado en una escuela en 2018 propuso capacitar a docentes para el uso de armas y tener armeros en las escuelas porque frente al ataque, seguramente, defendiéndose ellos mismos lo harían antes de la llegada de la policía.

El año pasado en Texas, EE.UU., un violento tiroteo en una escuela culminó con 19 alumnos y dos profesores muertos, además de varios heridos. En la opinión pública estadounidense recordaron esa propuesta de Trump que, para muchos, ya no parecía una locura. En ese momento, en la Argentina, el diputado Milei señalaba en una entrevista que “aquellos Estados que tienen libre portación de armas, le guste o no a la progresía, tienen muchos menos delitos (que) donde vos tenés obligados a estar indefensos a los honestos”. Justo el año pasado fue el segundo año con mayor cantidad de muertes en Estados Unidos en tiroteos en sitios públicos. Además, hay estudios y evaluaciones que demuestran lo contrario, si bien las muertes por armas de fuego son multicausales.

Pero tanto la libre portación de armas como las excepciones en favor de las fuerzas de seguridad para combatir el delito merecen ser debatidas seriamente en el marco de una política de seguridad que no tenemos y necesitamos. Pero antes, la pregunta que nos debemos hacer como ciudadanos, teniendo en cuenta que en este año electoral estos temas van a estar en la conversación pública, es si estamos dispuestos a ceder derechos a cambio de mejorar nuestra calidad de vida respecto a la seguridad. Ya tenemos un ejemplo reciente cuando se otorgaron poderes excepcionales a las fuerzas de seguridad para el control del tránsito social durante la extensa cuarentena que provocaron 23 muertes dudosas denunciadas, apremios ilegales, detenciones arbitrarias, y persecuciones incomprensibles. Es decir, violaciones a los DDHH que muchas y conocidas organizaciones de derechos humanos dudosamente no llegaron a ver. Está claro que todos queremos vivir en paz, con los delincuentes en las cárceles y las fuerzas de seguridad actuando eficientemente, pero debemos saber dónde estamos parados antes de transitar un camino así.

Días atrás, el exministro de seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, decía en una entrevista en CNN Rosario: “El gobierno nacional fue desastroso. El desempeño del gobierno nacional durante toda nuestra gestión. Yo pensé que una compañera mía de la universidad, como Sabina Frederic, un amigo histórico como Alberto Fernández, iban a tener un compromiso mucho más importante. Se lo explicamos con Perotti. Nosotros tuvimos una reunión el 15 de enero (se supone de 2022) con medio gabinete nacional y con el propio presidente donde le pusimos nombre y apellido a jueces federales, fiscales, componenda policial, estructura política. Yo me encargué personalmente delante de Wado de Pedro, de Santiago Cafiero, de la ministra, del propio Presidente de darle todo el panorama... me miraban con una cara como diciendo de qué se trata esto… Bueno, les pedimos apoyo. Nunca llegó el apoyo…nunca…”.

¿Con este nivel de eficiencia confiaríamos a nuestros gobernantes una política de excepción en materia de seguridad? ¿Y en las fuerzas policiales? En esa misma entrevista, Saín señaló algo quizás peor “¿Qué evidencia tiene que tener de más para dar cuenta que esta policía (la de Santa Fe) no sirve para nada? Ni siquiera para regular ilegalmente el mercado. Porque si vos ahí en Rosario…te voy a decir algo que es contra fáctico… llevás 40 comisarios de la bonaerense y 2 mil policías bonaerense te pacifican Rosario en dos meses…¿por qué? Porque te dicen mirá, este sí, y eso no, y punto. Se acabó. ¿Te das cuenta? Esa policía no sirve ni para eso siquiera, porque a 40 o 30 cuadras del Obelisco también tenés mercado de drogas muy prolíficos pero la policía te los pisa, te lo invisibiliza, te lo regula, extrae dinero de ahí, pero te lo pacifica, es decir te lo hace tolerable políticamente”. O sea, el problema no es el narcotráfico, sino que sea intolerable para la política. Saín, en esta entrevista comete un “sincericidio”, pero de algún modo nos nuestra la realidad en la que estamos parados en la lucha contra el delito y la inseguridad desnudando su fracaso. Así es lógico tener miedo y sentirse inseguro, efectos necesarios para que esas ideas extremas tengan aceptación.

Pero con este escenario realizar propuestas que nos corran de nuestro status ante la ley, como portar armas o quitar derechos, no solo parece ser el camino más inconveniente, sino que también podría terminar siendo aún el más peligroso.