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Fondos genuinos para la política
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El sistema electoral argentino necesita dos reformas urgentes: la del sistema de votación, que ha mostrado sus límites, y la del sistema de financiamiento político, que en un país con serios problemas de corrupción es desatendido más de lo conveniente.
El sistema de votación es lo más obvio. Conocemos sus debilidades y existe cierto consenso entre los especialistas en cuanto a que el sistema que da más garantías es el de boleta única en papel, caprichos políticos aparte. La reforma del sistema de financiamiento es un debate más complejo. Requiere de decisiones de consenso entre los actores que van a ser regulados: los partidos políticos. Hoy, el sistema de financiamiento vigente en la Argentina es ficticio. Las normas estipulan ciertos límites y condiciones, y las prácticas demuestran que los principales partidos hacen caso omiso de ellas.
En resumen, los partidos políticos mienten sobre quiénes sostienen sus campañas para llegar al poder. Miente el que gana las elecciones, el que sale segundo y el tercero. Los partidos chicos, con muchos menos fondos, se sostienen principalmente con los aportes estatales. Los más grandes, esquivan las normas apoyándose en fondos privados. Este tipo de aporte está muy limitado en la normativa vigente y los contadores de los partidos terminan haciendo malabares para esconder el origen del dinero que fluye intensamente en una campaña. Transparentar la participación de las empresas y que todos los aportes estén bancarizados son temas centrales para tener en cuenta en la discusión. La bancarización es clave tanto para los aportes de empresas como la de los ciudadanos. Si todo el dinero que entra en una campaña pasara por las cuentas bancarias oficiales, sería mucho más fácil de controlar y conocer sus orígenes. Esto lo saben los partidos políticos, es cuestión de que efectivamente quieran ser más transparentes y lo sancionen en el Congreso. También lo saben los empresarios que deberían negarse a donar dinero en efectivo al tratarse de una campaña electoral.
Se necesita una reforma porque en la base de la corrupción está el financiamiento político y es urgente que este vínculo empiece a ser visibilizado. El caso Odebrecht, en Brasil, así lo demuestra. Los partidos políticos necesitan dinero en las campañas y, en muchos casos, las empresas que se lo dan por debajo de la mesa necesitan que el Estado, en el menos grave de los escenarios, les deba favores. Esta ecuación requiere ser regulada fuertemente, pero no de cualquier manera.
Nuestra propuesta pasa por un sistema. No hablamos de una ley sino de varias, que conformen un engranaje de integridad que incluya el financiamiento como puerta de entrada de la corrupción al sistema. La ley de financiamiento debe estar vinculada con la ley de ética pública para controlar, por ejemplo, los conflictos de intereses. Y, a su vez, estas dos normas deben asociarse con las de compras y contrataciones de productos y servicios. Este paquete debe sumar a la ley de administración financiera, la regulación del funcionamiento de los organismos de control, la ley de empleo público y las regulaciones de la Unidad de Información Financiera, entre otras. Un engranaje en el cual cada una de sus piezas se encuentre aceitada y dependa de la otra.
Es una propuesta diferente: pensar un sistema, cambiar prácticas en diversos niveles, sincerar comportamientos y establecer reglas de juego claras. ¿Está nuestro sistema político preparado para esto?
Director ejecutivo de Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional
