¿Habrá menos corrupción en la Argentina en 2017?

La detención de Lázaro Báez, las confesiones y los allanamientos televisados y la documentada denuncia de LA NACION sobre la apropiación de millones de dólares en impuestos para hacer inversiones privadas indican algo más que casos individuales de corrupción. Los datos sugieren que durante la gestión pasada personas con poder político y económico se apropiaron de buena parte de los fondos destinados a obras públicas y de los provenientes de impuestos. ¿Cuál es el pronóstico?

Hay dos escenarios para 2017: el más probable es que los casos judiciales no modifiquen el desvío masivo de fondos públicos a bolsillos de personas con poder. Habrá algunos presos sin condena, políticos de varias tendencias, incluyendo miembros del Gobierno, bajo investigación, pero continuará el manejo ilegal de fondos públicos, posiblemente con formas nuevas. En la crisis de fin del mandato de De la Rúa vivimos una situación similar. Fueron presos el propio presidente Menem y su cuñado Emir Yoma, el responsable del PAMI, María Julia Alsogaray, Mario Caserta y hasta uno de los empresarios más ricos de la Argentina. Sin embargo, la corrupción continuó. No se trata de cambiar los actores, sino de adoptar un libreto distinto.

Hay un escenario de cambio, con un gobierno que muestra una administración eficiente y liderazgo anticorrupción en 2017. Los líderes políticos no deberían involucrarse en las condenas de personas, sino asegurarnos que van a terminar con los desvíos masivos de fondos durante su gestión. "Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años", fue la propuesta del dirigente sindical Luis Barrionuevo en 1996 que todavía no se ha implementado.

El presidente Macri y los gobernadores van a manejar los fondos públicos en los próximos cuatro años y tienen que acordar sus diferencias sin perjudicarnos. El gobierno nacional anunció que las obras públicas van a ser adjudicadas por las provincias, que también van a poder tomar deuda externa. Esa plata es la que hay que cuidar. Como dijo el presidente de la Corte Suprema, hace falta una "política de Estado" para controlar la corrupción.

¿Qué pueden hacer los líderes políticos en materia de anticorrupción? Quiero proponer tres ideas que se pueden implementar rápidamente para que en un año estemos mejor.

1. Recuperar fondos públicos robados.

2. Controlar la nueva deuda externa. No puede ser "odiosa".

3. Terminar con la corrupción del sector privado en la obra pública.

1. Hay datos sobre dónde están depositados más de 200 millones de dólares que provienen de corrupción en la obra pública. Con ayuda de otros países, esos fondos pueden ser recuperados. Eso le daría una claridad al desvío de fondos que los allanamientos y las detenciones no van a conseguir.

2. La nueva deuda externa es un tema prioritario. Cada caso pueden ser cientos de millones de dólares. La dictadura militar hizo que el Estado en 1981/82 asumiera la deuda externa contraída por las empresas privadas, transfiriendo a todos los ciudadanos una deuda de más de 14.000 millones de dólares. El problema se puede repetir y agravar. Las deudas contraídas por los gobernadores van a ser garantizadas por la Nación. Eso ya pasó: para lograr su reelección, el presidente Menem dejó que las provincias tomaran deuda externa por decenas de miles de millones de dólares y arruinó la economía y su proyecto político.

¿Qué puede hacer el gobierno nacional para controlar el endeudamiento de las provincias?

Una posibilidad es que se incluya una cláusula que obligue al prestamista a controlar que los fondos se hayan dedicado a un bien público. En 1923, un juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, William Howard Taft, actuando como único árbitro, consideró que para cobrar su deuda el Banco de Canadá debía demostrar que el gobierno de Costa Rica había usado los fondos prestados para propósitos legítimos. La Argentina podría innovar en materia de "deuda odiosa" y transformar ese precedente en una cláusula a futuro de los créditos tomados y obligar a los prestamistas a controlar los fondos prestados si quieren cobrarlos.

3. Las causas judiciales se centran en Lázaro Báez, pero LA NACION expone un problema mayor. Informó que José López, entonces secretario de Obras Públicas, analizaba la lista de acreedores y ordenaba el orden de pago de algunas empresas constructoras. "Los 10 primeros sí o sí se paguen [sic]", habría escrito, y en el sexto lugar de esa lista figuraba Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. El dato muestra cómo se puede abusar del Estado, pero también expone que Lázaro Báez no era el único. ¿Cómo hicieron las otras nueve empresas para figurar en las listas de privilegiados que cobraban?

Como fiscal general de Nueva York, Elliot Spitzer (aunque después tuvo que enfrentar sus propios problemas) nos dio un ejemplo de lo que se puede hacer para transformar una investigación en un cambio de conducta general. Spitzer logró demostrar que un banco de inversión realizaba una práctica ilegal que todos sus competidores también realizaban. En lugar de investigar uno por uno a los demás bancos, logró un acuerdo general por el cual todos se obligaron a pagar multas billonarias y a adoptar una serie de medidas que los obligaban a cambiar sus prácticas.

Ésa es una idea a explorar. Los empresarios del sector, pagaran o no sobornos, saben todo lo que ocurrió. Hay que cuestionarlos a todos. Ellos tienen que ser agentes de cambio. Ganar por eficiencia y no seguir comprando funcionarios.

La justicia federal y el control del narcotráfico son temas clave que no entran en esta nota. Pero si queremos que en 2017 se perciban avances en materia de anticorrupción deberíamos empezar a reclamar una gestión eficiente a nuestros líderes políticos.

Ex fiscal de la Corte Penal Internacional

Luis Moreno Ocampo