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Hay que coordinar las políticas
Episodios recientes confirman que la metrópolis de Buenos Aires, formada por la ciudad y los 40 municipios de la provincia que constituyen una única mancha urbana, va camino de seguir perdiendo tiempo en la tarea necesaria de coordinar políticas entre las jurisdicciones que deben trabajar para sus 15 millones de habitantes.
Estos argentinos (y argentinas), vivan en la ciudad o en la provincia, sean peronistas, socialistas, radicales o de Pro, observan cómo la presidencia de la Nación promueve políticas diametralmente opuestas a las que se utilizan en otras metrópolis para resolver los problemas de la gente en las megaciudades. En todos lados se privilegia al ciudadano y se buscan políticas públicas coordinadas entre las jurisdicciones implicadas.
El gobierno nacional, con su lógica de conflicto permanente, ha llevado a un extremo la competencia electoral y parece dispuesto a dinamitar todo. Una sucesión de proyectos busca ahogar la economía y las capacidades propias de quienes pueden representar un contrapeso o una alternativa política. La realidad confirma que desde la Nación se busca mandar, imponer, doblegar; nunca dialogar y consensuar. Sin embargo, los tres gobiernos -nacional, provincial y de la ciudad- han sido elegidos con amplios márgenes de apoyo electoral, un mandato popular que exige la búsqueda de consensos entre las partes.
En la Buenos Aires metropolitana se producen 22 millones de viajes diarios, con más de 4 millones de personas que se mueven cada día -especialmente por trabajo- en tren, subte, colectivo, auto, combi o bicicleta. Es evidente que la movilidad de las personas no reconoce fronteras jurisdiccionales. Se trata de un sistema naturalmente integrado que exige acciones coordinadas y una actitud colaborativa entre las jurisdicciones. "Debe adoptarse siempre un enfoque integrado, ya que ninguna solución individual puede resolver un problema de esta complejidad", se lee en el profundo estudio "Gobernar las metrópolis", del BID.
En todo el mundo se intentan soluciones cooperativas para los grandes temas metropolitanos, entre ellos el transporte, con diferentes fórmulas que se adaptan a las tradiciones y leyes de cada país. Por ejemplo, desde 1986 Madrid viene trabajando en una coordinación metropolitana de transportes con gran éxito.
El Consorcio de Transportes de Madrid suma al Estado federal, la comunidad de Madrid, el ayuntamiento (ciudad), los municipios que la rodean, además de a las empresas públicas y privadas que operan servicios. Es un organismo autónomo con una dirección colegiada en el que están representados los gobiernos, los usuarios, los sindicatos y el sector empresario. Desde allí se planifica la infraestructura, se definen programas de explotación de todos los modos de transporte y se establece una política tarifaria integrada para el conjunto del sistema. Punto importante, el Consorcio representa una imagen global del sistema de transportes y se convierte en el interlocutor frente al usuario, aunque las partes mantienen su autonomía de gestión, pero sometidas a las directrices del Consorcio. Su director gerente, José Manuel Pradillo Pombo, ha sobrevivido a gestiones de color político diverso.
Sin una autoridad única como ésta, habría sido imposible lograr los avances que se consiguieron en más de dos décadas de trabajo: triplicaron la red de subtes (la mayor ampliación de la historia en el metro de Madrid), consolidaron un sistema de pago electrónico e integrado, duplicaron la red de autobuses interurbanos, crearon una red de intercambiadores (zonas de vinculación entre modos, a los que llaman "aeropuertos para autobuses"), entre otras cosas. El Estado federal no está ausente: se integra desde el Ministerio de Fomento y a través de sistema ferroviario Renfe-Cercanías.
Quizás el gran logro fue haber conseguido que se gestione el sistema como uno solo, sumando planeamiento y política tarifaria. La integración de transporte en Madrid generó un notable aumento en la cantidad (y en la calidad) de los viajes en transporte público: de los 950 millones de pasajeros transportados hace 25 años se ha pasado a casi 1500 millones en 2010. La fórmula es sencilla: "Por un transporte público más atractivo, más económico y menos contaminante".
El AMBA necesita avanzar hacia un modelo de gestión cooperativo y federal, mediante el cual las diversas esferas de gobierno puedan procesar conflictos y lograr consensos en el marco de un esquema de decisiones conjuntas, e incluyendo también a los actores privados.
El transporte metropolitano debe dejar de ser un territorio de disputa político-electoral. Los usuarios (ciudadanos metropolitanos) merecen otro trato y esperan un diálogo maduro entre sus gobernantes.
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