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Impunidad en Catamarca
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LA NACION
El 23 de enero de 2014, en horas de la noche, un alud de piedra, barro y agua desbordó el cauce del río Ambato y destruyó viviendas, balnearios y hosterías de la tradicional villa veraniega de El Rodeo, a 49 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. Once personas perdieron la vida, entre ellas la esposa y una hija del doctor Julio César Castiglioni, por muchos años director del diario El Liberal de Santiago del Estero, cuya nieta aún no fue encontrada.
Numerosos estudios habían advertido sobre la probabilidad de un desastre natural como el que reseñamos, al tiempo que se habían evaluado también las medidas de prevención necesarias para evitar o atenuar sus efectos. Una vez más, la imprevisión cobró vidas.
Fue a principios de la década del noventa cuando un equipo interdisciplinario financiado por el Consejo Federal de Inversiones anticipaba los problemas que los desbordes del Ambato podían encerrar para la población de El Rodeo. Profesionales de la Universidad de Córdoba coincidieron también en la necesidad de encarar trabajos para derivar las aguas del río en caso de crecientes. El gobierno municipal encaró otro estudio, en 2001, de cara a un plan urbano ambiental que se proponía rediseñar la urbanización para evitar el impacto de las inundaciones, incluyendo sistemas de alerta temprana y un plan de obras para desviar el agua de las crecidas mediante canales, diques y defensas costeras. Destacaba también el informe que había que controlar la construcción de instalaciones a lo largo del cauce del río que pudieran obstaculizar la circulación natural del agua.
Lamentablemente, nada de esto se tuvo en cuenta. Se autorizaron balnearios y campings sobre el Ambato y se construyeron puentes, como El Mástil, sin evaluación previa alguna sobre las implicancias de las obras. Los trabajos fueron contratados, obviando el llamado a licitación, por Vialidad de la provincia. Los peritos actuantes certificaron que fue esta construcción la que provocó el trágico siniestro.
Las familias de las víctimas iniciaron una querella en los tribunales ordinarios de la provincia de Catamarca. Insólitamente, el fiscal de Estado se presentó como parte querellante con la vergonzosa e improcedente aceptación de la justicia local, a pesar de la oposición de las familias damnificadas y de la jurisprudencia en la materia, reafirmada en la causa de la tragedia ferroviaria de Once. El fiscal actuante, Roberto Mazzuco, y el instructor de la causa, Alejandro Grover, avanzaron e imputaron entre otros al ex gobernador Brizuela del Moral y al intendente de la localidad al evaluar la desidia y la falta de adecuada respuesta ante las recomendaciones surgidas de los estudios ambientales previos con los que habían contado. También se le ha iniciado un juicio político al fiscal y se ha apartado al instructor de la causa. Pero ésta parece no avanzar.
La responsabilidad de los sucesivos gobernantes, provinciales y municipales, ha quedado ampliamente acreditada. Ignoraron los pronósticos que los informes realizaron sin siquiera iniciar las obras sugeridas, a pesar de contar con las partidas presupuestarias asignadas.
Sin embargo, como sucede en muchas provincias feudales del norte argentino, los intereses de las oligarquías políticas son protegidos por los tribunales provinciales superiores, en desmedro de los derechos de los ciudadanos, que llegan a pagar con sus vidas por esta corrupción. Son provincias en las cuales la sana división de poderes que fija el sistema republicano no existe.
Es tiempo de no bajar los brazos. Tantas muestras de impunidad son a todas luces inaceptables. Debe apoyarse que los catamarqueños de bien defiendan sus pisoteados derechos y empujen en los tribunales el debido castigo para quienes han sido señalados como responsables de las muertes de El Rodeo.
LA NACION
