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Inadmisibles prerrogativas de sangre
Por rara ironía, ni siquiera un hecho inevitable como la muerte ayuda a reducir el tamaño de la gigantesca burocracia en el sector estatal
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LA NACION
Entre las prácticas indeseables que los argentinos anhelamos erradicar se encuentra el nepotismo y la incorporación de empleados a la administración pública por el simple parentesco o amiguismo. No hace falta para terminar con tales abusos una prohibición legal, porque la Constitución Nacional establece que no existen prerrogativas de sangre y que la idoneidad es el único requisito para acceder a los cargos públicos. Lamentablemente, esa práctica perversa subsiste sin distinción de partidos en los tres poderes a nivel nacional, provincial y municipal de todo el país.
Las designaciones transparentes por concursos públicos de antecedentes y oposición que premien el mérito no son la regla, lo cual frustra el sueño de muchos de hacer carrera honesta y productivamente en el sector público. Tampoco es habitual entre nosotros, como en tantos otros países, que solo cambien unos pocos empleados cuando cambia el color de una administración. Ocurre lo contrario: la burocracia estatal siempre agrega capas a su ya pesada estructura. Parapetados detrás de argumentos como la necesidad de confiar en sus equipos, los funcionarios, legisladores y jueces nombran familiares o amigos, o bien los hacen nombrar por otros a quienes retribuyen con idéntico favor, exterminando cualquier posibilidad de triunfo de la sana meritocracia y promoviendo la ausencia de premios y castigos tanto como los privilegios injustificados.
En el orden nacional, la ley de ética pública establece un régimen de incompatibilidades. Los funcionarios deben abstenerse de intervenir fundados en el parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad: padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos, primos hermanos, suegros, cuñados y nueras o yernos. A principio de año, un decreto prohibió la contratación de ciertos familiares, pero solo en relación con funcionarios de alta jerarquía como el presidente, el vicepresidente o los ministros. En la práctica, solo 12 familiares de funcionarios dejaron sus cargos.
Por su parte, un decreto presidencial del mes último, dirigido a "profundizar la recuperación de la calidad institucional, la integridad y la transparencia en las políticas públicas", ratificó la inmediata derogación de las normas internas que establezcan privilegios o preferencias para el acceso a los cargos públicos y empleos, fundadas en vínculos de parentesco.
Un informe (Cippec) refiere que el gobierno de Cambiemos sostuvo la tendencia de aumentar la estructura del sector público nacional. Aún no está claro que la reciente reducción en el número de ministerios sea un cambio al respecto.
De su lado, las sucesiones familiares transforman algunas administraciones en verdaderos feudos. Hace un año, en el municipio de Santa Rosa, en Mendoza, el Concejo Deliberante dispuso que, en caso de jubilación o fallecimiento de un empleado, esa comuna debía contratar a un familiar. La intendenta Norma Trigo vetó acertadamente esa norma inconstitucional. Fue luego en otra localidad mendocina, La Paz, donde se aprobó una resolución que determina que los familiares de empleados municipales fallecidos tendrán prioridad para acceder a un puesto público.
Por estos días, la nuera de Guillermo Jenefes, exvicegobernador de Jujuy, fue denunciada tras su nombramiento en el Banco de Desarrollo, sin llamado a concurso, con un salario diez veces mayor al promedio de un empleado estatal.
También el estatuto para el personal del Banco Central de la República Argentina (BCRA) prevé que "en caso de muerte de un empleado en actividad, de la planta permanente, uno de los integrantes de su grupo familiar primario podrá optar por incorporarse a la institución". En abril pasado, la Procuración del Tesoro dictaminó que la prerrogativa a favor de los familiares de los empleados fallecidos para ingresar al Banco es contraria a la Constitución, pues contraviene la garantía de igualdad y tratados internacionales de igual rango.
Algunas de esas aberraciones subsisten porque han sido introducidas en los convenios colectivos de trabajo que el Gobierno homologa y que nadie ha cuestionado judicialmente. Así pasó, por ejemplo, que esos convenios son negociados por funcionarios que representan formalmente a la parte patronal, pero que también se benefician, en tanto empleados, con sus disposiciones; un palmario conflicto de intereses. Todos los contribuyentes enriquecemos así pos mortem el patrimonio de empleados a quienes ya pagaron el salario y cuyos herederos también son beneficiarios del régimen de pensiones. De este modo, por rara ironía, ni siquiera un hecho inevitable como la muerte ayuda a reducir el tamaño de la gigantesca burocracia estatal.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) inició recientemente negociaciones con los sindicatos regionales de Luz y Fuerza sobre los cambios que esa firma pretende introducir en el convenio colectivo de trabajo, uno de ellos relacionado con el "régimen hereditario" de los puestos. En un país donde imperara realmente el Estado de derecho sería innecesario negociar la eliminación de una norma inválida. Diseños institucionales como los mencionados, además de ser un insulto a la idea de lo que significa una república, constituyen un obstáculo para que muchas personas preparadas puedan aspirar a un cargo público por sus méritos.
La administración pública no puede convertirse en reducto para parientes. El beneficio general debe privar sobre el personal. La herencia genética o el parentesco lejos están de asegurar la idoneidad. El flagelo del nepotismo está íntimamente ligado a una creciente corrupción en todos los niveles del poder.
Debemos revisar y erradicar todas aquellas normas de sesgo feudal que sobrevivieron en el tiempo, pues nuestro país no admite, desde la Asamblea del Año XIII, prerrogativas de sangre ni de nacimiento a la hora de regular el acceso a la función pública.
LA NACION
