Infancias sin rehenes: una deuda pendiente de la Justicia argentina

En los conflictos familiares más intensos, muchas veces la primera víctima no es quien inicia una demanda ni quien la recibe. Son los hijos.

Mientras los adultos libran disputas atravesadas por el dolor, el resentimiento o la ruptura de un proyecto de vida, hay niños que quedan atrapados en una batalla que nunca eligieron. Algunos dejan de ver a uno de sus padres. Otros pierden contacto con sus abuelos, tíos o primos. Muchos terminan alejados de una parte de su propia historia.

Todo suele justificarse en nombre de una causa noble: proteger al niño.

La protección de la infancia es, sin duda, una obligación irrenunciable. Pero la experiencia demuestra que, en ocasiones, ese argumento puede ser utilizado para encubrir conductas que terminan produciendo exactamente lo contrario de lo que dicen buscar. Cuando un niño es utilizado como herramienta para castigar a otro adulto, la protección deja de ser protección y se transforma en una nueva forma de violencia.

La utilización de los hijos como rehenes emocionales no siempre es evidente. A veces, aparece a través de obstáculos permanentes para mantener el contacto con el progenitor. Otras veces mediante la descalificación constante de su figura, la construcción de relatos negativos o la instalación progresiva de miedos y rechazos que terminan erosionando vínculos que antes eran significativos.

En esos contextos resulta legítimo preguntarse hasta qué punto la voz del niño refleja realmente una experiencia propia y cuándo comienza a reproducir discursos, temores o conflictos que pertenecen al mundo adulto.

Plantear este interrogante no implica desconocer la existencia de situaciones reales de violencia familiar, abuso sexual o maltrato infantil. Esos casos existen y requieren una intervención rápida, especializada y contundente. Pero precisamente porque son tan graves, también es necesario reconocer que el sistema debe estar preparado para distinguir entre una denuncia fundada y una acusación utilizada como instrumento dentro de otro conflicto.

Negar esa posibilidad no fortalece la protección de las víctimas. Por el contrario, debilita la capacidad de la Justicia para investigar con objetividad y encontrar la verdad.

El problema es que, muchas veces, el sistema judicial responde desde la lógica del “por las dudas”. Ante una denuncia, se suspenden contactos, se restringen comunicaciones y se paralizan vínculos familiares mientras avanzan procesos que suelen extenderse durante meses o incluso años.

La cautela puede ser necesaria en determinadas circunstancias. Lo preocupante ocurre cuando las medidas transitorias se prolongan indefinidamente y terminan generando daños que después resultan imposibles de revertir. Porque el tiempo judicial y el tiempo de la infancia no funcionan bajo la misma lógica.

Para un expediente, un año puede ser apenas una demora más. Para un niño, puede representar la pérdida de una etapa completa de crecimiento junto a una persona importante de su vida. Puede significar cumpleaños que no se comparten, recuerdos que no se construyen y vínculos que se deterioran hasta volverse irreconocibles.

Mientras tanto, las audiencias se postergan, las pericias se demoran y los informes llegan tarde. En muchos casos, cuando finalmente aparece una resolución, el daño ya está hecho.

Por eso la discusión no debería limitarse a escuchar al niño, sino también a comprender cómo se construye ese relato. Investigar implica analizar contextos, identificar posibles interferencias, detectar manipulaciones y evaluar cada situación con herramientas técnicas adecuadas.

Escuchar a un niño es fundamental. Pero escuchar no significa renunciar al análisis crítico. Del mismo modo, proteger no puede equivaler a interrumpir indefinidamente todos sus vínculos afectivos.

La infancia necesita una Justicia capaz de actuar con sensibilidad, pero también con rigor. Una Justicia que comprenda que detrás de cada expediente existe una historia en desarrollo y que las decisiones tardías pueden ser tan perjudiciales como las equivocadas.

También necesita instituciones dispuestas a intervenir cuando se incumplen sistemáticamente los regímenes de comunicación, cuando se obstaculiza el contacto con familiares o cuando se utilizan denuncias falsas como mecanismo de presión. La ausencia de consecuencias frente a estas conductas termina enviando un mensaje peligroso: manipular vínculos puede resultar efectivo.

La pregunta que deberían formularse todos los operadores del sistema —jueces, fiscales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales y docentes— es tan simple como incómoda: ¿esta intervención está protegiendo al niño o está contribuyendo a profundizar el conflicto de los adultos?

Hablar de infancias sin rehenes no implica tomar partido por madres o padres. Tampoco supone minimizar situaciones de violencia o abuso. Significa asumir que el interés superior del niño exige algo más que una consigna repetida en resoluciones y discursos.

Exige investigar con seriedad, actuar con rapidez y evitar que los hijos se conviertan en instrumentos de venganza, presión o castigo. Porque los conflictos entre adultos suelen terminar. La infancia, en cambio, pasa una sola vez.

Cuando la Justicia llega tarde, mira para otro lado o se deja arrastrar por estrategias de manipulación, quienes terminan pagando el costo más alto son aquellos a quienes el sistema dice proteger.