Justicia penal juvenil: ¿cuál es el debate que se debe la Argentina?

Hace varias décadas que la Argentina tiene pendiente adecuar la ley penal juvenil a los estándares internacionales de derechos humanos, como lo ha señalado la propia Corte Suprema de la Nación al afirmar que la justicia destinada a los más jóvenes históricamente se ha caracterizado por negar principios básicos y elementales, tales como la presunción de inocencia, proporcionalidad y defensa en juicio.

Es necesario que la Argentina aborde los desafíos en torno a la seguridad de la población y adopte un sistema penal juvenil en línea con los estándares constitucionales e internacionales a los cuales el país se ha comprometido. Una reforma integral que ponga en el centro de la discusión la prevención del conflicto con la ley por sobre la represión.

En palabras del propio Comité de los Derechos del Niño, en sus recomendaciones a la Argentina, se debe aprobar “una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil, que no incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal”.

Existe en ciertos debates la percepción de que hay una respuesta estatal débil respecto de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal. Sin embargo, la Argentina recibió en 2013 una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Mendoza) por la condena excesivamente dura impuesta a varios adolescentes de prisión perpetua. Aún hoy se dictan sentencias con penas que superan incluso los 20 años de prisión por parte de varios tribunales provinciales.

Los datos recolectados por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia nacional muestran que la gran mayoría de los conflictos con la ley por parte de adolescentes son por delitos contra la propiedad y no delitos contra la persona (homicidios) y que la participación de menores de edad es muy baja en el total de los delitos que se cometen en el territorio nacional (relevamiento Senaf 2021).

Si bien no hay registros unificados a nivel país, según los registros del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, en 2023 hubo 1.060.542 investigaciones penales. De ese universo total, 23.846 están relacionadas con una persona menor de edad. Es decir, solo alrededor del 2% del total de investigaciones penales iniciadas por el Ministerio Público Fiscal bonaerense en 2023 corresponde al fuero de adolescentes.

Del total de las investigaciones, prosperaron en el Poder Judicial 12.259 causas seguidas a adolescentes. De estas últimas, 5740 procesos penales contra adolescentes finalizaron por sobreseimientos, es decir, por falta de elementos para continuar con la investigación, de los cuales un muy bajo porcentaje fueron sobreseimiento por inimputabilidad.

Aun así, es importante reafirmar que se requiere de un Estado con una clara respuesta que abarque los derechos de la víctima, y que implique la responsabilización de la conducta de la persona acusada, entendiendo el contexto y las causas de ese accionar.

Esa respuesta debe darse en el marco de un sistema penal juvenil integral y diferenciado del sistema penal de adultos, tanto en el proceso, la cuantía de las penas, el tipo de sanciones y enmarcado en un sistema de justicia restaurativa que incluya el diálogo, la incorporación de la víctima al proceso y enfatice las medidas no privativas de la libertad en la búsqueda de promover que cada adolescente asuma su responsabilidad, se reinserte en la comunidad y no vuelva a entrar en conflicto con la ley.

La sociedad argentina requiere una discusión que involucre al Congreso, al ámbito judicial, a las áreas de niñez de las provincias, a la sociedad civil, defensorías y la academia para llevar adelante un reforma integral, consensuada y participativa que tenga en cuenta la evidencia, las causas del delito desagregadas por regiones, edad y tipo de delito, y la capacidad presupuestaria e institucional para reforzar el sistema de protección a nivel nacional y local. Unicef está a disposición de estos actores y de la sociedad en general para contribuir en este debate.

Es hora de tomarse el tiempo para analizar las verdaderas causas del problema y pensar juntos como sociedad una profunda reforma que priorice la prevención y logre cambiar el destino de aquellos adolescentes en conflicto con la ley.

Especialista en Protección de Derechos de Unicef Argentina