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Kicillof y la excusación como doctrina en la Justicia bonaerense
Axel Kicillof intentó descargar en Julio Conte Grand la excarcelación de detenidos puesta en práctica por su gobierno. La conmoción en el oficialismo por el asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía a pocos días de las elecciones vuelve hasta cierto punto comprensible la torpeza que le hizo cometer a Jessica Rey, ministra de Comunicación y su vocera personal. Rey le atribuyó al Procurador General una responsabilidad desmentida por las estadísticas y la cronología de los acontecimientos en el Poder Judicial.
La intervención de la Corte bonaerense y de Conte Grand le puso límites a una política que facilitó la salida sostenida de condenados desde enero de 2020. Pero que tuvo su pico máximo en abril, con el hábeas corpus colectivo al que Víctor Violini dio trámite favorable con la pandemia del Covid-19 por excusa. La decisión del juez de Casación fue apelada por el fiscal de ese tribunal, Carlos Altuve, y sostenida por Conte Grand con un dictamen que avaló la Corte.
Esa medida le permitió al Ministerio Público revertir la decisión de Violini. El juez de Casación tiene pendiente un juicio político: la mayoría de los que liberó volvió a delinquir. Sergio Berni vinculó la muerte de Sabo al modus operandi de los jueces. El homicida, Leandro Suárez, es reincidente. Pero el fallido del gobernador no solo es llamativo por estos antecedentes. También por las repercusiones en su gabinete. Ningún ministro se hizo eco del pronunciamiento de Rey.
Una falta de solidaridad especialmente evidente por parte de los más calificados y con competencia para expedirse sobre un tema que entrecruza áreas sensibles. Como las de Seguridad y de Justicia, a cargo Berni y Julio Alak. Pero en las que también aparece involucrado Martín Insaurralde, el jefe de todos los ministros. El intendente de Lomas de Zamora optó por no emitir palabra. Tiene un argumento muy razonable. Está negociando con la oposición el descongelamiento del diálogo impuesto por Kicillof en la primera mitad de su mandato.
Alejandro Formento es un paso auspicioso para Insaurralde. Juntos aprobó en el Senado su pliego como director del Bapro para cubrir la vacante de Juliana Di Tullio. La renuncia de Di Tullio para asumir como senadora nacional había dejado al directorio con tres miembros y sin posibilidad de sesionar por falta de quórum. Formento está ligado a Kicillof. El problema es la contrapartida acordada con la oposición por los intendentes del conurbano para socorrerlo. Significaría el final de su estrategia en la Legislatura. Esto es, desconocer cualquier participación de la oposición en los organismos de control con la expectativa de que el resultado del 14 de noviembre le permita modificar la composición del Senado: Juntos tiene una mayoría propia de 26 sobre 46 representantes. El intento de desplazar al Procurador General es parte sustancial de esta concepción atribuida a Federico Thea, secretario Legal y Técnico. Para eso el oficialismo precisaría el voto favorable de los dos tercios del cuerpo.
Aún en un escenario favorable al Frente de Todos, la proporción actual no se modificaría. Insaurralde negocia con Juntos la aprobación de los 150 pliegos enviados por el Consejo de la Magistratura que retiene el Ejecutivo y la firma de una veintena de otras designaciones que el gobernador se resiste a firmar. La arremetida de Rey contra Conte Grand expresaría la impotencia de Kicillof con las rectificaciones que introducirían en su política los intendentes desde el 15 de noviembre.
Entre los 150 expedientes demorados figuran nueve de especial interés en la Tercera Sección. Los nueve correspondientes a los candidatos a cubrir tres vacantes en la única Cámara de Garantías y Apelaciones que funcionará en el departamento Judicial de Lanús y Avellaneda. Carlos Baccini y Gabriel Vitale figuran entre los aspirantes. Baccini es el fiscal general interino en el departamento Judicial de Lomas de Zamora. Vitale es el titular del juzgado de Garantías N° 8.
El cursus honorum de Baccini para ocupar una de las dos que le corresponderían al oficialismo dependería de mantener activa la supuesta afinidad con Insaurralde y otros intendentes del PJ: Mariano Cascallares (Almirante Brown), Alejandro Granados (Ezeiza) y Gustavo Menéndez (Merlo). A ese esmero le sumaría otro. El 13 de noviembre del 2020 archivó la investigación iniciada por la Unidad de Delitos Complejos para determinar la posible sociedad entre Hernán Rosín y firmas proveedoras del Municipio de Lomas de Zamora.
Hasta esa denuncia, Rosín fue su secretario de Hacienda. La causa estaba a cargo de Vitale, por quien Sebastián Silvestre habría intervenido para aletargar las medidas de prueba en su contra en la causa Pay Diamond. Una estafa a la comunidad boliviana por 60 millones de dólares en la que aparece mencionado Fernando Burlando. Silvestre es el director de Asuntos Legales en la Lotería bonaerense y cumplió funciones similares en el Municipio de Lomas de Zamora.
El juez de Garantías N°11, Sebastián Monelos, desestimó como medidas de prueba en la causa donde se investiga a Vitale por fraguar otras, las mismas que el fiscal Sebastián Scalera pidió en Pay Diamond y que Monellos no rechazó cuando se declaró incompetente para facilitar su pase al fuero Correccional y Criminal. La Sala 3 de la Cámara de Garantías resolvió que la causa regrese a Monellos luego de que 16 magistrados se excusen de investigar a Vitale. Monelos fue el precursor de imponer ese criterio.
Vitale fue el primero en intervenir en la causa La Salada. Lo hizo junto a Baccini, al que acusó de desaparecer pruebas que demostrarían la protección judicial y política sobre esa feria. A pedido de Elisa Carrió, esa denuncia fue investigada por Héctor Scebba. El fiscal de San Martín la desestimó y le rechazó Vitale un recurso de apelación que hizo suyo Carrió. Scebba lo volvió a rechazar.
El ascenso de Vitale enfrentaría otra contrariedad. El mal recuerdo que habría dejado en Diego Kravetz. El jefe del Gabinete negoció en nombre del intendente Néstor Grindetti la composición del departamento judicial Lanús/Avellaneda. Es probable que su palabra vuelva a tenerse en cuenta. No solo para definir la vacante que le correspondería a la oposición en la nueva Cámara. También para consensuar su temperamento.
A Vitale se le atribuye promover la denuncia que en 2016 presentó el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, contra Rubén Baca. A pedido de Kravetz, el juez correccional N°5 de Lanús era el secretario Académico de la escuela local de policía. Renunció por la denuncia. Vitale era su segundo. En apariencias, Kravetz lo despidió sin motivos. La denuncia de Ferrari le atribuyó a Baca brindar protección a prostíbulos y al juego clandestino.
Federico Villena reclamó la competencia y la causa fue archivada. El Consejo de la Magistratura tiene abierto un juicio político contra el juez federal de Lomas de Zamora. A Vitale se le atribuye reunirse una vez por semana con Violini. Uno de los magistrados más cercanos al kirchnerismo. Y al exjuez de Garantías César Melazo.
Nueve fiscales se excusaron de intervenir en el juicio en su contra por liderar una asociación ilícita que robaba viviendas en City Bell. El Ministerio Público intenta acortar el plazo de tres años previsto para iniciarlo. Podría quedar en libertad antes, si cumplen los dos tercios de la condena prevista. La excusación como doctrina tiene su razón de ser.
