La Argentina debe asumir su deuda educativa
Al prestar atención a la manera en que se abordan los temas educativos, es recurrente que se lo haga desde sus fallas, anomalías y violencias, que de tanto en tanto tienen como escenario los espacios escolares y su contexto. Algo que vemos en las noticias y redes sociales como si constituyesen un espectáculo de circo impactante, que dura hasta que aparece un nuevo número más entretenido.
No es eso, solamente, lo que sucede en el sistema educativo. Existen problemas generalizados de aprendizaje; una burocratización de la gobernanza de la educación (léase en la provincia de Buenos Aires); un escaso seguimiento de la eficiencia y eficacia en cómo se utilizan las partidas presupuestarias; una carrera profesional sin incentivos y aplanada, donde lo que aumenta los ingresos docentes es la antigüedad en el sector o el acceso a un cargo jerárquico y, como si todo lo anterior fuese insuficiente, se observa una creciente segmentación de los circuitos educativos en diferentes grupos socioeconómicos. A esto se agrega una migración de las clases medias (cuando pueden y cómo pueden) de las escuelas estatales a las de gestión privada. Fenómeno detectable, desde hace unas décadas, como lo ha estudiado Mariano Narodowski. Todo ello conforma un diagnóstico grave, que condiciona el tiempo presente y futuro. Por otra parte, el tratamiento hacia estos temas es similar: intervenciones reactivas que no discriminan la naturaleza de cada cuestión y su jerarquía. Cuando es imperante decir algo, la dirigencia atiborra los medios con análisis rápidos y soluciones que eluden la complejidad.
Es imposible pensar un modelo educativo, asociado a un tipo determinado de escuela (cualquiera que fuese su formato) y currícula, que a su vez requiera unos determinados perfiles docentes, sin la debida integralidad que el asunto demanda. En él, las partes y el todo conforman una unidad que debe ser pensada y diseñada en conjunto. Fundada necesariamente en una cosmovisión de lo que se entiende por una buena sociedad y que supone per se una asociación con determinado modelo de desarrollo.
En línea con todo esto, la discusión docente ha sido cooptada por los sindicatos, cuyas funciones son otras y en donde la sospecha de condicionamiento partidista en su misión específica es evidente. No se propone aquí su exclusión de estas cuestiones, sino, como dice el refrán, “zapatero a tu zapato”. El país posee un sinnúmero de especialistas en educación, no solo en pedagogía y didáctica, también en sistemas comparados, financiamiento, diseño de carreras docentes y otras especialidades del sector, que pueden abordar con solvencia un debate plural y serio. ¿Entonces?
Se debería tomar distancia de la inmediatez, abandonar prejuicios y sumar sectores políticos y de la sociedad civil, comprometer a intelectuales y estudiosos, a docentes, al mundo de la empresa, articulados desde el Ministerio de Capital Humano, fundamentalmente desde la Secretaría de Educación. Es imprescindible determinar plazos ciertos y cumplibles, fijar prioridades de agenda, para avanzar con paso firme en la construcción de un consenso educativo sostenible y acorde a un tipo de desarrollo deseable y sustentable. No es cuestión de enumerar ideas y firmar decálogos, posando para una foto de ocasión. Se trata de plasmarlas en políticas medibles y auditables, que aborden problemas y dilemas concretos. Ser razonables también en los términos de su financiamiento: si fuese necesario redirigirlo, incrementarlo o reducirlo. En educación, los recursos son finitos y las demandas, variables y crecientes.
Se requiere, sin dudas, de liderazgos constructivos que, de la tensión razonable, fruto de las ideas en pugna, puedan lograr acuerdos viables. Junto a la social, la deuda educativa es la otra asignatura pendiente. Asumirla y afrontarla, con el coraje cívico que se requiere, es una tarea ciclópea, pero imprescindible.
Por Diego M. Jiménez
