La Argentina necesita un nuevo RIGI: Régimen de Incentivo a las Grandes Ideas

Todos los días, unas veinte familias llegan cargadas de bolsos y valijas con el sueño de armar una vida nueva alrededor de Vaca Muerta. Han escuchado que ahí está el futuro; que hay desarrollo, crecimiento y oportunidades de trabajo.

Se instalan en Añelo, una ciudad que en una década multiplicó su superficie urbana más de un 360%, pero que tiene una infraestructura y una oferta de servicios muy limitadas. Allí, el sueño y las expectativas chocan contra una dura realidad. La gran mayoría enfrenta dificultades enormes para conseguir trabajo y acceder a una vivienda. Tampoco encuentran lugar para sus hijos en una escuela ni cobertura en el sistema de salud. La industria del gas y el petróleo necesita mano de obra, sí. Pero necesita una mano de obra calificada y con experiencia. El resto queda en un limbo: sin empleo inmediato, con costos altísimos y sin red de contención.

Ese retrato muestra problemas estructurales y también falta de debates de fondo sobre la reconfiguración productiva y económica del país. Expone una brecha enorme entre el desarrollo y la planificación territorial, y también entre el crecimiento de determinadas actividades y la formación laboral y profesional.

Está claro, hoy, que el motor económico más dinámico de la Argentina está en las áreas de la energía, la minería, el agro, la pesca y la industria del software. Sin embargo, en la agenda del debate público prácticamente no figuran temas como el del diseño urbano en las zonas donde se concentran esas actividades, o el de la capacitación específica para la demanda de mano de obra de esos sectores estratégicos. No hay políticas de Estado que orienten y estimulen la movilidad laboral y las migraciones internas, pero con cierta planificación, no de manera caótica. No hay –hasta donde se sabe– mesas de trabajo con las provincias mineras y petroleras para definir programas que articulen esos polos en expansión con la oferta educativa y el desarrollo de infraestructura y de servicios. El Gobierno parece seguir, en ese sentido, una tradición del Estado argentino de los últimos 50 años: no pensar el largo plazo, no anticiparse a determinados fenómenos, no planificar el desarrollo urbanístico y territorial. Las universidades públicas, por su parte, tampoco se muestran demasiado permeables a discutir una mejor conexión con las nuevas demandas del mercado ni con las tendencias globales del desarrollo económico.

El sistema de educación técnica y superior sigue formando recursos para una economía que ya no lidera el crecimiento. Neuquén, Jujuy o Santa Cruz, por ejemplo, necesitan ingenieros, geólogos, técnicos en hidráulica, operadores especializados. Pero no los encuentran en la Argentina, al menos en cantidad suficiente. En muchos casos, tienen que traerlos de otros países. La industria petrolera necesita personal para trabajar en boca de pozo y en maniobras de perforación: no son trabajos que puedan ejecutarse sin una capacitación específica.

En materia universitaria, el vicepresidente de la Academia Nacional de Educación, Héctor Masoero, acaba de formular una pregunta crucial: “¿Por qué no priorizamos el ingreso y los incentivos según lo que el país necesita?”. “No se trata –aclaró en una columna en LA NACION– de cerrar carreras de humanidades, sino de volcar más fuerza y más recursos en las áreas estratégicas que mueven la economía: el campo, la energía, la minería, el transporte y la tecnología”. Sin embargo, salvo honrosas excepciones, las universidades nacionales ni siquiera proponen un debate alrededor de estas preguntas.

Así, se producen situaciones como estas: el mundo va hacia una acelerada electrificación, tanto en la movilidad como en la construcción y en todos los sistemas de calentamiento. Eso exige cada vez más técnicos y profesionales para planificar, desarrollar, instalar, mantener y extender sistemas eléctricos. Pero en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, la matrícula de ingresantes a la carrera de Ingeniería en Energía Eléctrica bajó un 10% entre 2019 y 2023, y en el último año de la carrera hoy tienen, apenas, 15 estudiantes. El déficit de electricistas matriculados es un problema que la industria sufre cada vez más. Sin embargo, no se discute cómo estimular la capacitación en ese oficio a través de la escuela secundaria.

El boom de la minería hizo crecer la matrícula estudiantil en la carrera de Ingeniería en Minas de la Universidad Nacional de San Juan, pero el año pasado –por ejemplo– solo hubo siete graduados con ese título.

Imaginemos que se montara, en el corazón del conurbano bonaerense, una “escuela de formación para Vaca Muerta y la actividad minera”. ¿No habría filas de jóvenes dispuestos a capacitarse para trabajar en esas industrias? Tal vez sería una forma de estimular un circuito virtuoso de capacitación y movilidad laboral. Y es probable que haya empresas y universidades dispuestas a trabajar en conjunto en un proyecto de ese tipo. ¿No debería ser el Estado el que promueva y convoque a trabajar en una iniciativa como esa? La pregunta nos remite a una especie de agujero negro del desarrollo argentino: no se está discutiendo cómo construir el puente entre una matriz productiva que se achica –la del cordón industrial del conurbano bonaerense– y otra que se expande en zonas ricas en recursos naturales.

El RIGI ha sido, probablemente, una de las mejores iniciativas que ha impulsado el Gobierno para estimular desarrollos productivos. No solo ofrece incentivos fiscales y aduaneros, sino un marco de estabilidad normativa y seguridad jurídica por 30 años a proyectos que superen los 200 millones de dólares. El impacto promete ser enorme: ya hay inversiones previstas por US$170.000 millones de hoy a 2031, según un informe que acaba de publicar LA NACION. Sin embargo, tal vez debería pensarse también en una especie de “RIGI humano y territorial”, que contemple, alrededor de esas inversiones, programas de formación laboral y de crecimiento urbano que acompañen y armonicen el desarrollo que está en marcha.

Hoy, las provincias que concentran la mayor actividad minera son Catamarca, San Juan, Jujuy, Salta y Santa Cruz. Son zonas que exhiben rezagos estructurales en materia de salud, educación e infraestructura urbana y vial. En algunos casos, como San Juan, ya se observan grandes desarrollos inmobiliarios vinculados al dinamismo que adquirió la actividad minera, pero hace falta una política regional de ordenamiento territorial que contemple, incluso, una transformación demográfica para los próximos veinte o treinta años.

La cuestión de la migración interna también merece un debate y una planificación que están ausentes. El conurbano bonaerense hoy tiene un índice de desocupación juvenil del 21%, según datos del Indec, mientras Neuquén tiene dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo. Conectar esos dos mundos es un desafío complejo, que tal vez dispare un interrogante previo: ¿hay intención y voluntad de conectarlos? Hoy, muchas provincias mineras o petroleras desalientan la llegada de nuevos pobladores. En Neuquén y Río Negro, por ejemplo, impulsaron leyes locales que exigen a las empresas que hasta un 80% de sus trabajadores sean de la propia provincia. En la práctica, ese tipo de iniciativas bloquea la posibilidad de que un técnico calificado de La Pampa, o del conurbano bonaerense, por ejemplo, ingrese al mercado laboral de la Patagonia. ¿No debería promoverse una discusión de fondo sobre esa fragmentación del mapa laboral?

En una Argentina en la que se banaliza, muchas veces, el concepto de “batalla cultural”, tal vez haga falta un esfuerzo por introducir nuevos temas en la agenda pública y discutir, por ejemplo, la cuestión de la movilidad geográfica, vinculada al empleo, entre las nuevas generaciones. En sectores más vulnerables, existe un arraigo al barrio que algunos especialistas explican por la falta de oportunidades, pero también por una cuestión identitaria: ser de Fiorito, por ejemplo, es una forma de pertenecer a una cultura, de tener un ancla. En franjas de clase media, la movilidad se piensa más hacia fuera del país, desde la cosecha de kiwis en Australia hasta una temporada de mozo en capitales de Europa. El sistema universitario se ha vuelto más regional que federal. La proliferación de casas de altos estudios (había 11 universidades nacionales en 1970, 29 en la década del 90 y 70 en la actualidad) ha debilitado la experiencia de la movilidad y el desarraigo virtuoso que suponía la vida universitaria. Si un recién graduado de Medicina en La Plata, por ejemplo, pregunta en la facultad en qué lugar del país se necesitan hematólogos o cirujanos, es probable que nadie sepa responderle. “Ese mapa de necesidades profesionales por regiones no existe”, explica un antiguo profesor. Lo mismo le responderían, seguramente, a un joven del conurbano bonaerense que intente saber en qué lugar del país puede tener una buena oportunidad laboral.

Hay ciudades que han desarrollado modelos interesantes de atracción y crecimiento alrededor de actividades económicas y académicas: un ejemplo es Tandil, con un polo asociado a la industria del conocimiento. Pero la mayoría de los centros urbanos han crecido de manera desordenada y anárquica: se han “conurbanizado”.

La transformación estructural de la Argentina requiere estabilidad macroeconómica e inversiones productivas, por supuesto, pero también exige una mirada más amplia y más quirúrgica sobre las necesidades y las consecuencias de esos cambios de modelo. Requiere, en definitiva, un país que se piense a sí mismo, que contemple el largo plazo, que conciba al desarrollo como algo asociado al capital humano y al ordenamiento territorial. Tal vez haga falta un debate público más ambicioso y sofisticado, menos empeñado en la confrontación y más centrado en los desafíos del futuro, menos teñido de agresividad y más dispuesto al diálogo constructivo. Vaca Muerta y el litio no alcanzan. Quizá haga falta, en definitiva, proponer un nuevo RIGI: Régimen de Incentivo para las Grandes Ideas.