La construcción mítica de un villano: el trabajador

La anécdota de un restaurante cuyo dueño amenazó con cerrar en caso de tener que pagar un juicio laboral es solo la punta del iceberg de una tenaz construcción discursiva que, si bien no tiene rigor jurídico, se expande como una mancha a vastos sectores sociales. Clima de época.

La puesta en circulación de casos como el del restaurante no es la única herramienta para demonizar el derecho laboral. Otros ejemplos son la repetición ad nauseam –en los medios y en las redes– del concepto deliberadamente difuso de “industria del juicio”, la victimización constante de empresarios pyme –como si fueran las cenicientas del sistema– o el silencio sobre compañías medianas y pequeñas que eligen insolventarse o concursarse para escamotear el pago de sentencias laborales.

No se trata de negar el problema, ni mucho menos ocultar los abusos que en efecto han existido, pero urge encender alarmas. En Francia y España se hicieron en las últimas décadas cambios en la legislación del trabajo que demandaron años de estudio y abrieron ricos debates públicos. En nuestro país, en cambio, la improvisación es tal que se llegó al absurdo de que, en un tema crucial como las licencias por enfermedad, se urdieron cambios arrebatados que ni siquiera eran consentidos por quienes presentaron el proyecto; todos se desmarcaban, un ministro balbuceó torpes justificaciones y, finalmente, admitieron la necesidad de una enmienda.

Solo señalar algunas consecuencias en el caso de que se apruebe ese cambio por el cual, ante una enfermedad inculpable, la empresa no pagaría todo el salario sino solo el 75% si la enfermedad fuera contingente –una gripe o un cáncer– y solo el 50% cuando haya mediado una mala decisión del trabajador –por ejemplo, si se fracturó practicando deportes–. Más allá de lo dificultoso que sería discriminar un caso de otro (¿dónde se ubicaría el trabajador que tiene un accidente en su casa por no haber arreglado un calefón?), surgen otros interrogantes. Esta norma sería un estímulo para que el trabajador con una enfermedad contagiosa asista igual para evitar el descuento, con lo cual propagaría silenciosamente el virus entre sus compañeros. Sería también un estímulo para que el trabajador evite la actividad física, con consecuencias sobre la salud. Pero hay algo aún peor: ¿es concebible que ante una desgracia, como la detección de un tumor y la necesidad de penosos tratamientos, justamente cuando más lo necesita, se le reduzca el sueldo? Más aún: dado que esa reducción del sueldo impactaría sobre la cuota que va a la obra social, el trabajador debería pagar una diferencia mayor para no perder la atención médica. Afortunadamente, este punto parece estar en revisión.

Todo eso es moralmente inadmisible. Sin embargo, con tal de defender al Gobierno muchos fanáticos mileístas han dicho en las redes cosas como: “Si se enferma es problema del trabajador, no del empleador”, o: “Si se enferma el empresario, ¿quién lo ayuda?”, o “El empresario no adopta al trabajador, solo le da trabajo”. Ninguno de los que abundaron en semejantes tonterías pidió disculpas cuando el propio Gobierno admitió que era una norma defectuosa que requiere cambios.

En materia legislativa, el arrebato y la improvisación suelen ser los mejores caminos para dictar normas que desatan una alta conflictividad. Más allá del ejemplo de las licencias por enfermedad, hay otros cambios claramente regresivos, como la insólita posibilidad de pagar las sentencias en cuotas o la virtual eliminación de las horas extras. Se habla de la posibilidad de “pactar” la compensación de horas extras con francos en otras jornadas, pero el verbo pactar es sospechoso dada la asimetría de la relación: ¿qué puede discutir un obrero al que se le estipule este formato frente a una gran empresa? No seamos hipócritas: se abre el camino a una imposición que va a desorganizar la vida del trabajador.

Nuestro país ha signado tratados internacionales que lo obligan a no dictar leyes regresivas –que quiten derechos– en materia laboral, de modo tal que todo este intento de “modernización” (con severas comillas) podría terminar en una enorme inflación de pleitos, con el consiguiente dispendio de recursos públicos. Quieren ordenar y desordenan. Pero esto no sería nada si no fuera porque este proyecto de ley no solo deja intactas a las corporaciones, sino que no ataca los verdaderos problemas que hay en el mundo laboral. Es una norma “tribunera”, para endulzar los oídos de los que han alentado el constructo antitrabajador.

Primer problema real: en la década menemista se dictaron tres leyes con la intención de reducir el trabajo “en negro” aplicando multas, pero en la práctica fueron usadas para abultar los juicios. Abusos, sí. Pero esas tres normas ya fueron derogadas por la Ley Bases, el problema es que la derogación no puede ser retroactiva, con lo cual se seguirán aplicando para las relaciones viejas. Aunque cueste entenderlo, los grandes cambios requieren tiempo y siempre es preferible respetar el Estado de Derecho.

Segundo problema: los intereses de los juicios. En efecto, el fuero laboral fue fijando pautas que en algunos casos resultaron excesivas, pero eso no nació ex nihilo: los empresarios, cuando los intereses laborales eran más bajos que los bancarios, usaban el pleito como una forma de financiarse, lo alargaban lo más que podían dado que convenía más que tomar un crédito en el banco. Consecuencias: los juicios terminaron siendo interminables y los jueces fueron aumentando la tasa para desalentar esa práctica deletérea que obligaba al trabajador despedido a convertirse en financista del empresario. La nueva ley da en este punto una razonable solución, fijando como tasa el IPC más 3% anual. Lamentablemente, los últimos acontecimientos en el Indec abren el riesgo de una nueva manipulación de los índices públicos, con lo cual esa solución con el tiempo podría convertirse en otra bomba de tiempo.

En tercer lugar, el Estado como empleador provoca enormes distorsiones. Bastará decir que la Biblioteca Nacional –por mencionar solo un ejemplo– tiene menos de diez empleados en planta permanente dentro de un plantel total cercano a los ochocientos agentes. Nuestra Constitución protege el trabajo en todas sus formas y establece la estabilidad para el empleado público. ¿Es atendible que, bajo esta cínica forma de contratación irregular, haya empleados públicos con veinte y treinta años de antigüedad que son despedidos sin ninguna indemnización, estableciendo así una clara desproporción con el empleo privado?

Pero hay otros aspectos graves en materia laboral frente a los cuales la sociedad se muestra indiferente. En los últimos tiempos, una empresa de electrodomésticos, con cinco mil empleados, fue vaciada, dejando un tendal de juicios impagos. Todo ello a la vista de las autoridades. Más recientemente, una popular empresa de medios –cuyo factótum se exhibe como progresista– se concursó con el inconfesable propósito de licuar las sentencias laborales en contra, aprovechando que en los concursos se incurre en una práctica que viola la cosa juzgada y el derecho de propiedad: niegan los intereses fijados por el fuero laboral y los recalculan (aun sobre períodos anteriores al concurso) como si el trabajador fuera un proveedor comercial más.

Todo este desquicio es mucho más grave que lo que ocurrió con el emblemático restaurante, dado que el trabajador no cuenta con herramientas ni materiales ni simbólicas para enfrentarse a semejantes injusticias. Sin embargo, el proyecto de ley empalma –en su impronta populista– con el imaginario colectivo que lleva a ver al trabajador como un villano y omite toda corrección sobre los abusos que se le infligen. Si, bajo esta nueva borrachera, cerramos los ojos frente a estas realidades, en unos años nos agarraremos la cabeza cuando la historia, con sus constantes oscilaciones, despierte previsibles revanchas antiempresa.

Por Marcelo Gioffré

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