La Corte y el juicio al Dr. Boggiano

Para lograr la plena consolidación del sistema republicano que está en la base de nuestra organización institucional no basta con la plena vigencia formal de las normas constitucionales. Hace falta contar, además, con un espíritu de armoniosa convivencia entre los poderes del Estado, que les garantice a quienes ocupan los órganos de gobierno un mínimo clima de estabilidad, así como el correspondiente respeto del conjunto social.

La atribución que la Constitución otorga al Congreso para promover juicio político a los miembros del máximo tribunal -y, eventualmente, su destitución- debe ser usada como un recurso extremo, reservado a casos excepcionales. Es necesario evitar que se instale en la opinión ciudadana la impresión -fundada o no- de que ese recurso está siendo utilizado, en determinado momento, con finalidades puramente políticas.

En los dos últimos años se promovieron juicios sucesivos en el Congreso contra varios miembros de la Corte Suprema de Justicia a los que se acusó de haber formado parte de un núcleo de jueces "automáticamente" adictos a la gestión del presidente Carlos Menem. Cuatro integrantes del tribunal dejaron sus funciones -por renuncia o destitución- como resultado de ese proceso. Logrado el alejamiento de esos magistrados, se tuvo la impresión de que el embate destinado a producir relevos en el máximo tribunal había llegado a su fin y que de ahora en más la Corte Suprema volvería a funcionar en una atmósfera de garantizada estabilidad.

Recientemente, sin embargo, se anunció en la Cámara de Diputados la intención de reanudar los juicios políticos a miembros de la Corte. El próximo acusado sería el doctor Antonio Boggiano. Se trata de una noticia que preocupa en grado sumo, en la medida en que marca un indeseado retroceso institucional. En efecto, de concretarse esa intención se volvería a generar en el país un clima de inseguridad contrario al espíritu de certidumbre y confiabilidad que debe imperar en el ámbito jurídico. El juicio a Boggiano encerraría, además, un peligro: haría cobrar cuerpo a la sospecha de que también ahora se aspira a diseñar una Corte Suprema grata a los designios del poder político.

Boggiano, jurista de reconocida autoridad académica -uno de los rasgos que lo diferencian de otros jueces que integraron el tribunal en la era de Menem-, ha cumplido una trayectoria que puede ser discutida o no, como podría serlo la de otros ministros actuales de la Corte. Pero eso no debe llevar a la utilización de un recurso extremo como es el juicio político.

El buen criterio aconseja considerar seriamente la anunciada posibilidad de reducir el número de integrantes de la Corte -a siete miembros en total, por ejemplo- mediante el recurso de "congelar" las vacantes que, por razones naturales, se vayan produciendo en el alto cuerpo, además de no cubrir la vacante que dejara con su renuncia el doctor Adolfo Vázquez. Esa reducción estaría en consonancia con el proyecto -sin duda acertado- de promover la sanción de una ley que reduzca la cantidad de causas en las que interviene el alto tribunal y que tienda a reservar para la Corte la misión de intervenir, fundamentalmente, en los conflictos que afecten la vigencia de la Constitución Nacional.