La crisis política y el deterioro institucional cumplen un cuarto de siglo

Hace exactamente 25 años, luego de las elecciones de mitad de mandato del 14 de octubre del 2001, se catalizó un conjunto de procesos que empujaron al país a un colapso político e institucional complejo y omnicomprensivo del que todavía no se recupera y que tiene, y seguirá generando, efectos determinantes de mediano y largo plazo en los principales aspectos de la vida nacional. Se trata de una crisis sistémica que involucró el andamiaje de reglas económicas fundamentales (estructurado en torno al régimen de convertibilidad, que había consagrado a la estabilidad cambiaria y monetaria como principios esenciales y que se complementaba con la apertura económica y la apuesta a la entonces pujante globalización). Al mismo tiempo, la legitimidad de ejercicio de la Alianza cayó en un abismo terminal acompañada por un quebranto de los lazos basales de la representación política. Esto se tradujo en el “voto bronca” (la suma de votos en blanco y nulos y el ausentismo superó el 42% del padrón) y en el contundente triunfo de la oposición peronista que, con algo más del 38% de los sufragios, se quedó con mayoría en ambas cámaras (estaban en juego la mitad de los 127 diputados, de los que el PJ obtuvo 66, y la totalidad de los 72 senadores por mandato de la Constitución de 1994, de los que consiguió 42). Poco más de dos meses más tarde, en el contexto de los violentos acontecimientos del 20 y 21 de diciembre (que nos remiten a las pavorosas escenas que estos días vimos en varias ciudades europeas), renunció Fernando de la Rúa. A partir de ese momento, el sistema político-partidario entró en un proceso de debilitamiento, fragmentación y decadencia en términos de liderazgo que no encuentra aún su piso.

En estos cinco lustros, la economía sufrió el descalabro más significativo, condenando al país a la ignominia reputacional: la Argentina sigue siendo sinónimo de imprevisibilidad, discrecionalidad, ruptura de contratos, péndulos alocados entre extremos ideológicos y carencia de sentido común. El trauma que provocó la caótica salida de la convertibilidad (default, devaluación descontrolada, pesificación asimétrica, crisis financiera y aumento exponencial de la pobreza y la desigualdad) sigue vigente. Desperdiciamos este largo período y seguimos careciendo de un conjunto de reglas de juego claras, universales, estables y consensuadas que nos permitan aprovechar nuestro enorme potencial. En el ínterin, cometimos el gran error de impulsar sin criterio ni planificación una parcial y opaca reconstrucción de una matriz Estado-céntrica que había sido desarticulada en el menemismo y que ahogó, con una presión fiscal descomunal y sin contraprestación proporcional de bienes públicos, un sistema económico cada vez más cerrado, descapitalizado e improductivo. El fracaso de Cambiemos para estabilizar la economía y recuperar el crecimiento pavimentó el camino para el retorno del populismo y la improvisación en el manejo de una crisis que se hizo permanente y alimentó el hartazgo de una mayoría social agobiada, abatida y maltratada por un sistema político aislado de la sociedad e incapaz de ofrecer alternativas lógicas al desastre que había creado.

La experiencia libertaria es resultado, sorpresivo y justificable, de una acumulación casi ilimitada de errores, caprichos, cobardías y absurdos, traducidos en decisiones de política pública infundadas y cortoplacistas. Y a pesar de su encomiable esfuerzo en términos fiscales y de desregulación, así como del impulso a actividades fundamentales como la energía y la minería, el Gobierno no logró recuperar la confianza de los actores económicos. En buena medida, por la naturaleza de un programa de estabilización que luce agotado y que fue siempre inconsistente en los planos monetario y cambiarios. Pero, sobre todo, por su renuencia a impulsar una agenda de reformas estructurales consensuada (postergada ahora para un eventual segundo mandato) que le brinde previsibilidad al mercado. Para peor, en una muestra de una ausencia de empatía sin precedentes, el Presidente disfruta agrediendo a múltiples víctimas que ven fenecer empresas, trabajos, sueños y oportunidades. Tal vez muchas no hubieran existido en una economía abierta, estable y conducida con criterios modernos y transparentes, pero no pueden desconocerse ni infravalorarse el esfuerzo, las interminables horas dedicadas, la frustración ni la angustia de tantos conciudadanos.

Con un crecimiento anémico luego de 35 meses de gestión, una inflación todavía demasiado alta, un costo de financiamiento que ahoga a los sectores más vulnerables y obstaculiza la reconversión de empresas en proveedoras de bienes y servicios de los nuevos motores del desarrollo (el fabuloso futuro de la Argentina árida está en condiciones de modificar la geoeconomía política y las corrientes migratorias, acotando la influencia relativa del Litoral pampeano), en el corto y mediano plazo predomina la incertidumbre respecto de la naturaleza y el resultado de las próximas elecciones. También en este plano, el responsable es el Gobierno: adelantó innecesariamente el debate electoral y pretende modificar las reglas del juego para obstaculizar la formación de una oferta opositora competitiva con la suspensión de las PASO, como ocurrió el año pasado. Curioso que utilice el pretexto del ahorro de recursos, cuando está dispuesto a usar dinero de los contribuyentes para “seducir” a los gobernadores aliados y conseguir el apoyo necesario, bastardeando la transparencia y la previsibilidad en el manejo de los fondos coparticipables: lo peor de la vieja política con la falsa excusa de combatir a “la casta”.

De forma complementaria, en estos 25 años se espiralizó un proceso de decadencia del acervo institucional que, sin ser nuevo, entró en una dinámica de metástasis. Con la sustancial excepción del sistema electoral, que sigue siendo transparente y genera resultados que nadie disputa, el sistema político se sobreadaptó a umbrales exiguos, casi imperceptibles, de calidad institucional. Destacan los excesos del hiperpresidencialismo (materializados en el uso indiscriminado de DNU), un menoscabo sistemático de la tarea del Poder Legislativo, la enmarañada díada “politización de la Justicia-judicialización de la política”, una centralización del poder mediante mecanismos que desvanecen y aplastan al federalismo, escándalos de corrupción recurrentes, la fragmentación y el desdibujamiento de los partidos políticos y la retracción y la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil. Así, aquella vívida cultura cívica de los albores de la transición, forjada en el rechazo a la violencia política y al autoritarismo militarista, se erosionó para dar lugar a un consenso pasivo y minimalista que favorece la estabilidad política frente a potenciales crisis de gobernabilidad, pero que se aleja de los valores y compromisos que requiere un sistema democrático para funcionar de manera pertinente. Para peor, las prácticas discursivas del presidente Milei, tan soeces y agresivas como incompatibles con el pluralismo y el respeto por las diferencias ideológicas que consagra nuestra Constitución, socavan las fundamentales normas de convivencia en una sociedad tan diversa y compleja como la nuestra. Esto se agrava por las embestidas y el acoso que sufren los comunicadores sociales y por las inexplicables limitaciones al acceso a la información pública.

Ojalá que, durante el próximo turno electoral, los candidatos den cuenta de estas cuestiones de fondo y eviten una diferenciación personal y una polarización “ideológica” que solo desvían la atención de lo importante. La Argentina se debe a sí misma un debate profundo, responsable, informado y honesto para acordar un plan estratégico integral que nos permita superar esta larga crisis. Es imperativo romper esta inercia autodestructiva.