La cruzada de los niños

París.- EL 24 de mayo de 1943, el embajador de la Argentina en Francia, Ricardo Olivera, comunicó personalmente al secretario general de la Dirección Política del Ministerio de Asuntos Extranjeros, en Vichy, la intención del gobierno argentino de acoger en su territorio a mil niños israelitas (sic) procedentes de Francia, y anunció que había telegrafiado a su gobierno para pedir precisiones sobre ese proyecto. Veamos el contexto argentino y francés en que se gestó esta iniciativa.

Corrían los últimos días de la presidencia de Ramón Castillo, cuyo canciller, Enrique Ruiz Guiñazú, era el artífice del neutralismo argentino durante la Segunda Guerra Mundial. Sospechosos ambos de germanofilia, eran conocidos en Francia como partidarios de la "revolución nacional" del régimen colaboracionista de Vichy encabezado por el mariscal Pétain.

El 4 de junio siguiente, oficiales del ejército argentino asociados a la logia castrense Grupo Obra de Unificación (GOU), que contaba entre sus miembros al coronel Juan Perón, depusieron a Castillo para colocar sucesivamente en su lugar a los tres generales que gobernarían de manera ilegítima hasta un año después del fin de la guerra. El primero, Arturo Rawson, erróneamente considerado como jefe del golpe, en menos de tres días debió dejar el mando en manos de quien lo era en realidad, Pedro Pablo Ramírez. Terminar con la corrupción y el fraude instalados durante más de una década era el objetivo declarado de los golpistas (lo que, sin duda, tenía razón de ser, pero no era el único). Si muchos de ellos eran germanófilos, en principio, todos eran neutralistas y pensaban que los civiles, aun los que compartían sus ideas, serían incapaces de resistir a la presión de los Estados Unidos junto con la prensa y partidos liberales argentinos, quienes, favorables a los aliados y/o contrarios al aislacionismo de la Argentina en el ámbito americano, reclamaban la ruptura con el Eje. Pero el neutralismo de Ramírez no resultó tan firme como el GOU esperaba: su primer canciller, el vicealmirante Segundo Storni, se mostró aliadófilo, y el segundo, el general Alberto Gilbert, ante la evidencia del espionaje a favor del Eje y la amenaza del retiro de todas las embajadas aliadas, no tuvo más remedio que firmar el decreto de ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania y el Japón, el 26 de enero de 1944. Eso le costó la presidencia a Ramírez, que sería sustituido, el 25 de febrero, por el general Edelmiro Farrell, calificado por la BBC de Londres como ultrafascista

Francia, que junto con Gran Bretaña había entrado en guerra en septiembre de 1939, fue derrotada en nueve meses por Alemania, y sufrió la humillación de firmar, el 22 de junio de 1940, el armisticio que impuso la división del territorio metropolitano en dos zonas: tres quintos serían ocupados por los alemanes, algunos enclaves mediterráneos por Italia y los dos quintos restantes se mantendrían libres y bajo "soberanía" francesa, conducidos por el gobierno asentado en Vichy, que debía "colaborar" con los ocupantes. Los hechos mostrarían luego que dicha zona libre no lo era tanto, aunque sin duda abriera un espacio político importante, tanto para los opositores a Alemania como para aquellos que lucharían también contra el régimen de Vichy, que de inmediato se manifestó dictatorial, xenófobo y antisemita. Los inmigrantes extranjeros que no compartían las ideas del "orden nuevo" fueron señalados como causantes de los males de Francia, aun aquellos que se habían enrolado y combatido en sus ejércitos, en la Gran Guerra o en ésta del 39-40, y a veces en ambas. Sin embargo, por el fuerte antisemitismo bien implantado desde fines del siglo XIX, el blanco privilegiado de los ataques a la dignidad humana fueron las personas de religión judía, extranjeras y francesas, desde antes de que Alemania lo exigiera, y bastante antes, incluso, de que allí se resolviera su exterminio.

En julio de 1940 se excluyó de la función pública a todo ciudadano francés nacido de padre que no lo fuera, se resolvió revisar las naturalizaciones adquiridas desde 1927 y se despojó de la nacionalidad a los franceses que hubiesen dejado sin permiso el territorio nacional a partir del 10 de mayo, además de confiscarles los bienes. En agosto se abolió el decreto ley que punía las injurias racistas que se publicaren en la prensa, y se prohibieron las sociedades masónicas. En septiembre se creó una Corte Marcial que juzgaría ipso facto a los "disidentes gaullistas", y se decretó que por simple decisión prefectoral se podría arrestar a cualquier persona juzgada peligrosa. El 3 de octubre Vichy creó el primer "Estatuto de judíos", por el cual éstos no podrían trabajar en la radio, la prensa, el cine o el teatro, ni ser funcionarios aunque sus padres fueran también franceses, y sólo podrían mantener los oficios industriales, agrícolas y comerciales. Pocos días antes, el 27 de septiembre, "violando la Convención de La Haya, que prohibía expresamente legislar a la potencia ocupante", las autoridades alemanas habían promulgado una ordenanza destinada a los judíos de la zona ocupada, que los obligaba a inscribirse como tales en las subprefecturas, donde se les pondría el sello "judío" en su documentos, y, en el caso de que fuesen dueños o gerentes de algún comercio o empresa, a fichar su condición de manera bien visible, en francés y en alemán. Los que habían salido de la zona norte no podrían regresar y gerentes "arios" dirigirían sus empresas. Para los alemanes era judío quien practicara o hubiera practicado esa religión y quien tuviera más de dos abuelos judíos, por lo que un sacerdote católico o un pastor protestante que se encontrase en esa situación era considerado como judío, lo que demostraba el carácter racista de la discriminación. Cuesta creerlo, pero el estatuto francés de octubre de 1940 ampliaba aún más la definición de judío, puesto que para Vichy también lo era aquel cuyo cónyuge lo fuera, aunque tuviera sólo dos abuelos de esa religión. El 4 de octubre se previó la reclusión de los judíos extranjeros, destinada en especial a los que provenían del centro y del este de Europa, lo que no tendría aplicación inmediata. A fin de centralizar y optimizar la política antisemita, en marzo de 1941 se constituyó el Comisariado General de Asuntos Judíos, y el 2 de junio se dictó el segundo "Estatuto de judíos", más grave aún que el anterior, ya que posibilitaba la arianización de las propiedades de los "israelitas", les fijaba cupos máximos de 2 o 3 por ciento en las profesiones liberales y reproducía el sistema alemán de total control aplicado en la zona ocupada, lo cual ya había facilitado la primera redada de judíos extranjeros, en pleno París, el 15 de mayo anterior. El 29 de noviembre siguiente se resolvió que todos debían empadronarse y que los judíos franceses constituían una minoría nacional, obligada a organizarse en la Unión General de Israelitas de Francia (UGIF), con lo que el gobierno de Vichy se aseguraba un doble control de la comunidad, ahora también desde su interior.

Para terminar con esta primera escalada represiva, terrible, sin duda, pero no tanto como lo que vino después, cabe citar el comunicado del 9 de diciembre de 1941, que auspiciaba la "agrupación en compañías de trabajadores o en campos de concentración a los judíos extranjeros entrados en Francia después del 1° de enero de 1936", abriendo paso formalmente a su arresto y reclusión masiva en los campos de concentración que fueron surgiendo en 1941 en la zona libre, perfecta imitación de los que funcionaban en la ocupada. Campos adonde también irían a parar luego todos los judíos extranjeros y, por último, inclusive los de nacionalidad francesa, además de los prisioneros políticos de cualquier otra confesión.

A mediados de 1942 los alemanes pusieron en marcha la escalada final, empezando las redadas contra los judíos franceses en zona ocupada y exigiendo de Vichy los envíos sucesivos de convoyes de prisioneros de aquellos campos hacia el de Drancy, en los suburbios de París, donde hacían escala por unos días o unos meses, hasta seguir viaje a Auschwitz, Ravensbruck o algún otro de los campos de exterminio en los que el Tercer Reich concretó el genocidio. A partir de noviembre de 1942, con el exitoso desembarco aliado en el norte de Africa, cuando los franceses en general empezaban a creer en la posible derrota alemana, empeoraba paradójicamente la situación de los judíos franceses, hasta entonces con sus vidas protegidas en la zona libre: la tropas alemanas franquearon la línea de demarcación, ocuparon Francia entera y todos los judíos sufrirían el mismo calvario, sin distinción de nacionalidades. Salvo, claro está, los protegidos por los países neutrales y nacionalistas, que mantenían buenas relaciones con Alemania, con Portugal, España o... la Argentina.

Este era el contexto en el cual la Argentina inició sus gestiones para salvar a niños prisioneros en los campos de la zona que ya no era libre pero seguía administrada de manera gerencial por Vichy. El embajador Ricardo Olivera parecía la persona indicada: tenía buena relación con los alemanes, era considerado por el régimen francés como un buen diplomático y por el mariscal Pétain como un excelente amigo, lo que éste probó al otorgarle el máximo grado de la Legión de Honor, la Gran Cruz, que se reservaba para casos contados, ya que en aquella época los jefes de misión solían partir con el grado de comendador. En su discurso de agradecimiento Olivera pecó de falta de visión política porque, en octubre de 1943, cuando ya el mariscal había perdido la estima del pueblo francés, terminó su larga lista de elogios personales diciendo que Pétain era "el dueño del corazón de los franceses, como antaño los libertadores, los reconstructores de la patria, y dentro de ese corazón lo encontraría la historia".

En la mañana del 4 de junio de 1943, y probablemente sin saber -a causa del desfase horario- que apenas horas después los militares derribarían al gobierno constitucional, Olivera renovó por escrito el pedido de autorización para sacar de Francia a mil niños israelitas y adjuntó un memorándum en el que precisaba las condiciones: se trataba de niños menores de 14 años, de diversas nacionalidades de países ocupados por el Eje, que provenían en particular de los campos de Gurs, Rivesaltes y Nexon, y se encontraban bajo control de la tercera dirección de la UGIF. Esta debía reunir todos los documentos, a base de los cuales los consulados argentinos confeccionarían las fichas individuales de cada niño, con sus datos, fotos e impresiones digitales, y la visa de entrada a la Argentina. Francia tendría que ocuparse de los salvoconductos, de las visas de tránsito y de salida. Los médicos de los consulados se encargarían de las inspecciones sanitarias establecidas por la ley francesa. Los niños saldrían de Francia por España, en grupos de cien, y hasta la frontera estarían acompañados por enfermeras de la Cruz Roja y personal de la dirección de la Salud de la UGIF, o solamente por las primeras. Allí se haría cargo de ellos un equipo médico-social argentino, llegado de Lisboa o de Buenos Aires. El memorándum terminaba de manera significativa: "Sería conveniente prever el acuerdo de las autoridades ocupantes, así como su autorización especial para el franqueo de la línea de demarcación y el tránsito por la zona ocupada". Como se puede apreciar, no era un proyecto en el aire, sino por el contrario, todo estaba bien estudiado.

El 11 de junio, el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores del "Estado Francés" transmite a Krug von Nidda el pedido y el memorándum argentino, de acuerdo con la nota manuscrita agregada al documento oficial, clasificado como "confidencial". Nidda, amigo personal del embajador Otto Abetz y muy relacionado desde antes de la guerra con la gran industria y finanza francesa, había llegado a Vichy en octubre de 1941, acompañado por quince "observadores", con el cargo de cónsul general de Alemania en la capital de la zona libre. Esto era legalmente absurdo, ya que desde 1940 la delegación de Suecia se ocupaba allí de los intereses de los alemanes y, cuando los suecos pidieron explicaciones, Alemania les dijo que debían continuar con esas tareas, lo que así hicieron, inclusive después de la llegada, en noviembre de 1941, del adjunto de Nidda, Gustav von Struve, cuya misión oficial era ocuparse de los pasaportes. Nidda y Struve eran los interlocutores alemanes obligatorios en Vichy, del gobierno francés y de todos los diplomáticos acreditados en Francia. En 1943 se hizo palpable entre los alemanes que Struve era el verdadero mandamás, y en 1944 él decidía lo que el gobierno de Vichy podía hacer o no. Instalados en un castillo medieval cercano, Gustav y Eleanor von Struve tenían una intensa vida mundana, que compartían esencialmente con los miembros del gobierno francés y a veces también con los diplomáticos de los países nacionalistas y neutrales, en particular con los españoles y argentinos radicados en Vichy o en París. Claro que éstos no conocían el documento -clasificado "secreto"- que había enviado a la Dirección Política el ministro de Francia en Budapest, para altertar a su gobierno contra la peligrosidad de Struve, que hacía informes detallados de todas sus relaciones a la Gestapo, y a quien se temía y se conocía, en la propia legación alemana en Hungría donde revistaba antes, como "el nazi", siempre al acecho de algún renuncio ideológico de sus correligionarios.

Después de un mes sin respuesta, la Dirección Política transmitió a la embajada argentina, el 14 de julio -es interesante verificar que para los funcionarios de Vichy no era fiesta nacional-, la pregunta de Struve, que quería saber si el nuevo gobierno militar mantenía la oferta de albergar a "mil niños de raza judía". El 23 de julio, Olivera envió al secretario Alberto F. Agüero -que lo sucedería como jefe de misión- a tratar el tema con el señor Séguin, subdirector de la sección americana, y apoyó el mismo día esa gestión con otra carta, renovando su interés por los niños. El 31 de julio la Dirección Política constató que la embajada consideraba que no había habido ningún cambio de posición del nuevo gobierno respecto de ese proyecto, que podría llevarse a cabo de inmediato si se obtuvieran las autorizaciones. El embajador Rochat, al frente de esa dirección, afirmó el 11 de agosto que su colega argentino, Olivera, había vuelto a verlo personalmente para señalar que el gobierno de Buenos Aires seguía dispuesto a recibir a esos niños, y que una respuesta afirmativa de Francia tendría ecos muy positivos en la Argentina. En este documento hay una nota manuscrita que dice que se interrogó a Nidda, que reclamaría la respuesta de Berlín. Como era de esperarse, la decisión definitiva la tomó Struve el 11 de septiembre, y dio largas al asunto, respondiendo que su gobierno examinaba la propuesta argentina, pero como tenía otras similares en estudio, por el momento no podía definirse.

Así terminó, frustrado pese a tres meses y medio de insistentes gestiones argentinas, el proyecto humanitario de salvar a mil niños del infierno que les esperaba por el simple hecho de haber nacido en el seno de familias de origen judío. Afortunadamente, no todas las iniciativas en ese sentido fracasaron, porque los cónsules argentinos consiguieron rescatar a algunos judíos de los campos franceses, evitándoles la deportación y muerte consiguiente.

Por Por María Oliveira-Cézar

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