La debida diligencia del Estado

La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumplió doce años de funcionamiento ininterrumpido. A lo largo de este tiempo, la OVD fue replicada en cuatro provincias (Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz y La Pampa) y se ha trabajado permanentemente en forma articulada con los Superiores Tribunales y Cortes de Justicia de todo el país.

La experiencia en la atención de más de 116.000 casos le ha permitido a la OVD diseñar un sencillo instrumento que desde la Corte hemos puesto a disposición del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, para la rápida orientación de quienes tienen que tomar decisiones respecto de derivaciones y puesta en resguardo de víctimas de violencia doméstica.

Nos proponemos colaborar para cumplir con uno de los objetivos del Programa Interministerial de abordaje integral de las Violencias Extremas por motivos de Género: la elaboración de una herramienta de análisis de riesgo, evitando así la superposición de tareas y la disparidad de criterios

De esta manera, nos proponemos colaborar para cumplir con uno de los objetivos del Programa Interministerial de abordaje integral de las Violencias Extremas por motivos de Género: la elaboración de una herramienta de análisis de riesgo, evitando así la superposición de tareas y la disparidad de criterios. En el acápite de prevención de ese programa se hace referencia a "la necesidad de desarrollar herramientas y generar estándares mínimos que faciliten la identificación rápida de situaciones de violencia extremas por motivos de género, y al mismo tiempo, la evaluación del riesgo de manera de poder actuar rápidamente para prevenir los casos de mayor gravedad a través de modelos de gestión flexible".

La herramienta que pusimos a disposición fue realizada por el equipo técnico de la OVD adaptando los instrumentos que se utilizan en la Oficina, para ser utilizada por otras personas integrantes de las agencias estatales. Este análisis de riesgo no suple la intervención extendida y exhaustiva de quienes integran equipos interdisciplinarios sino que está pensada para aquellas situaciones previas y/o concomitantes a la intervención judicial con el objeto de obtener una orientación, de manera inmediata, sobre el nivel de riesgo de la persona afectada.

Quienes integran las agencias estatales podrán, de esta manera, elaborar un documento de registro y adoptar las medidas urgentes que la situación amerite (dar intervención inmediata a la justicia de su jurisdicción o coordinar con agencias especializadas, según lo establezcan los respectivos protocolos, otorgar subsidios, derivar a refugios, etc.) con una previa valoración del riesgo, según indicadores utilizados por la OVD y validados por agencias del Sistema de Naciones Unidas.

De este modo podremos cumplir con las exigencias asumidas al suscribir compromisos internacionales. Específicamente, y en el plano regional, el Estado argentino –en todas sus áreas, no sólo el Poder Judicial– debe actuar con la debida diligencia para para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (art. 7, apartado b, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención de Belém do Para–).

En 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emprendió la difícil tarea, en aquel momento, de remover los obstáculos para que las víctimas de violencia doméstica –en su mayoría mujeres– puedan acceder a un servicio de justicia rápido y eficaz, sin necesidad de patrocinio jurídico. Luego de un proceso en el que intervinieron representantes del sistema de justicia, el 15 de septiembre de 2008, comenzó a funcionar la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que atiende las 24 horas del día los 365 días del año. La modalidad de atención diseñada por la Corte y los datos recogidos durante este tiempo, constituyen una fuente inagotable de información para comprender las características de los hechos de violencia, y fundamentalmente, para el diseño de políticas públicas reales y concretas que pongan fin a la violencia contra las mujeres.

Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación